Por más esfuerzos que ha hecho el Partido Popular valenciano para justificar el nombramiento como senadora, dentro de la cuota de libre designación autonómica, de una hija del presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, es difícil ver en la designada mérito más relevante que ser hija de su padre. La apariencia de nepotismo salta a la vista; ni su militancia en el partido ni el hecho de estar en posesión de "todos los derechos" para acceder al cargo, como se han apresurado a señalar sus correligionarios valencianos, bastan para desbaratarla y llevar al convencimiento de lo procedente de la designación.
Este caso es un síntoma, si se quiere más evidente y escandaloso que otros, del deterioro que amenaza las instituciones, fomentado desde los propios partidos, que las instrumentalizan con el mayor descaro para sus propios fines o para satisfacer ambiciones personales de sus propios dirigentes, quizá en pago de favores o de especiales desvelos. De lo primero es ejemplo manifiesto la interinidad a que está sometido desde hace más de ocho meses el Consejo del Poder Judicial y de lo segundo lo es, sin duda, la designación de la hija de Fabra como senadora.
Los senadores de nombramiento autonómico son cargos de libre designación y no de elección popular, formen parte o no de sus respectivos parlamentos. Hay comunidades autónomas que exigen ese requisito y otras, como la valenciana, que no lo hacen. Habría que poner el máximo interés, entonces, en que las personas propuestas para el Senado respondan a un perfil, tanto en lo que se refiere a experiencia institucional y pública como a su trayectoria profesional. No parece ser éste el caso de la hija de Fabra, cuyo único cargo público conocido es haber sido vocal del comité ejecutivo provincial del PP que preside su padre.
Lo más grave del caso no es que los órganos directivos del PP hayan dado su aval al nombramiento. Tampoco lo es que el patrocinador, es decir, el padre de la nombrada, esté siendo investigado judicialmente por delitos de tráfico de influencias, cohecho y fraude fiscal, y que la institución que preside le acabe de subir el sueldo un 10% -hasta 94.000 euros anuales- y le haya nombrado 33 asesores. Más grave es que el Parlamento valenciano haya votado ayer a ciegas ese nombramiento, dentro del paquete de senadores pactado entre los partidos: tres para el PP y dos para el PSOE. Cada vez es más urgente, por ello, que los nombramientos institucionales, independientemente del ámbito en que se produzcan, pasen por el tamiz de un examen previo, donde se analicen méritos y capacidades y se ponga coto a maniobras de utilización particular del cargo público y no en beneficio del ciudadano.
elpais.com
Este caso es un síntoma, si se quiere más evidente y escandaloso que otros, del deterioro que amenaza las instituciones, fomentado desde los propios partidos, que las instrumentalizan con el mayor descaro para sus propios fines o para satisfacer ambiciones personales de sus propios dirigentes, quizá en pago de favores o de especiales desvelos. De lo primero es ejemplo manifiesto la interinidad a que está sometido desde hace más de ocho meses el Consejo del Poder Judicial y de lo segundo lo es, sin duda, la designación de la hija de Fabra como senadora.
Los senadores de nombramiento autonómico son cargos de libre designación y no de elección popular, formen parte o no de sus respectivos parlamentos. Hay comunidades autónomas que exigen ese requisito y otras, como la valenciana, que no lo hacen. Habría que poner el máximo interés, entonces, en que las personas propuestas para el Senado respondan a un perfil, tanto en lo que se refiere a experiencia institucional y pública como a su trayectoria profesional. No parece ser éste el caso de la hija de Fabra, cuyo único cargo público conocido es haber sido vocal del comité ejecutivo provincial del PP que preside su padre.
Lo más grave del caso no es que los órganos directivos del PP hayan dado su aval al nombramiento. Tampoco lo es que el patrocinador, es decir, el padre de la nombrada, esté siendo investigado judicialmente por delitos de tráfico de influencias, cohecho y fraude fiscal, y que la institución que preside le acabe de subir el sueldo un 10% -hasta 94.000 euros anuales- y le haya nombrado 33 asesores. Más grave es que el Parlamento valenciano haya votado ayer a ciegas ese nombramiento, dentro del paquete de senadores pactado entre los partidos: tres para el PP y dos para el PSOE. Cada vez es más urgente, por ello, que los nombramientos institucionales, independientemente del ámbito en que se produzcan, pasen por el tamiz de un examen previo, donde se analicen méritos y capacidades y se ponga coto a maniobras de utilización particular del cargo público y no en beneficio del ciudadano.
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1 comentario:
Dices justo lo que hay que decir en un país en el que en demasiadas ocasiones impera una extraña ley no escrita (¿hábito heredado del franquismo?) que impide ventilar con la importancia que merecen sinvergüencerías como las del señor feudal de Castellón and Co. Ltd. & Family (aunque en este caso Family y Co. Ltd. son la misma cosa). Un abrazo.
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