11 de agosto de 2008

Librilla pierde una inversión de 36 millones de euros al suprimir el 80% de su zona de regadíos (Gracias a la "buena" gestión del Ayuntamiento popular

Librilla puede acabar en los manuales de economía como ejemplo de los perjuicios de la codicia urbanística: renunció al desarrollo agrícola para apostar fuerte por el ladrillo, y ahora corre el riesgo de quedarse sin una cosa y sin la otra.

En el año 2006, en pleno boom urbanístico, el Ayuntamiento aprobó inicialmente un nuevo plan general de ordenación urbana que transformaba en suelo urbanizable el 80% de la superficie agrícola regable (2.800 de las 3.500 hectáreas existentes), a pesar de la oposición de la comunidad de regantes del municipio, que contaba con un proyecto de 36 millones de euros para modernizar el regadío financiado casi en un 90% con fondos públicos.

En la actualidad, en plena crisis inmobiliaria, el plan general recibió la aprobación provisional del Pleno municipal a finales del 2007, gracias sólo a los votos del PP, y está a la espera de la aprobación definitiva por la Consejería de Obras Públicas, mientras que la inversión comprometida para modernizar el regadío se da prácticamente por perdida.

El pasado 10 de junio, el presidente de la Sociedad Estatal de Infraestructuras Agrarias (Seiasa), Manuel Ariza, remitió una carta a la comunidad de regantes comunicándoles la resolución del convenio firmado en septiembre del 2006 para ejecutar una parte del proyecto ante la imposibilidad de llevarlo a cabo en el plazo previsto.

No queda tiempo
Los 36,4 millones de euros de inversión para la modernización de regadíos se repartían de la siguiente forma: la red en alta era financiada a fondo perdido por Acuamed, dependiente del Ministerio de Medio Ambiente, con 18,3 millones de euros, y la red en baja y automatización correspondía al convenio con Seiasa, que comprendía una inversión de 18,1 millones de euros, de los que un 18% los aportaba la UE, un 25% la Consejería de Agricultura, un 22% los propios regantes y el 35% restante la propia Seiasa. Del total, los regantes sólo sufragaban un poco más del 10%; «un chollo», en palabras del presidente de los regantes, Pedro Legaz.

El proyecto, que hubiera supuesto poner a Librilla a la vanguardia de la tecnología de riego, debía estar finalizado el 31 de diciembre de este año, lo cual es materialmente imposible porque las obras, cuyo plazo de ejecución era de 18 meses, ni siquiera se han iniciado. Sólo hay construido un embalse.

Seiasa justifica su retirada en que no puede subvencionar un proyecto que, al cambiar la calificación del suelo de rústico a urbanizable, no tiene garantías de continuidad. Francisco Martínez, técnico de la comunidad de regantes, recuerda que en noviembre del 2006 «teníamos las estacas preparadas para realizar el acta de replanteo y empezar las obras, pero al enterarse Seiasa que el ayuntamiento pretendía recalificar la mayoría del regadío, todo quedó paralizado». Ante esta tesitura, Acuamed ni siquiera llegó a firmar el convenio con los regantes, quienes temen que esta sociedad pública, tras el paso dado por Seiasa, acabe también retirando su parte.

Dotación del trasvase
Los regantes presentaron alegaciones al plan general de ordenación urbana y han intentado reunirse con el alcalde, José Martínez, del PP, para llegar a un acuerdo, pero las alegaciones fueron rechazadas y el alcalde ni siquiera ha contestado a sus peticiones de entrevista.

La recalificación del regadío supondría además la pérdida de la dotación de agua del trasvase Tajo-Segura que tiene asignada Librilla, y que asciende a 6,8 millones de metros cúbicos al año.

La única esperanza que le queda a la comunidad de regantes, integrada por unos 1.800 comuneros, entre ellos el propio alcalde, es que la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Transportes, que debe dar luz verde al plan general de ordenación urbana, lo enmiende y salve el regadío, y, a partir de ahí, renegociar con Seiasa y Acuamed un nuevo convenio, aunque están seguros de que no será tan generoso para ellos como el aprobado inicialmente. «El chollo ya se ha perdido», apunta Pedro Legaz.

El Ayuntamiento, mientras tanto, ya ha firmado varios convenios urbanísticos para desarrollar parte de los terrenos agrícolas afectados por el nuevo plan general.

laverdad.es

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