Los alcaldes populares de Alguazas y Mazarrón podrían ir a prisión

El alcalde de Alguazas, José Antonio Fernández Lladó, del Partido Popular se enfrenta a un año de prisión y ocho de inhabilitación por permitir-y promover- la construir un restaurante en el entorno de la Torre Vieja. En su escrito de calificación –en el que acusa al primer edil de prevaricación-, el ministerio público pide también una pena de quince meses para la propietaria del restaurante por un delito contra la ordenación del territorio. Además, exige la inmediata demolición del restaurante. Así lo cuenta el diario LA OPINIÓN.

El inmueble –conocido también como Torre de los Moros o del Obispo- es un edificio del siglo XIV que esta declarado Monumento Histórico Artístico y Bien de Interés Cultural. Además, esta ubicado en un terreno clasificado como suelo no urbanizable de protección arqueológica en las normas subsidiarias municipales.

El primer intento de iniciar la obra se produjo a principios de 1999. Entonces, el alcalde trató de cambiar la clasificación para que se declarase suelo comercial privado a lo largo de caminos, compatible con el uso de restaurante, pero la Consejería de Obras Publicas lo rechazó. La acusada, no obstante, encargó el proyecto y lo presentó en el Colegio de Arquitectos, que denegó el visado hasta en dos ocasiones. Con esta negativa, el alcalde remitió un escrito a la Dirección General de Cultura en el que insistía en la aprobación provisional del cambio de clasificación.

En marzo de 2002, esta dirección general autorizó el proyecto al entender que no se producían daños al patrimonio histórico. El entonces responsable de este departamento, Fernando Armario, estuvo imputado por esta decisión. Ahora, sin embargo, el fiscal solicita que se archive la causa contra él porque considera que únicamente actuó de acuerdo a los informes de los técnicos y que su autorización iba vinculada “al cumplimiento del ordenamiento urbanístico vigente”.

El alcalde, incluso, llegó a intentar que el proyecto fuese aprobado por la Consejería “por razones de interés social”. La obra también fue rechazada por la arquitecta técnica de la Dirección General de Vivienda, Arquitectura y Urbanismo, por la arquitecta técnica de ayuntamiento de Alguazas y por el propio arquitecto municipal. A pesar de ello -“y siendo conocedores los dos acusados de todos estos informes técnicos contrarios”-, la acusada inició las obras a finales del año 2002 “con el visto bueno del alcalde”.

En marzo de 2004, y ya con la obra concluida, Lladó desistió de su intento de cambiar la clasificación del suelo y ordenó la apertura de un expediente sancionador a la propietaria del restaurante.

También en Mazarrón

El alcalde de Mazarrón será juzgado el próximo 4 de diciembre en la Audiencia Provincial por un presunto delito de prevaricación y malversación de caudales públicos. El Ministerio Fiscal del Tribunal Superior de Justicia ha pedido para el munícipe seis años de prisión. Los hechos se remontan a mayo de 2003, tras las elecciones municipales, cuando el Partido Popular necesitó del apoyo del Partido Independiente por Mazarrón, liderado por el ex alcalde Domingo Valera. Ese mismo año, en un pleno extraordinario, se aprobó, con los votos a a favor del PP y el PIxM la concesión de la dedicación exclusiva a Valera, con un sueldo anual de 31.365 euros.

Al margen de esta nómina, Francisco Blaya se puso de acuerdo con Valera para “la entrega de cantidades que en cada momento requiriera de la corporación, que habrían de disfrazarse, para darles apariencia de legalidad, como si fueran anticipos de su sueldo de concejal”.

El Ministerio Fiscal considera que esos pagos fueron realmente “meros regalos realizados con dinero público”. De esta forma Valera llegó a recibir en casi dos años 33.000 euros en forma de anticipos, además de su sueldo. Para la fiscalía “no existe normativa legal alguna que ampare la entrega de anticipos”.

Francisco Blaya, regidor municipal de Mazarrón, con una población de 36.000 habitantes, es uno de los alcaldes mejor pagados de España, con un sueldo de 84.000 euros anuales y siete de sus concejales cobran 45.550 euros al año.