La policía israelí carga contra los homosexuales

La policía israelí detuvo en Jerusalén a decenas de homosexuales que intentaban celebrar la Marcha del Orgullo Gay, prohibida por las autoridades. Las fuerzas de seguridad detuvieron también a cinco religiosos ultra ortodoxos que trataban de impedir la manifestación con palos, cuchillos y armas.

El Vaticano pide a Israel que prohiba la "marcha por el orgullo gay" en Jerusalén
Según el diario israelí Haaretz, unas 2.000 personas decidieron protestar de manera espontánea celebrando la Marcha del Orgullo Gay en los jardines de la universidad, frente a las murallas de la ciudad vieja. Una marcha que había sido prohibida tras las presiones recibidas por parte de grupos ultra ortodoxos, de extrema derecha y del propio Vaticano, que a través de una carta al ministerio de exteriores israelí, pidió su prohibición para no “ofender los sentimientos religiosos de los creyentes”.

En la carta remitida por el Vaticano se aseguraba también que la manifestación gay "ofenderá a la mayoría de judíos, musulmanes y cristianos, dado el carácter sagrado de la ciudad de Jerusalén”. La controversia creada por esta marcha, que viene realizándose anualmente en Jerusalén desde 2001, elevó al nivel máximo las medidas de seguridad por temor a que se extendiera la ola de violencia desatada por parte de judíos ortodoxos. A lo largo la semana se dedicaron a quemar un millar de contenedores de basura y a apedrear a la policía en señal de protesta. La marcha fue convocada y desconvocada varias veces, antes de ser finalmente prohibida.

Unas 2.000 personas decidieron desoír las instrucciones de los organizadores, la Casa Abierta, y en lugar de acudir al estadio donde sí se había autorizado un festival gay, se dirigieron a los jardines de la universidad donde se había prohibido expresamente la marcha. Y allí comenzó la carga policial. Los manifestantes denunciaron un uso “escandaloso” de la violencia contra ellos. Uno de los activistas explicó a Haaretz que "la Policía decidió arrestarnos después de que accediéramos a su propuesta de abandonar el parque en grupos de tres, tranquilamente, sin pancartas y escoltados por policías".

Los transexuales podrán cambiar de nombre y sexo en el Registro Civil sin tener que operarse

El Congreso aprueba el proyecto de ley con el voto en contra del Partido Popular

La Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados dio hoy luz verde, con los votos en contra del Partido Popular, al proyecto de Ley reguladora de la rectificación registral de la mención relativa al sexo de las personas, antes llamada Ley de Identidad de Género, que permitirá a las personas transexuales realizar un cambio registral de nombre y sexo sin necesidad de una operación quirúrgica ni una resolución judicial. La Comisión dio luz verde al texto con competencia legislativa plena, por lo que el texto seguirá ahora su tramitación en el Senado.

Finalmente, los socialistas no aceptaron las enmiendas propuestas por el Partido Popular que pedían la necesidad de una operación quirúrgica y un trámite judicial. Asimismo, los menores no podrán recurrir al cambio de sexo hasta alcanzar la mayoría de edad, aunque lo pidan a través de un tutor, aunque sí podrán iniciar un tratamiento para solicitar la reasignación de sexo cuando alcancen los 18 años.
El proyecto de Ley establece una serie de condiciones para proceder al cambio de identidad sexual, entre las que figuran, además de un diagnóstico médico, las pruebas que acrediten que la persona haya sido tratada médicamente, al menos dos años, para acomodar sus características físicas a las del sexo reclamado. De esta última condición se eximirá a aquellos transexuales que por salud o por edad no puedan recibir medicación para cambiar de sexo.

Buenos días Región

El PSOE mantiene su ventaja de 5 puntos sobre el PP tras las elecciones catalanas

Según el tablero fijo del Pulsómetro, las elecciones catalanas del 1 de noviembre, que dieron la victoria a CiU aunque finalmente volverá a gobernar un Ejecutivo tripartito, no alteran el mapa electoral: el PSOE mantiene una ventaja de cinco puntos sobre el PP en intención de voto decidido. El PSOE lograría hoy el 44% de los votos, el PP el 39%.
El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero sufre un ligero desgaste, aunque conserva una ventaja de cinco puntos sobre el PP. Zapatero logra una aprobación del 49% -tres puntos menos que hace un mes- y Rajoy mantiene una popularidad del 31%.
Las notas para Gobierno y oposición no sufren cambios: el Ejecutivo aprueba con un cinco y la oposición del PP cae hasta el 3,8.

Un 28% de los españoles cree que sería mejor un gobierno PSC-CiU, frente a un 17% que preferiría una nueva coalición de izquierdas. Un 9% se decanta por un gobierno nacionalista CiU-ERC. Observando por separado los datos obtenidos entre encuestados sólo en Cataluña, la conclusión es similar: un 27% de los catalanes prefería un pacto PSC-CiU, mientras un 24% cree que sería mejor reeditar de nuevo el tripartito.
El 26% de los españoles ha respondido que los socialistas catalanes debían pactar con CiU, mientras un 16% ha señalado la opción de que el PSC debía volver a pactar para reeditar el tripartito y un 18% considera que deberían pasar a la oposición al ser CiU el partido que ha logrado más escaños y más votos. Entre los catalanes, el 32% cree que los de José Montilla debían pactar con los de Artur Mas, mientras un 23% responde que lo más adecuado sería que los socialistas catalanes debían repetir el tripartito.

Pena de muerte

El dictador iraquí Sadam Husein al-Takriti fue condenado a la horca ayer por un tribunal que le encontró culpable de la muerte de 143 personas en la aldea chiíta de Dujail, acusadas de formar parte de un complot para asesinar al propio dictador en 1982.

La sentencia, impuesta también a otros dos altos funcionarios del régimen baasista, parecía anunciada. El proceso seguido contra el expresidente iraquí y otros mandatarios ha sido objeto de críticas debido a la presión ambiental a la que se ha visto sometido, habiendo suscitado dudas sobre las garantías que concurrían de cara a la defensa legal de los acusados. Esas dudas llevaron a la organización norteamericana Human Rights Watch a advertir sobre las deficiencias del proceso. Sin embargo, parece comprobado que la resolución judicial se basa en una instrucción minuciosa, la defensa ha podido desarrollar su cometido y el proceso ha respetado las normas de enjuiciamiento establecidas tras la caída de citado régimen. El problema es que la legalidad instaurada en Irak incluye la pena de muerte, que había sido suspendida durante la etapa de transición administrada por Paul Bremer. Los constituyentes iraquíes la reintrodujeron, alineándose así con una práctica que atenta contra el derecho inalienable a la vida y dando cauce a la condena dictada ayer. La constitucionalización de la pena de muerte en Irak no fue ajena al proceso judicial previsto contra Sadam Husein y otros dirigentes de su régimen.

La decisión de poder llevar la acción punitiva de las normas penales al límite de aplicar la muerte al reo respondió en buena medida a la intención de que la Justicia fuese administrada para enterrar definitivamente a los jerarcas que encarnaron la temible dictadura. La sentencia, respaldada por una amplia mayoría de kurdos y chiíes, se ha convertido para la población sunní en una noticia que podría realimentar la espiral violenta y el clima guerracivilista que atenaza al país. Sobre todo si finalmente Sadam es ejecutado. Pero, incluso más allá de las terribles vicisitudes que soporta la población iraquí y que podrían agravarse con la condena dictada, es imprescindible evitar que la persistencia de la pena de muerte en la legislación de diversos países se acomode en la conciencia colectiva por el hecho de que el condenado sea un personaje de tan abominable trayectoria.

Lo Poyo: el sexto frenazo obligado de Valcarcel

Primero fue Calblanque: el Gobierno regional propuso a la UE la desprotección de 90 has de ese espacio protegido «porque un promotor quería edificar en él» y tuvieron que dar marcha atrás.

Luego vino Puerto Mayor, que el Tribunal Superior de Justicia de Murcia ordenó parar cautelarmente a pesar de que Valcárcel, de la mano de la empresa, solicitaba la no paralización.Después pararon la modificación de la Ley de la Naturaleza con la que pretendían dejar fuera de la misma 11 de los 19 espacios protegidos.

A continuación La Zerrichera, denunciada ante la Fiscalía por el Partido Socialista.

Otro frenazo fue el de la Ley de Puertos, con cuya modificación pretendían poder construir viviendas y hoteles en los puertos deportivos de la Comunidad Autónoma.

Y ahora, Lo Poyo, un proyecto resucitado por Valcárcel y la alcaldesa de Cartagena en 2005, después de que el Tribunal Superior de Justicia de Murcia anulara en 2.000 la aprobación definitiva realizada por el PP en el año 1996 y una vez que se encontraban los terrenos en manos de la trama marbellí.

Este nuevo frenazo obligado de Valcárcel se ha producido sólo después de que la Fiscalía comunicara la apertura de diligencias informativas en Lo Poyo a raíz de la denuncia presentada por el Partido Socialista a pesar de que el presidente sabía desde hacía tiempo lo que estaba pasando. Valcárcel comunicó al presidente de ANSE en el mes de febrero que estaba valorando la posibilidad de parar Lo Poyo porque no le merecían ninguna confianza los que estaban en ese proyecto, es decir, el presidente sabía quiénes están en Lo Poyo y sin embargo ha tardado ocho meses en anunciar su paralización, cuando el caso está ya en manos del fiscal. La improvisación con la que se han anunciado la paralización de Lo Poyo ha escenificado una serie de contradicciones por parte del presidente Valcárcel y de la alcaldesa de Cartagena, producto del nerviosismo y del sálvese quien pueda que han servido para comprobar con claridad lo forzados que se han visto para tomar esta decisión.

El pasado día 25 el presidente dijo en la Asamblea que el proyecto de Lo Poyo es ilegal e inmoral. El mismo proyecto al que él y su gobierno le abrieron la puerta en 2005 aprobando la Declaración de Impacto Ambiental y el mismo que aprueba la alcaldesa de Cartagena en septiembre de ese mismo año iniciando la reclasificación urbanística que consiste en convertir esos terrenos en urbanizables. Seis días después decía que cumplía el 100% de legalidad. Valcárcel dijo en la Asamblea Regional que ese proyecto es inmoral porque había pasado de mano en mano. Pues bien, si la venta y reventa de Lo Poyo se hizo en 2004, un año antes de que el gobierno de Valcárcel aprobara la DIA, ¿porqué la aprobó?, ¿no era inmoral entonces?. Valcárcel dijo que era inmoral que los propietarios pidieran cada vez más los dueños de Lo Poyo pidieron en 2005 que la edificabilidad máxima se estableciera en 715.000 m2 lo que suponía 120.000 m2 más de lo previsto en la Declaración de Impacto Ambiental, unos 40 millones de euros más de beneficio y la alcaldesa de Cartagena recogió esa petición en la aprobación inicial de la reclasificación urbanística, ¿Quién es por tanto responsable de esa inmoralidad denunciada por Valcárcel?Dicen que venían trabajando coordinadamente para parar Lo Poyo y no se han puesto de acuerdo ni para elegir el cauce de paralización. Mientras que el presidente dice que lo parará por la Ley 9/2006, la alcaldesa dice que lo hará a través de la revisión del Plan General. Hemos visto a Pilar Barreiro decir que no lo podía parar y ahora dice que lo para. Demasiadas contradicciones, Lo cierto es que el presidente Valcárcel se lleva el honor de ser el único presidente que aprobó en su día la reclasificación de Lo Poyo y el que lo ha resucitado de nuevo cuando Juan Antonio Roca y los suyos se habían hecho con esos terrenos. Y van seis.

Teresa Rosique es portavoz del grupo parlamentario del PSRM-PSOE en la Asamblea Regional.

Una ley para leer

Nada puede obligar a leer, pero los gobiernos tienen la obligación de convencer a los ciudadanos de cualquier edad de que leer es, como decía un antiguo eslogan, bueno para la salud y para la convivencia. España está a la cola de la lectura en Europa. Las últimas estadísticas (de 2006) señalan que sólo el 53% de los individuos mayores de 14 años lee al menos un libro al mes, y ese porcentaje significa un decrecimiento de dos puntos con respecto a la encuesta anterior. Se lee poco y cada vez menos. Ese hecho tiene una grave incidencia cultural, educativa y política. El Gobierno aprobó ayer una Ley del Libro que se estaba posponiendo peligrosamente, dadas las circunstancias de penuria que verifican todos los vectores del sector editorial.
La ley tiene como objetivo, sobre todo, el fomento de la lectura, y en su articulado se asegura que "el Gobierno aprobará periódicamente planes de fomento de la lectura (...) que irán acompañados de la dotación presupuestaria adecuada". Aborda también un punto crucial y polémico, el del precio fijo, que afecta al ecosistema de las librerías; el Gobierno interviene en este caso reforzando el precio fijo, que salvaguarda ese sistema, preserva la diversidad librera y trata de garantizar que haya una variedad de oferta.
La ley no extiende el precio fijo a los libros de texto, como pedían los sectores profesionales del libro. Pero da el paso de sustituir el régimen de descuentos por el régimen general de precios, que lo fija cada minorista. Cabe preguntarse si esta medida será suficiente para garantizar que los libros de texto estén presentes en la red de librerías, y éste es un punto crucial.
Lo mejor de la norma es que abre la posibilidad de tratar mejor el libro, que es el principal vehículo de difusión y de participación cultural. Recoge el cultivo y la responsabilidad de la lectura como bien público, más allá del interés individual, y aborda una atención a las bibliotecas como servicio cultural al ciudadano. Los indicadores responden a la miseria que durante años se ha vivido en la sociedad española en cuanto a dotación de bibliotecas públicas y bibliotecas escolares, y sólo una acción decidida (que puede empezar con esta ley) puede limar esas estadísticas vergonzantes que dicen muy poco de la salud de la cultura de la lectura.
Quizá en el trámite parlamentario del reglamento los grupos pidan, con razón, más precisión en los recursos con los que se va a aplicar la ley. Porque ahora este papel que ha aprobado el Consejo de Ministros todavía es un conjunto, sin duda bienintencionado, de declaraciones. Y aunque leer sea cosa de palabras, una ley que procure una mejor situación de la lectura no puede consistir tan sólo en palabras, palabras, palabras.

Comunidad Autónoma de la "Resort" de Murcia

Trampolín Hills, Hacienda el Álamo, Nature Caravaca de la Cruz, Resort Tres Molinos, Residencial Santa Ana del Monte, Ciudad del Sol Golf & Resort o Condado de Alhama son algunos de los macroproyectos de urbanizaciones residenciales que ya han puesto en venta viviendas en nuestra región.

En los próximos años más de cuarenta y cinco urbanizaciones residenciales con campo de golf inundarán el territorio regional, a las que hay que añadir las que no lo incorporan, los nuevos residenciales que masifican la costa murciana y las que aún están por proyectar.

Según los datos de las propias promotoras, la superficie media de estas mini-ciudades ronda las 350 Has., e incorporan una media de 3.700 viviendas. Teniendo en cuenta que ya están proyectadas más de cuarenta y cinco, en un corto periodo de tiempo, solamente en urbanizaciones asociadas al golf, se crearán en Murcia más de 165.000 nuevas viviendas, en su mayoría unifamiliares, con capacidad de albergar más de 500.000 residentes. Esto supondría un incremento superior al 35% sobre la población actual. Pero como ya hemos indicado antes, este incremento se refiere únicamente a residenciales asociados a campos de golf. Analizando la trayectoria del parque de viviendas de la Región (datos del Ministerio de Vivienda) vemos que éste crece a un ritmo desproporcionado. De continuar esta tendencia en tan sólo 12 años se duplicará el número de viviendas actual, y en 20 años se triplicará. Crecemos (a lo ancho) siguiendo un modelo exponencial y a una celeridad 3,5 veces mayor que la del conjunto de España, aun siendo nuestro país uno de los que experimentan mayor crecimiento urbanístico de Europa.No hace falta decir que esta tendencia no es sostenible bajo ningún punto de vista. ¿Cuánto tiempo vamos a poder seguir creciendo así? ¿Qué va a pasar con los puestos de trabajo, empresas y negocios que se han creado a raíz de este boom urbanístico cuando explote la burbuja?La impunidad y ausencia de respeto por el medio ambiente de la que hacen gala los artífices de esta barbaridad es pasmosa. Gran parte de los nuevos desarrollos residenciales, en especial los que siguen el modelo resort, golf resort o golf & beach resort, se sitúan junto a, o dentro de, espacios naturales protegidos, y cínicamente los utilizan como un reclamo más, con eslóganes tan atractivos como «su casa dentro de una Reserva Natural», «en primera línea de playa» o «en plena naturaleza, viviendas muy urbanas». Espacios tan emblemáticos de la Región de Murcia como el Valle de Ricote (próximo enclave del residencial Spa Valley II), el Parque Regional de Carrascoy (con Frondoso Valley), el Sabinar de Moratalla (con Residencial Albar) o el Parque Regional de Cabo Cope-Calnegre (con la Actuación de Interés Regional de Marina de Cope) se han convertido en terrenos urbanizables o urbanizados, y en jardines y áreas de recreo de estos residenciales. Se trata pues de un ataque masivo al territorio murciano, con armas muy poco inteligentes y con demasiados daños colaterales, llevado a cabo por promotores con muy pocos escrúpulos y administraciones públicas demasiado permisivas o con intereses ocultos.bY muchos son los que todavía comulgan con estas ruedas de molino: que si este crecimiento es bueno para todos; que si es sostenible; que si es necesario hacer ciertos sacrificios medioambientales para obtener mayor calidad de vida. Pero ¿cómo es posible que, gozando el mercado inmobiliario de tan buena salud, los murcianos tengamos que hipotecarnos cada vez más para poder adquirir una vivienda, y que los precios se hayan disparado así en los últimos años? Nuestro Gobierno parece no percatarse de esta situación, ya que Murcia ha pasado de ser la segunda comunidad de España en construcción de vivienda protegida en 2000, con un 30% sobre el total, a ser la tercera por la cola en 2005, con sólo un 5%, superando únicamente a Cantabria y a Melilla. A los responsables de esta situación les decimos que la historia no olvida: ustedes serán recordados como aquellos que se llenaron los bolsillos a costa de vender nuestra tierra, nuestro patrimonio natural y de hipotecar nuestra calidad de vida. Están dando un espectáculo lamentable de corrupción, codicia y despotismo, y tarde o temprano deberán dar cuentas de ello.

José Robles López es periodista y Davis Saura López e Ignacio Soto Molina, estudiantes de Ciencias Ambientales.

Bush (el amigo americano de Ansar) más peligroso que "el eje del mal"

Los británicos creen que el presidente de Estados Unidos, George W. Bush, es más peligroso para el mundo que el líder norcoreano, Kim Jong-Il, y el presidente iraní, Mahmud Ahmadineyad, según una encuesta que publica hoy el diario británico The Guardian.
La encuesta forma parte de una consulta internacional que está llevando a cabo la cabecera británica. En ella colaboran otros periódicos: Haaretz, de Israel; La Presse y Toronto Star, de Canadá y el diario mexicano Reforma.
La encuesta alberga datos llamativos, en el Reino Unido, un país tradicionalmente aliado con EE UU y que participa de forma activa en Irak, el 75% de los encuestados estiman que Bush supone un peligro para la paz mundial. Ni siquiera el líder norcoreano, que ha saltado a la actualidad por sus pruebas nucleares, ha podido desbancar al presidente de la Casa Blanca. Kim Jong-Il ocupa el segundo lugar de la terrorífica clasificación con el 69%, seguido del líder del grupo Hizbulá, Hassan Nasrallah (65%) y Ahmadineyad (62%).
El único consuelo que le queda a Bush es que sólo Bin Laden es considerado más peligroso. El líder de Al Qaeda agrupa el 87% de los votos a la candidatura de líder más terrorífico.
Bush cambia el mundo
En el Reino Unido, el 69% de los encuestados cree que la política exterior de EE UU ha transformado el mundo en un lugar menos seguro desde septiembre de 2001. En la misma opinión se sitúan el 62 % de los canadienses, el 52 % de los mexicanos y el 36% de los israelíes encuestados.
Uno de los motivos de esta desconfianza en la política estadounidense se debe en buena parte a la guerra de Irak, ya que el 71% de los británicos encuestados considera que la invasión iraquí no estuvo justificada, opinión compartida por el 89% de los mexicanos y el 73% de los canadienses. Los únicos que creen que estuvo justificada son los israelíes, ya que sólo el 34% de los encuestados creen que la Casa Blanca actuó mal.
Esta encuesta se ha realizado antes de que los votantes de EE UU acudan a las urnas la próxima semana en las elecciones legislativas. La encuesta, hecha por la firma ICM, entrevistó por teléfono a 1.010 adultos de todo el Reino Unido entre el 27 y el 30 de octubre, mientras en Canadá se encuesto a 1.007 personas, en Israel a 1.078 y a 1.010 en México.

Descargar música por internet no es delito

La juez Paz Aldecoa absolvió a un internauta para quien se pedían dos años de cárcel por descargar y compartir música en internet, por considerar que esta práctica no es un delito si no existe ánimo de lucro. Numerosos foros de internet, como la Asociación de Internautas, han aplaudido la sentencia y han hecho hincapié en que los programas para compartir archivos no son ilegales.
Aldecoa sostuvo que considerar delito las descargas de música sin ánimo de lucro supondría criminalizar una práctica socialmente admitida y muy extendida. Asimismo recordó que para que exista un delito contra la propiedad intelectual, es necesario que exista una intención de obtener beneficios económicos. La Asociación de Internautas ha publicado una carta dirigida a los fiscales aclarando que el llamado intercambio P2P, sistema por el que los internautas pueden compartir a través de la red archivos de todo tipo, no es un delito puesto que está amparado por el derecho a la copia privada.

11 - M, juicio a la vista

La consecuencia más importante del auto de apertura del juicio oral sobre los atentados del 11-M, dictado ayer por la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, es que ya queda expedita la vía para su celebración. De paso echa por tierra los últimos intentos planteados para cuestionar, bien en aspectos parciales o en su totalidad, la instrucción del juez Juan del Olmo. El más llamativo es, sin duda, el de la Asociación de Víctimas del Terrorismo que lidera Alcaraz, que en perfecta sintonía con la lunática tesis de la conspiración sobre la masacre pretendía dinamitar la instrucción -devolvérsela a Del Olmo para que quedara empantanada- con la peregrina y nada jurídica teoría de que aún no se sabe la verdad, ni se sabrá nunca.
A partir de ahora se abre un periodo de tiempo en el que tanto los abogados defensores de los 29 procesados en la causa como el ministerio fiscal y las acusaciones particulares deberán elaborar sus conclusiones provisionales sobre los hechos y su calificación jurídica. Sobre estas conclusiones deberá articularse inicialmente el debate de la vista, cuya fecha todavía no se ha fijado, pero que probablemente se celebrará en febrero.
En un proceso normal, la conclusión del sumario y la apertura de juicio oral serían trámites sin mayor trascendencia. Pero no en el del 11-M. Llegar a este punto ha supuesto un logro indudable de la justicia frente a sectores políticos y mediáticos que no han ahorrado esfuerzos, incluidos insultos y ataques personales al juez, para hacer descarrilar la instrucción y aplazar al menos hasta después de las elecciones generales de 2008 la celebración del mismo. Como era de esperar, el sistema judicial no se ha visto afectado por esas maniobras dilatorias y ha actuado teniendo en cuenta los intereses de la sociedad y de las víctimas. En relación con éstas, no demorando artificialmente la respuesta a su demanda de justicia, y en relación con la sociedad, evitando el escándalo de que sean puestos en libertad antes del juicio los presuntos culpables de 191 asesinatos consumados y varios cientos frustrados.
Inasequibles al desaliento y al sonrojo, los mismos sectores políticos y mediáticos que han perdido la batalla contra la instrucción sumarial ya han anunciado su próximo objetivo: el descrédito de la vista oral propalando la especie de que "la verdad sobre el 11-M" está en otro sitio, no se sabe cuál, menos en el juicio oral. Y lo lamentable es que desde la propia justicia se lanzan últimamente mensajes ambiguos, como que el juicio sobre la masacre de hace dos años no es universal -ninguno lo es salvo el del fin del mundo- o que pueden aparecer "hechos nuevos", que sirven para reforzar ese discurso falaz e interesado.

La fiscalía propone cárcel por matar animales domésticos sin justificación

El fiscal coordinador de Medio Ambiente y Urbanismo, Antonio Vercher, ha enviado al Gobierno una propuesta de reforma del Código Penal que endurece la pena el maltrato a los animales domésticos. La fiscalía propone que se castigue con entre tres y seis meses de prisión matar animales domésticos sin justificación. El cambio supone un salto porque hasta ahora estaba castigado matar a un animal pero sólo si se hacía "con ensañamiento".

La propuesta de reforma incluye también multas por asistir a espectáculos sangrientos con animales domésticos, como peleas de perros.

El Gobierno ve bien la propuesta y previsiblemente la incluirá como enmienda en la reforma del Código Penal que tiene previsto enviar al Congreso.