Rajoy debe escoger

No era lo mismo disentir sobre la política antiterrorista cuando ETA había anunciado su decisión de no matar que cuando, como es el caso ahora, tras el comunicado que ha puesto fin a 15 meses de inactividad criminal, la banda ha proferido una amenaza de alcance general contra los ciudadanos y las instituciones. Si hasta este momento las diferencias entre los dos grandes partidos eran un motivo de desaliento para los demócratas, mantenerlas en las nuevas circunstancias supone faltar gravemente a uno de los deberes de Estado que comparten el Gobierno y la oposición.

El comunicado ha puesto fin a muchas cosas, y la principal es el derecho de los ciudadanos a no ser amenazados ni asesinados por causa de sus ideas. Pero entre esas muchas cosas se encuentran también las calumniosas soflamas del Partido Popular acerca de las cesiones del Gobierno, así como el infundado optimismo del Ejecutivo para acabar con el terrorismo a través de un esquema en dos tiempos, separando el fin de la violencia y la negociación de las cuestiones políticas.

Al terrorismo hay que enfrentarse desde la unidad de los demócratas. Mariano Rajoy no puede seguir zafándose de las inexcusables responsabilidades que le atañen por el procedimiento de imponer condiciones previas al Ejecutivo: ante un eventual nuevo crimen de ETA, no es de recibo que el único discurso político del principal partido de la oposición consista en decir que ya lo había advertido. Si en la reunión de mañana en La Moncloa no se sientan las bases de un nuevo acuerdo antiterrorista que incluya a todas las fuerzas democráticas, será sin duda un grave fracaso de quien ha tenido y tiene la obligación primera de articularlo, que es el jefe del Gobierno, quien ayer aseguró al comité federal de su partido que será implacable con ETA. Pero también será un fracaso del líder de la oposición si intentase disimular cualquier inaceptable reticencia a un acuerdo escudándose en una batería de condiciones, cuyo cumplimiento, por lo demás, no está siempre en manos del Ejecutivo. No es seguro que recrudecer la oposición en el ámbito de la lucha antiterrorista reporte votos; pero si así fuera, habría que contabilizarlos en el haber del oportunismo y no del sentido de Estado. En la cita del lunes Rajoy debe escoger.

La resolución de mayo de 2005 ha quedado invalidada por la decisión de ETA de volver a las armas. El Pacto Antiterrorista, por su parte, sólo incluye a dos partidos, aunque la totalidad de las fuerzas parlamentarias, incluido el PNV y los demás grupos nacionalistas, han mostrado su predisposición a colaborar en el fin a la locura etarra. Sería injusto marginar a estas fuerzas, como si su apoyo fuese irrelevante o, peor aún, como si su compromiso democrático estuviera en entredicho. Pero, además de injusto, sería un grave error político, que ni socialistas ni populares están en condiciones de permitirse.
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