Desjudializar

El Tribunal Supremo ha archivado la querella presentada por un autodenominado sindicato de funcionarios contra el presidente del Gobierno y los miembros del Consejo de Ministros por haber autorizado la reunión pública de dos dirigentes socialistas vascos con miembros de la ilegalizada Batasuna el pasado mes de julio. El Supremo considera que sólo en el caso de que hubiera existido una orden expresa de no celebrar la reunión, podría haber un delito de desobediencia, como se alegaba en la querella. Esta resolución anticipa el desenlace probable de las causas abiertas por el mismo motivo contra los dos dirigentes del PSE, Patxi López y Rodolfo Ares, y contra el lehendakari Ibarretxe por otra reunión anterior con Batasuna. Las querellas, a las que se sumó el PP, buscaban envenenar las relaciones entre los partidos, dificultar su unidad de acción frente a los crecientes desafíos de ETA y criminalizar al adversario político.

La ilegalización de Batasuna no prohíbe expresamente a los demás partidos mantener contactos con los que fueron dirigentes de esa formación, los cuales, por otra parte, conservan íntegros sus derechos civiles y políticos. Reunirse con los jefes de Batasuna cuando esa organización no ha dado el paso de desvincularse de ETA puede merecer un reproche político; pero para que hacerlo constituya un delito penal tendría que existir una prohibición expresa. En el caso de la reunión del 6 de julio, no sólo no había prohibición, sino una autorización del juez Garzón, que no vio motivo para impedirla en su respuesta a una petición en tal sentido de una asociación de víctimas. Lo contrario habría sido, argumentaba Garzón, que "el juez se convirtiera en una especie de controlador de la acción política de un partido democrático", en este caso el PSE, que había tomado la iniciativa de la reunión.
En esa misma línea, el auto del Supremo argumenta que el control de la acción política del Gobierno no es función de los tribunales, sino del Parlamento, por lo que sería un "fraude constitucional" que cualquiera pudiera interferir o condicionar los actos del Ejecutivo mediante una acción penal. El auto se refiere a la acción del Gobierno porque sólo se pronuncia sobre la parte de la querella relativa al presidente y al Consejo de Ministros, ya que para los dirigentes del PSE, también objeto de querella, es competente el Tribunal Superior del País Vasco. Pero es evidente que el argumento es extensible a la acción política de los partidos: la judicialización de sus acciones es una forma de desviar el debate político a un terreno que lo hace imposible.
El PP podía haber argumentado que tenía sus razones para criticar la iniciativa de Patxi López, arguyendo que suponía reconocer como interlocutor a una Batasuna que se negaba a acatar la ley de partidos. Pero al darle tratamiento de delito penal, el PP contribuyó a sacarlo del debate político y a convertirlo en motivo de ruptura. Un error (o una actuación de mala fe difícilmente compatible con el delicado momento que vive el país) que el auto de ayer debería ayudar a corregir.