Primero fue Calblanque: el Gobierno regional propuso a la UE la desprotección de 90 has de ese espacio protegido «porque un promotor quería edificar en él» y tuvieron que dar marcha atrás.
Luego vino Puerto Mayor, que el Tribunal Superior de Justicia de Murcia ordenó parar cautelarmente a pesar de que Valcárcel, de la mano de la empresa, solicitaba la no paralización.Después pararon la modificación de la Ley de la Naturaleza con la que pretendían dejar fuera de la misma 11 de los 19 espacios protegidos.
A continuación La Zerrichera, denunciada ante la Fiscalía por el Partido Socialista.
Otro frenazo fue el de la Ley de Puertos, con cuya modificación pretendían poder construir viviendas y hoteles en los puertos deportivos de la Comunidad Autónoma.
Y ahora, Lo Poyo, un proyecto resucitado por Valcárcel y la alcaldesa de Cartagena en 2005, después de que el Tribunal Superior de Justicia de Murcia anulara en 2.000 la aprobación definitiva realizada por el PP en el año 1996 y una vez que se encontraban los terrenos en manos de la trama marbellí.
Este nuevo frenazo obligado de Valcárcel se ha producido sólo después de que la Fiscalía comunicara la apertura de diligencias informativas en Lo Poyo a raíz de la denuncia presentada por el Partido Socialista a pesar de que el presidente sabía desde hacía tiempo lo que estaba pasando. Valcárcel comunicó al presidente de ANSE en el mes de febrero que estaba valorando la posibilidad de parar Lo Poyo porque no le merecían ninguna confianza los que estaban en ese proyecto, es decir, el presidente sabía quiénes están en Lo Poyo y sin embargo ha tardado ocho meses en anunciar su paralización, cuando el caso está ya en manos del fiscal. La improvisación con la que se han anunciado la paralización de Lo Poyo ha escenificado una serie de contradicciones por parte del presidente Valcárcel y de la alcaldesa de Cartagena, producto del nerviosismo y del sálvese quien pueda que han servido para comprobar con claridad lo forzados que se han visto para tomar esta decisión.
El pasado día 25 el presidente dijo en la Asamblea que el proyecto de Lo Poyo es ilegal e inmoral. El mismo proyecto al que él y su gobierno le abrieron la puerta en 2005 aprobando la Declaración de Impacto Ambiental y el mismo que aprueba la alcaldesa de Cartagena en septiembre de ese mismo año iniciando la reclasificación urbanística que consiste en convertir esos terrenos en urbanizables. Seis días después decía que cumplía el 100% de legalidad. Valcárcel dijo en la Asamblea Regional que ese proyecto es inmoral porque había pasado de mano en mano. Pues bien, si la venta y reventa de Lo Poyo se hizo en 2004, un año antes de que el gobierno de Valcárcel aprobara la DIA, ¿porqué la aprobó?, ¿no era inmoral entonces?. Valcárcel dijo que era inmoral que los propietarios pidieran cada vez más los dueños de Lo Poyo pidieron en 2005 que la edificabilidad máxima se estableciera en 715.000 m2 lo que suponía 120.000 m2 más de lo previsto en la Declaración de Impacto Ambiental, unos 40 millones de euros más de beneficio y la alcaldesa de Cartagena recogió esa petición en la aprobación inicial de la reclasificación urbanística, ¿Quién es por tanto responsable de esa inmoralidad denunciada por Valcárcel?Dicen que venían trabajando coordinadamente para parar Lo Poyo y no se han puesto de acuerdo ni para elegir el cauce de paralización. Mientras que el presidente dice que lo parará por la Ley 9/2006, la alcaldesa dice que lo hará a través de la revisión del Plan General. Hemos visto a Pilar Barreiro decir que no lo podía parar y ahora dice que lo para. Demasiadas contradicciones, Lo cierto es que el presidente Valcárcel se lleva el honor de ser el único presidente que aprobó en su día la reclasificación de Lo Poyo y el que lo ha resucitado de nuevo cuando Juan Antonio Roca y los suyos se habían hecho con esos terrenos. Y van seis.
Teresa Rosique es portavoz del grupo parlamentario del PSRM-PSOE en la Asamblea Regional.
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