El fichaje estrella en materia económica del PP, Manuel Pizarro, está en contra de la devolución de 400 euros a todos los trabajadores que paguen el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, es partidario de la privatización del sistema de pensiones y se niega en rotundo a que el salario mínimo interprofesional aumente hasta los 800 euros. Mientras tanto, el asesor económico del PP disfruta de unas finanzas que nada tienen que ver con las de una familia de clase media.
Aunque Pizarro está en contra del aumento del salario mínimo interprofesional hasta los 800 euros, el empresario multimillonario del PP se subió su sueldo un 105% desde 2004 hasta 2006.
Evolución
En 2004, Pizarro cobró la friolera cantidad de 1,77 millones de euros. Un año después, su sueldo ascendió hasta los 2,56 millones de euros. En 2006 Pizarro se subió su salario otro 42,5%, informa El País.
41 veces más
En total, Pizarro sumó en 2006 retribuciones por valor de 3,65 millones de euros, es decir, su salario multiplicó en 41 al percibido por el presidente del Gobierno de España.
Igual que 916 mileuristas
Asimismo, se estima que tras su salida de Endesa, Pizarro obtuvo un finiquito de 11 millones de euros. De este modo, Pizarro percibió una indemnización equivalente al salario anual de 916 mileuristas.
Doble rasero
Frente a estos datos, es escandaloso que en su etapa como presidente de Ibercaja, Manuel Pizarro negara a 58 jubilados, viudas y huérfanos la posibilidad de percibir poco más de 750.000 pesetas de finiquito. Pizarro también protagonizó el primer despido improcedente de esta entidad financiera.
El hecho de que el Partido Popular haya decidido volver a usar el trasvase del río Ebro como arma electoral -aunque ahora le llame "transferencia" para intentar sortear sus propias divisiones internas- supone una grave irresponsabilidad. Hace ya años, desde la comunidad científica aportamos al debate un buen caudal de argumentos económicos, sociales y ambientales, al margen de intereses partidistas. La propia Comisión Europea forzó un debate sin precedentes entre una amplia comisión gubernamental y otra formada por profesores de la Universidad, seleccionada por la Fundación Nueva Cultura del Agua. Sería bueno recordar que aquel debate culminó con tres informes de los equipos técnicos de la Comisión desaconsejando financiar con fondos europeos el proyectado trasvase, por razones económicas, sociales y ambientales.
La Comisión Europea ya desaconsejó el trasvase del Ebro que promueve el PP
Los principales argumentos que bloquearon los fondos europeos estaban vinculados a los graves problemas que el trasvase habría causado en el Delta del Ebro. En contra de lo que algunos políticos, poco aplicados, siguen proclamando, las aguas de los ríos no se pierden en el mar. El estudio de los graves impactos de la gran presa de Asuán, sobre el Nilo, marcó un giro histórico en materia hidráulica a nivel mundial. Más allá del progresivo hundimiento y salinización del Delta de Alejandría, por falta de caudales y sedimentos, se produjo un colapso de arenas en las playas turísticas del norte de África. Hoy se sabe que la mayor parte de esas arenas de playa no proceden de la erosión de las olas, sino del aporte fluvial de sedimentos que, en el caso del Nilo, quedan bloqueados en Asuán. Sin embargo, el impacto más duro se produjo sobre la pesca. Las capturas de sardina y boquerón cayeron en un 90%. Hoy sabemos que estas especies ponen sus huevos en las desembocaduras de los ríos, aprovechando el masivo aporte de nutrientes continentales de las tradicionales crecidas primaverales, que fertilizan la vida, especialmente en mares cuasicerrados, pobres en plancton, como el Mediterráneo.
En el debate sobre el trasvase, los investigadores del Instituto de Ciencias del Mar (CSIC), en Barcelona, aportaron excelentes estudios sobre la importancia de los caudales del Ebro, no sólo sobre la producción marisquera del Delta, sino sobre las pesquerías del litoral catalán y valenciano. Por otro lado, el hundimiento (y salinización) del Delta, por falta de sedimentos y caudales, unido al crecimiento del nivel del mar, por fusión de masas polares, lleva hoy a su progresiva desaparición, a razón de 10 milímetros al año.
Todo ello exige no sólo desechar cualquier consideración de caudales "excedentarios" (sobre todo con el cambio climático), sino diseñar un plan de cuenca que permita aumentar los caudales y sedimentos aportados al Delta del Ebro.
Otro argumento clave fue el de la irracionalidad energética y económica del trasvase. El agua no
bajaría por su propio peso a lo largo del mapa, sino que habría que bombearla. Llevar al altiplano alicantino o Almería un metro cúbico (que, no lo olvidemos, pesa una tonelada) desde Tortosa, exigiría más de 4 kilovatios hora, es decir, la energía que requiere un bombeo desde 1.200 metros de profundidad. Hoy la desalación por ósmosis inversa, empleando cámaras isobáricas y membranas semipermeables de baja presión, que ya están en el mercado, supondría en torno a 3 kilovatios hora por metro cúbico.
En cuanto al balance económico del trasvase, tanto los estudios elaborados desde diversas universidades como los de la Comisión Europea, enmendaron los cálculos del Gobierno de Aznar. Llevar un metro cúbico hasta Murcia y Almería costaría entre 1 y 1,5 euros/metro cúbico, mientras la desalación, con las tecnologías reseñadas, supone entre 0,4 y 0,45 euros/metro cúbico.
Pero, sin duda, desde las vigentes perspectivas de cambio climático, la clamorosa ineficacia de los trasvases para gestionar sequías, como la que hemos sufrido y sufrimos, constituye un argumento clave. Tal y como se reconocía en el propio Plan Hidrológico Nacional, el trasvase del Ebro no estaría operativo en años de sequía por falta de caudales trasvasables. La estadística ofrecida por los anexos del propio Plan preveía fallos en el 20% de los años, debido a que las sequías suelen tener un carácter regional y no local.
Generalmente, cuando la cuenca del Segura sufre sequía, el Júcar y el Ebro, en una u otra medida, también la sufren. En concreto, durante la reciente sequía, aunque las infraestructuras de los trasvases del Ebro y del Júcar-Vinalopó hubieran estado en servicio, no se habría podido trasvasar ni un metro cúbico.
Afortunadamente, lo que ha operado ha sido la estrategia de desalación del Programa AGUA, que, de forma más modular y con absoluta fiabilidad, ha permitido abastecer usos urbanos, evitando los cortes de agua que se habrían producido de haber estado en acción la estrategia de trasvases.
Pedro Arrojo Agudo - elpais.com
El juzgado de instrucción número 36 de Madrid ha citado al locutor de la Cope Federico Jiménez Losantos en calidad de imputado en el proceso por injurias y calumnias a los agentes que investigaron el atentado del 11-M iniciado por la denuncia del Sindicato Unificado de Policía. La cita ante el juez es el próximo 3 de marzo.
Esta es la primera querella que el SUP anunció contra los políticos y periodistas que defendieron la "teoría de la conspiración" en el 11-M y acusaron a los agentes encargados de la investigación de "encubridores, autores, inductores, cómplices o falsificadores".
El pasado mes de diciembre el SUP, mayoritario en el Cuerpo Nacional de Policía (más de 30.000 afiliados), presentó una querella contra Jiménez Losantos en la Audiencia Nacional, caso que ha pasado ahora a los juzgados de instrucción de Plaza de Castilla. El SUP acusa al locutor de vulnerar el "legítimo ejercicio de la libertad de expresión" al haberse extralimitado en su ejercicio con sus manifestaciones sobre la actuación de las Fuerzas de Seguridad en la investigación de los atentados del 11-M.
El SUP, anunció las querellas después de que la Audiencia Nacional dictase sentencia en el caso que juzgó la autoría de la matanza en Madrid. La de Losantos es la primera, pero también se pretende actuar contra el dirigente del PP Ignacio Astarloa, secretario de Estado de Seguridad antes, durante el 11-M y los dos meses siguientes; el diputado de UPN-PP Jaime Ignacio del Burgo, escritor de libros sobre la conspiración y firmante de las preguntas parlamentarias más extravagantes sobre el 11-M; el periodista de El Mundo Fernando Múgica y Luís del Pino, colaborador de la Cope, Libertad Digital y otros medios.
elpais.com
Mariano Rajoy fue estricto con Valcárcel. La entrevista, en Génova 13, Madrid. El Partido Popular en plena precampaña electoral, a primeros de noviembre, no podía tolerar que el problema de la corrupción fuera un handicap, un peso de mucha consistencia: "Debéis resolverlo lo antes posible, no me importa cómo, pero ya, Ramón. Esta situacion es insostenible". El presidente de la Comunidad Autónoma murciana salió del despacho del presidente nacional del PP preocupado. Ya lo estaba cuando entró, pero las cosas se habían torcido. Estaba a punto de estallar el escándalo de Torre Pacheco, Fuente Álamo, Nueva Cartago, y otros se situaban en los límites de las posibilidades más probables. El tam tam advertía que el "caso de la Balsa Yenni" podía hacerle mucho daño, y que el edificio-palacio de la Gran Vía se movía subterráneamente amenazando llegar a ser un terremoto. Las cosas estaban al rojo vivo en el ámbito político, social y económico, aunque los medios de comunicación paliaban esa imagen última de una Murcia en crisis. El poder mediático del "lobby" popular no es una entelequia. Contaba con la cúpula del empresariado, contabo con el pasotismo de los sindicatos, y con la ayuda de un equipo jurídico bien engrasado.
El sector de la construcción y sus hombres más poderosos comían en su mano, por decirlo de alguna manera que no chirrie en los engranajes del establecimiento; sin contar con dos centenares largos de dirigentes políticos que orquestaban los ayuntamiento y la Asamblea Regional. Y el Gobierno Regional y su legión de altos cargos.
Las dos poderosas cajas de ahorros murcianas funcionaban con teórica neutralidad, pero en ambas se había instalado a personas de su entorno, fieles, listos e influyentes. Con todo este gigantesco equipo no podía perder, pero sin embargo hay que convencer a la opinión pública que las maniobras de la oposición se trataban simplemente de una campaña de cara a las elecciones, y que lo que se decía se trataba de especulaciones, de medias verdades, de un conturbenio dirigido contra unos pobres alcaldes, concejales y empresarios que se ganaban la vida con abnegación, honradez y sacrificios mil, a punto de ser destruidos por las calumnias, las injurias, las falsas denuncias y la demagogia más refinada, y que naturalmente todo ello iba contra la buena imagen de Murcia y su solidez laboral.
Cargarse al ladrillo y sus amigos suponía el paro, la miseria y un bajón del crecimiento económico. Estos son los objetivos de la oposición, no de la oposición exclusivamente política, sino de todos aquellos que no le quieren porque ir contra él, contra Ramón Luis, es ir contra la Región de Murcia.
Todo un montaje, un complot y una conspiración. Exactamente. Lo tenía claro. Había que movilizar inmediatamente al personal. Y esto sí, junto a esta movilización hay que añadir que el AVE estaba frenado, que el agua no llegaba, que las inversiones del Gobierno del Estado se habían olvidado de Murcia, que el número uno que encabezaba las listas del PSOE es un ministro de Justicia tipo Fouché, organizador de la trama; que la Guardia Civil estaba mandada por un peligroso coronel que pinchaba los teléfonos a su antojo, haciendo peligrar el Estado de Derecho, y que el Fiscal General y el Fiscal Jefe de Murcia eran unos individuos sumamente peligrosos. En Murcia no había corrupción. Simplemente se trataba de un invento. Una patraña.
El final es un "happy end", un final feliz: el PP vuelve a ganar las elecciones en Murcia y Rajoy le llamaría para felicitarle. Volvemos a una situación idéntica a la del caciquismo decimonónico. Es decir, que no tenemos solución y que nos merecemos lo que tenemos. Bien:
-Enhorabuena, Ramón Luis. Eres el mejor. Chapeau. Un diez.
Y el murcianico de a pie se pregunta: ¿Y esto tiene solución, pijo?
José Juan Cano Vera - vegamediapress.com
Continúa el boicot contra la ayuda a la emancipación puesta en marcha por el Ministerio de la Vivienda de Zapatero. En esta ocasión es Murcia la comunidad autónoma en la que, según 20 Minutos, los problemas para que los jóvenes obtengan la ayuda del Gobierno son significativamente mayores que en otros puntos de la geografía española. Sobre todo porque el PP solicita documentos y tasas que no son exigidos en el resto de España.
Entre los documentos que se solicitan a los jóvenes Murcia están una tasa de 14,39 euros, una nota simple registral de la vivienda que cuesta 3,49 euros y una copia del justificante de haber depositado la fianza en Hacienda. Y esto les resulta chocante a muchos jóvenes murcianos. Es el caso de Victoria Bueno, quien asegura que “cumplía los requisitos en los primeros días y pedí las ayudas, pero al cabo de unos días la Comunidad Autónoma me mandó una carta avisándome de que me faltaban unos papeles. Mi sorpresa fue mayor cuando comprobé que mucha de la documentación que debo entregar me supone un gasto económico y perder dos mañanas de trabajo”.
Documentos solicitados
Por otro lado, la Consejería de Vivienda de Murcia dijo el lunes que ya no exigiría las tasas, aunque según 20 Minutos ayer todavía lo pedían, aunque también es cierto que “hoy dejarán de pedirlo”. Además de los documentos anteriormente citados, los jóvenes murcianos deben entregar tres contratos originales, así como un recibo del IBI para comprobar la referencia catastral.
La explicación de la Consejería
Juventudes Socialistas ha denunciado que reciben quejas a diario sobre la ayuda de 210 euros. Pero la Consejería de Vivienda tiene una explicación para la situación: “En Murcia no se pide ni un solo requisito más de lo que exige el Ministerio, pero pedimos otros documentos para comprobar que los jóvenes pueden difrutar la ayuda porque el programa del Ministerio funciona mal”.
Antecedentes
Tal y como ya informó El Plural, Murcia no es la única comunidad autónoma que está comportándose de forma irregular a la hora de tramitar las ayudas de emancipación. Madrid, comunidad presidida por Esperanza Aguirre, es uno de los claros ejemplos de cómo se está retrasando la emancipación, escudándose siempre en la informática.
elplural.es
La más destacado de las declaraciones ha sido la del comandante Bendala, quien ante el juz ha afirmado que pocos días antes del accidente recibió un correo electrónico de un compañero ya fallecido, el comandante Ripollés, en el que denunciaba las condiciones en las que volaban él y sus compañeros. "Trillo, para mí, nunca ha dicho la verdad, se ha escudado en terceras personas y nunca ha defendido a los militares ni a los familiares". Este comandate, ya retirado, ha dicho que "nos constaba en el estamento militar que él sabía" que existían documentos en los que se hablaba de irregularidades en los vuelos de traslado de los militares a las misiones.
"¿Dónde está Trillo?"
"¿Y dónde está Federico Trillo mientras nosotros estamos aquí?" Esta era una de las frases que se escuchaban esta mañana en boca de los mandos militares, molestos por la ausencia de Federico Trillo en la Audiencia. Hacia el mediodía ha terminado la declaración del ex jefe del Ejército, Luis Alejandre ante el magistrado Grande Marlaska, que ha dado parte de todas las quejas que recibió y sobre todo, del informe de Inteligencia militar que alertaba meses antes del peligro de esos vuelos.
Anoche, en un mitin de precampaña en Alicante, Federico Trillo dijo que el Gobierno debería estar persiguiendo terroristas y no a sus colaboradores en Defensa. "Que den las instrucciones al fiscal general del Estado para perseguir a los delincuentes y a los terroristas y no a mis colaboradores en el ministerio por haber defendido a España y querer cargar sobre sus hombros la muerte de 62 españoles. No estoy dispuesto".
Mientras tanto, el ex ministro de Defensa José Bono ha afirmado desde Canarias que "el avión en el que murieron 62 españoles era un avión no podía volar, esto es algo que debe esclarecerse para honrar a los muertos, que a los muertos no se les honra con una corona de laurel y con un 'tararí', se les honra con la verdad".
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