19 de junio de 2009

El aborto, una necesaria medida de protección

Al PP, que con tanta eficacia ha utilizado el aborto para denostar, cuando no ridiculizar las propuestas del Gobierno durante la pasada campaña electoral agarrándose a sus flecos más sensibles para la opinión pública, hay que reconocerle sin embargo la claridad con la que les ha dicho a los obispos que se metan en sus asuntos.


Dentro del parco ejercicio de reflexión que ha hecho el PSOE tras su derrota en las elecciones europeas, sí ha habido cierta coincidencia en diagnosticar la influencia negativa que ha podido tener en la campaña de los socialistas el asunto del aborto. No hablo, ni mucho menos, de los términos en los que se articula la reforma que quiere sacar adelante el Gobierno, respaldados por un amplio consenso social, el mismo que venía reclamando que la ley española se adecuase a la normativa existente en la mayoría de los países europeos. Me refiero al envoltorio, la forma en la que dicha reforma se ha "vendido" a la opinión pública y la fórmula elegida por los dirigentes socialistas para defender el anteproyecto de las arremetidas de la derecha y de la Iglesia.


No basta con decir que una chica de dieciséis años puede abortar sin consentimiento de los padres porque según la ley vigente ya se la considera capacitada para decidir por si misma si se somete o no a otras intervenciones quirúrgicas que afectan a su salud o que supuestamente van a mejorar su aspecto como un aumento de pecho, y cito textualmente el ejemplo elegido por una responsable política para explicar el controvertido artículo de la nueva norma. Aún siendo cierto todo ello, el reconocimiento de la mayoría de edad a los dieciséis para firmar el consentimiento en un aborto tiene mucho más calado y es, en contra de todo lo que han esgrimido los detractores de la reforma, una medida de protección. A pesar de lo que pueda parecer si nos atenemos a las críticas que se han vertido contra ese punto concreto del anteproyecto, su redacción no está pensada para que las adolescentes puedan poner a prueba el talante y la paciencia de sus progenitores burlando su autoridad con un acto tan extremo de rebeldía. No se trata de respaldar con la ley las indisciplinas y las insensateces juveniles. Lo que se pretende es proteger a esa minoría que es víctima de la peor explotación a la que un padre o una madre pueden someter a sus hijos: los abusos sexuales.


¿Alguien en su sano juicio puede pretender que el autor de la violación de una hija que haya dado como resultado su embarazo es la persona idónea para decidir si se practica o no el aborto? Pero no es sólo a los padres abusadores o cómplices de parientes abusadores a quienes se pretende quitar la potestad que hasta ahora tenían en la materia. Esa "minoría" de chicas que sufren abusos en la familia -y entrecomillo lo de minoría porque las estadísticas arrojan cifras tan abultadas como para poner a prueba nuestro equilibrio mental- acaban en muchos casos escapando del ámbito familiar para caer en manos del Estado, una red que puede llegar a ser igual de temible. En el caso español, la tutela de los menores corresponde a las administraciones autonómicas que, como es de sobra conocido, actúan en cuestiones tan esenciales como la Educación y la Sanidad según la ideología que inspira a los partidos que las gobiernan. ¿Qué haría, por ejemplo, una Comunidad gobernada por el PP con una menor tutelada y embarazada que no pudiera tomar por si misma la decisión de abortar? La respuesta es fácil: como denegar el aborto podría ser objeto de una reclamación ante los tribunales por parte de la interesada, acogiéndose a los supuestos que ya contempla la ley, basta con retrasar el permiso lo suficiente para que, cuando llegue, la intervención sea impracticable por estar fuera de plazo. No es una simple hipótesis. El caso, por lo visto, se ha dado en Madrid. El supuesto de las menores tuteladas se ensancha si incluimos además a todas aquellas que dependen de una consejería o de una dirección general no por haber sido víctimas de abusos sino por otro tipo de circunstancias y que pueden verse en la tesitura de tener que abortar. No estaríamos hablando, pues, de una minoría tan minoritaria. Al PP, que con tanta eficacia ha utilizado el aborto para denostar, cuando no ridiculizar las propuestas del Gobierno durante la pasada campaña electoral agarrándose a sus flecos más sensibles para la opinión pública, hay que reconocerle sin embargo la claridad con la que les ha dicho a los obispos que se metan en sus asuntos. Ante la recomendación de la Conferencia Episcopal de que los diputados católicos voten en contra de la reforma que propicia el PSOE, ha respondido que los obispos "tienen su ámbito, que es el de la religión" y los diputados "el de la política".


La Conferencia Episcopal Española
sólo cabe expresarle gratitud por ser tan transparente, por pretender utilizar una vez más el chantaje espiritual para llevar el ascua a su sardina y por haber conseguido que hasta los partidos ideológicamente más cercanos a sus postulados le tengan que recordar cuál es su sitio.
Sería muy de agradecer que esa misma claridad la aplicara también al debate de asuntos tan serios como el que estamos tratando en lugar de quedarse flotando en el aceite de la demagogia barata y populista.


Pilar Gassent - nuevatribuna.com

3 comentarios:

karlos dijo...

Una cosa que me mosquea, durante los 8 años de gobierno de Aznar hubo en España, según datos oficiales 500.000 de abortos, ¿donde estaban entonces los de la conferencia episcopal y los del lazo blanco?. Son hipócritas y fariseos

flyers publicitarios dijo...

Yo no comparto el pensamiento de la iglesia católica, personalmente estoy a favor del aborto, hay gente pobre que no tiene dinero ni para cuidarse, hay gente que fue ultrajada, y hay gente q ´recien conoce de su situación pasado un tiempo, creo que cada quien sabrá que lo que hizo esta bien o mal, cada uno puede juzgar su vida.

Anónimo dijo...

ahora mismo estoy agregando este sitio a mis favoritos. muy buena info.


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