Detienen a un constructor por pagar a Marqués por los favores que éste le hizo como consejero

Dice el dicho que nadie vende duros a peseta. O euros a un céntimo, en versión actualizada. La Policía también piensa lo mismo, por más que el ex consejero del Gobierno murciano Francisco Marqués se haya empeñado en negar lo contrario y que en los últimos años, según ha confesado ante el juez, haya tenido la fortuna de poder adquirir unos cuantos chollos inmobiliarios. Pisos y dúplex a precio de ganga, de los que el ex alto cargo asegura haberse beneficiado por mera fortuna: por tener un amigo que le daba el soplo de un inmueble especialmente barato, por tener una compañera de profesión que es prima de un constructor...

Pero las explicaciones de Marqués, que fue detenido el pasado marzo por delitos de prevaricación, cohecho, blanqueo de capitales y contra la ordenación del territorio, no parecen haber convencido por completo al titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Murcia, Antonio Alcázar, coordinador de la causa sobre el caso Zerrichera, quien ha instado a los especialistas de la Policía Nacional a que sigan el rastro de cada una de esas operaciones que permitieron al imputado amasar un amplio patrimonio inmobiliario.

UN CONOCIDO NOTARIO
Fruto de las investigaciones realizadas en las últimas semanas por los agentes de la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales, brigada de Blanqueo de Capitales (UDEF-BLA) ha sido la detención, ayer, del notario y constructor Sebastián Fernández Rabal, así como del apoderado de una de sus sociedades promotoras, José Cáceres Olivares.

Los informes policiales, ya en poder del magistrado, consideran que Sebastián Fernández Rabal, a través de su apoderado y hombre de confianza, habría pagado a Marqués por el supuesto trato de favor que éste le habría otorgado desde su cargo de consejero de Industria y Medio Ambiente. En concreto, indican los especialistas de la UDEF-BLA que Marqués habría autorizado a Fernández Rabal a llevar adelante algunas construcciones pese a afectar a zonas protegidas por la Ley de Costas.

Como premio a esos favores, a ese presunto trato privilegiado, siempre según los informes policiales, el promotor le habría hecho a su benefactor algo parecido a un pago en especie: le habría rebajado sustancialmente el precio de un piso en una de sus promociones, la Hacienda del Hornillo de Águilas: hasta el 70% de su valor de mercado, según señalan los especialistas de la UDEF-BLA en los informes remitidos al juez.

Es fundamentalmente por tal razón, por ese supuesto regalo a Marqués, por lo que un grupo de policías detuvo ayer por la mañana al notario y constructor Sebastián Fernández Rabal y al apoderado de la sociedad Urbanística Hacienda del Hornillo S.L., José Cáceres Olivares, como imputados en los delitos de cohecho, blanqueo de capitales y contra la ordenación del territorio, según confirmaron a La Verdad fuentes próximas al caso.

PRIMO DE LA CONSEJERA GARCÍA
Los arrestos causaron ayer una gran conmoción en Lorca y, sobre todo, en Águilas, donde los dos sospechosos son muy conocidos. No en vano, Sebastián Fernández ejerce su profesión de notario en Lorca pero, a la vez, es el impulsor de importantes proyectos urbanísticos en Águilas, como el gran complejo Hacienda del Hornillo, el centro comercial Águilas Plaza y los multicines El Hornillo. Además es presidente del Consorcio Turístico de Águilas y primo de la consejera de Economía y Hacienda del Gobierno murciano, Inmaculada García Fernández.

Por lo que se refiere a José Cáceres Olivares, éste es miembro de la dirección ejecutiva local del Partido Popular (secretario de Economía y Empleo, según consta en la web del partido) y presidente del Paso Azul de la Semana Santa de Águilas, que saca en procesión a la Patrona aguileña, la Virgen de los Dolores.

EL PROTOCOLO DE UN COMPAÑERO
El notario lorquino comenzó a ser investigado cuando los agentes de la UDEF-BLA localizaron, durante el transcurso de varios registros en viviendas de Marqués, la escritura de un inmueble de Hacienda del Hornillo. Los especialistas policiales comprobaron que el vendedor era el citado Sebastián Fernández Rabal, aunque habría utilizado -según fuentes vinculadas a la investigación- el protocolo de otro notario, conocido suyo, con el supuesto fin de ocultar las presuntas irregularidades existentes en la operación de compraventa.

Tras detener al notario y a su apoderado, los policías procedieron ayer a registrar los domicilios de ambos y, una vez concluidos éstos, también las dependencias de la notaría lorquina, de la que se llevaron abundante documentación. Las fuentes citadas señalaron que Sebastián Fernández encargó en días pasados la renovación completa del sistema informático de la notaría, lo que ha levantado suspicacias entre los investigadores por si pudiera tratarse de un intento de destruir documentos.

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