Tolerar la corrupción

La proliferación de casos de corrupción municipal, promovidos desde dentro de las instituciones públicas o con relevantes ramificaciones en ellas, ha situado el combate contra esta destructiva práctica delictiva en el epicentro de los compromisos de los partidos en esta campaña electoral. Sin embargo, y contra lo que pudiera parecer, la preocupación que exhiben las fuerzas políticas y la gravedad de las presuntas ilegalidades que están siendo investigadas en localidades tan dispares como Marbella, Andratx, Seseña o Ciempozuelos no se corresponden con una inquietud creciente y responsable por parte de la sociedad española. De hecho, según los barómetros del CIS, la extensión de los fraudes y de las corruptelas no figura entre los principales motivos de intranquilidad para los ciudadanos, a pesar del impacto político y mediático que suscitan y de las elocuentes estadísticas que revelan, por ejemplo, que casi el 40% del presupuesto de los ayuntamientos procede del ámbito urbanístico. Ese aparente desinterés no debería llevar en ningún caso a los partidos a desentenderse de sus compromisos al no sentirse concernidos por la presión de los requerimientos sociales, y sí a profundizar en una pedagogía que muestre con nitidez cómo la corrupción envilece la democracia y socava el bienestar colectivo.

El fervor demostrado en su reaparición musical por los seguidores de Isabel Pantoja, a la que el juez del caso Malaya imputa delitos contra la Hacienda Pública y blanqueo de dinero, evidencia el esfuerzo que aún tienen que acometer las instituciones para tratar de eliminar esa especie de subcultura en la que sigue primando la trapacería a la honradez. Es obvio que a la tonadillera le asiste el derecho a la presunción de inocencia y que su proyección mediática no debe interferir, ni por simpatía ni por animadversión, en la adecuada instrucción del sumario. Pero resulta cuando menos frustrante que esa misma popularidad permita que quien está incurso en un proceso judicial por corrupción extraiga beneficio económico de la renovada expectación que las acusaciones han generado a su alrededor. Y es del todo censurable que el ascendiente de Pantoja sobre el público haga aflorar en éste actitudes de tolerancia, comprensión e incluso solidaridad hacia conductas que han despertado ya una razonable sospecha de responsabilidades penales. Constituye una falacia intentar distinguir a la ciudadana de la artista, cuando ambos perfiles se han mezclado conscientemente para obtener réditos de la trama marbellí. Aquellos ciudadanos que aún creen que el prestigio profesional resguarda de las conductas delictivas y quienes cuestionan las operaciones judiciales por supuestas componendas de origen difuso sólo favorecen la transigencia y la impunidad de unos comportamientos que sin el repudio social no podrán ser erradicados.

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