El Gobierno de Zapatero asegura que no quiere cerrar el trasvase Tajo - Segura

El Gobierno de la nación no tiene ninguna intención de cerrar el acueducto Tajo-Segura. Su propósito es que siga funcionando. «La Ley del Trasvase Tajo-Segura se deroga por otra ley, y no por el preámbulo de un texto estatutario. Esta ley seguirá, aunque permanezca abierto el conflicto con Castilla La Mancha»

Hubo que lidiar con anterioridad con los estatutos de Aragón y de Cataluña, en los cuales se limaron las reivindicaciones sobre el agua para mantener intactas las competencias del Estado. No se ven razones para que no ocurra lo mismo con el Estatuto manchego porque se cree que hay suficiente margen» para atender las peticiones de Castilla La Mancha sin que se ve afectada la Ley del Tajo-Segura, en el supuesto de que la tramitación parlamentaria siga adelante.

Sobre la reserva de 600 hectómetros cúbicos para las necesidades de Castilla La Mancha, en el caso de que se acordara, el almacenaje no se establecerá en los pantanos de la cabecera del Tajo. «Lo que digan en Castilla La Mancha está en el terreno de los deseos, pero no sería así».

Abastecer a la población

Aunque oficialmente guarda silencio para no interferir en los trabajos parlamentarios, el Ministerio de Medio Ambiente sí ha hablado a través de la Confederación Hidrográfica del Segura y la Mancomunidad de los Canales del Taibilla. Ambos organismos ministeriales han subrayado la dependencia total que tienen la Región de Murcia, el sur de Alicante y parte de Almería de las aguas de la cabecera del Tajo, y consideran impensable que se pueda cerrar el acueducto.

La Confederación, a través de su Oficina de Planificación Hidrológica, ha elaborado un análisis sobre la importancia económica de los volúmenes trasvasados del Tajo. Advierte de que pueden perderse hasta 24.000 empleos en los regadíos del Sureste y 744 millones de euros anuales.

La Mancomunidad del Taibilla, por su parte, ha alertado de que 2,5 millones de habitantes tendrán graves problemas de suministro si se cierra el Trasvase. En ambos casos, el Ministerio fue informado previamente.

Pacto difícil en el Congreso

Las posibilidades de que el Estatuto de Castilla La Mancha sea devuelto son cada vez mayores. En un plazo de dos semanas puede quedar resuelta la incógnita: Si sigue la tramitación en el Congreso de los Diputados o el texto regresa a las Cortes castellano manchegas. ¿Motivos? En primer lugar la advertencia de que los diputados nacionales socialistas de la Comunidad Valenciana y de la Región de Murcia votarán en contra del dictamen de su propio partido en tanto que se propone el cierre del acueducto Tajo-Segura. Da igual que sean 15, si no se incluyen a la vicepresidenta Fernández de la Vega, con acta por Valencia, y al ex ministro Fernández Bermejo, parlamentario por Murcia.

En segundo lugar está la imposibilidad, a día de hoy, de que PP y PSOE pacten un texto en la Comisión Constitucional. La clave está, en la presión que mantienen Ramón Luis Valcárcel y Francisco Camps sobre el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. Valcárcel, además, ha propuesto que se corrijan y suavicen algunas enmiendas de su partido que afectan al Trasvase Tajo-Segura, como la revisión de los caudales trasvasables, la reserva de 600 hectómetros y los informes preceptivos que habría de realizar la Junta de Castilla La Mancha para cualquier trasvase o compra de caudales. Dicho informes podrían eternizarse y obstaculizar el envío de agua al Sureste.

La pista de Vara

En el PSOE murciano no tienen datos para asegurar que el Estatuto será devuelto, aunque sí es el principal deseo de su secretario general, Pedro Saura, quien mantiene con Jorge Alarte, secretario del PSOE valenciano, su rechazo a las propuestas socialistas en el Congreso. Saura cree que la decisión de pedir la retirada el Estatuto depende de Barreda, que está buscando un motivo para ello.

Mientras tanto, en el Congreso de los Diputados está todo parado a expensas de las elecciones de este fin de semana en Galicia y el País Vasco. En el Ejecutivo de Rodríguez Zapatero siguen con interés las declaraciones y movimientos del presidente de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, dispuesto a hablar del Trasvase del Tajo Medio, desde el pantano de Valdecañas. El proyecto está. El momento de plantearlo no ha llegado todavía porque se quiere encajar en el nuevos planes de cuenca. Vara dio un paso más al advertir de que presentará un recurso en los tribunales si con el Estatuto se cierra el Tajo-Segura.

Entre medias, es significativo que la Ejecutiva Federal del PSOE, a través de su secretario de Medio Ambiente Hugo Morán, planteara días atrás, por vez primera, la posibilidad de construir este acueducto.

laverdad.es

El PP rompe el Pacto del Agua con algo que no apoya ya ni Rajoy

Que a Valcárcel no le interesa un acuerdo político en materia de agua está claro. Que el PP utilice el problema del agua en nuestra Región para sus intereses partidistas no es nada nuevo, lo viene haciendo durante mucho tiempo desde su incapacidad, suficientemente demostrada, para resolverlo durante los años que gobernó en España y los doce que gobierna en la Región.

Dadme y os daré agua!, dijo Aznar. Le dieron votos pero no trajo ni una sola gota de agua adicional al Trasvase Tajo-Segura en sus ocho años de gobierno, eso sí, endureció las normas de explotación de este trasvase al elevar el mínimo trasvasable a 240 Hm3. Cero inversiones en modernización de regadíos, ni una sola desalinizadora pusieron en marcha; grifos cerrados en 2003 a más de 20 municipios y más de 200.000 ciudadanos afectados por las restricciones. Sequía de actuaciones, sólo promesas a muy largo plazo e inviables, en resumen, ocho años desperdiciados.

Pero la última patraña partidista y quizás la más burda de las realizadas por el gobierno regional en materia de agua haya sido lo acontecido con la llamada Comisión del Pacto del Agua, una comisión que como su nombre indica fue, supuestamente, creada para el pacto y el acuerdo.

Un pacto posible, necesario, demandado por todos los representantes de instituciones y organizaciones agrarias, sociales y económicas que comparecieron en dicha comisión y a quienes queremos agradecer públicamente, desde el Partido Socialista, sus aportaciones a la misma. Un pacto que nos hubiera dado fuerza como Región y que Valcárcel y los suyos se han encargado de dinamitar cuando estábamos a punto de conseguirlo.

Habíamos puesto sobre la mesa muchas cosas que posibilitaban un acuerdo y sobre todo que establecían el marco necesario para resolver el déficit de agua de nuestra Región: la defensa del trasvase Tajo Segura como intocable; la necesidad de un pacto de Estado en materia de agua; la competencia estatal sobre las aguas que discurren por varias comunidades autónomas; el avance en desalinización, como recurso complementario al trasvase Tajo-Segura, y el desarrollo de una industria basada en I+D+i aplicada a la desalinización; un Plan Regional para el Uso Sostenible del Agua, garantizando el uso prioritario de la reutilización de las aguas depuradas para la agricultura; la conservación de los regadíos tradicionales; la necesidad ineludible de recursos externos a la cuenca del Segura, entre otras muchas propuestas.

Pero el PP no quería el pacto desde el principio, por eso tampoco, en esta ocasión, ha jugado limpio. Durante meses se ha desarrollado un trabajo intenso en la Comisión del Pacto del Agua, han comparecido numerosas organizaciones y expertos, y cuando estábamos a punto de fijar las conclusiones, a 24 horas del acuerdo, pusieron sobre la mesa lo que ni siquiera habían presentado en su documento inicial, el Trasvase del Ebro.

Un trasvase que ya no apoya ni Rajoy, que en Aragón ha dicho que su postura al respecto es la que se recoge en el Estatuto de esa Comunidad Autónoma. Un Estatuto que él y su grupo han votado y que fue respaldado por todos los presidentes de comunidades autónomas gobernadas por el PP, entre ellos, Valcárcel. Un Estatuto que contempla una reserva de más de 6.000 Hm3. para esa comunidad y que hace inviable, de facto, un hipotético trasvase del Ebro.

El PP no ha sido capaz de aprobar aquí lo mismo que aprobó en la comunidad valenciana y que posibilitó el acuerdo necesario entre PP y PSOE: «recoger como ineludibles los recursos externos a la cuenca». Camps lo hizo, apostó por el acuerdo y no por ello renunció a seguir reivindicando el trasvase del Ebro, cabía en esa propuesta, pero Valcárcel ha demostrado, una vez más, su estrechez de miras.

Valcárcel se lleva el honor de ser el único presidente que no es capaz de acordar ningún tema de interés general con la oposición, porque piensa que le da más rédito electoral el desacuerdo que el acuerdo, sobre todo en materia de agua, aunque eso vaya en contra de los intereses regionales. Esto si que es una verdadera traición.

A pesar del PP, en esta Región hay un pacto con los ciudadanos en materia de agua, el del compromiso del presidente Zapatero para resolver este importante problema, con inversiones que superan ya los mil millones de euros, y que nos garantizarán más de 400 Hm3. adicionales al trasvase Tajo-Segura; con agua procedente de las plantas desalinizadoras que ha hecho posible que en una situación de sequía extrema, como la que padecemos, el abastecimiento a la población, a la industria y al turismo esté garantizado, no como sucedió en 2003. Inversiones millonarias en modernización de regadíos, recursos procedentes de los bancos públicos del agua. Estos son los hechos que nos darán agua para siempre y no la demagogia del PP.

Teresa Rosique es diputada regional del PSRM.