El Gobierno vigoriza el sector servicios y elimina trabas a las empresas ante la crisis

Garantizar el libre acceso a las actividades del sector servicios y eliminar obstáculos administrativos que hoy tienen que sortear las empresas a la hora de ejercer dichas actividades son los objetivos de las reformas aprobadas por el Consejo de Ministros ayer para el sector terciario: un proyecto de ley para transponer a España la directiva de servicios de la Unión Europea, que equivale a abrir este segmento al mercado único europeo, y un anteproyecto que introduce en 46 leyes nacionales los cambios precisos para garantizar su aplicación a todas las áreas. El vicepresidente económico, Pedro Solbes, espera que esas innovaciones creen 200.000 empleos, incrementen el PIB un 1,2% y mejoren la productividad.

La directiva europea de servicios, que los Estados de la UE deben incorporar a sus ordenamientos antes de fin de año, pretende instaurar a escala continental un mercado único de servicios. Para ello, hay que homogeneizar en un sentido liberalizador las veintisiete legislaciones nacionales y, no menos importante, derribar las barreras burocráticas que retrasan el desarrollo de actividades entre países. En España, el espíritu que impregna la reforma es la supresión de la obligatoriedad de recabar con carácter previo permisos innecesarios que retrasan el comienzo de la actividad. Se trata, en palabras de la vicepresidenta Teresa Fernández de la Vega, de eliminar «trabas anacrónicas» y superar la «tradición de pedir autorización para todo».

Por regla general, esas autorizaciones se sustituirán por comunicación o declaración responsable que podrá ser revisada por las autoridades. Eso, que en la práctica supone libertad de establecimiento y de prestación de servicios, será válido al cien por cien, para las actividades industriales, el sector energético y las telecomunicaciones. Pero como en todo, hay excepciones: la administración podrá exigir requisitos previos a la libre prestación de servicios cuando lo crea justificado por razones de salud pública, protección del medio ambiente u orden público. En esos casos, los trámites serán «proporcionados» y «no discriminatorios por razón de nacionalidad o domicilio social».

Ventanilla única

El prestador de servicios se beneficiará de procedimientos más sencillos y libres de duplicidades a la hora de cumplir diligencias como la inscripción en registros, la apertura de nuevos establecimientos o la renovación de permisos. La administración pondrá a disposición de los ciudadanos una ventanilla única donde se podrán realizar todos esos trámites -ya sean europeos, nacionales, autonómicos y locales- al objeto de desarrollar la actividad en cualquier país.

Solbes explicó que, si con esta reforma el país avanza en la liberalización según «la línea marcada por la Unión Europea», se crearán 200.000 empleos, el PIB crecerá 1,21% y la productividad, el consumo y los salarios registrarán subidas del entorno del 1%.

La 'ley ómnibus', que modificará otras 46 normas para adecuarlas a la directiva de servicios, introduce cambios en el sistema de colegios profesionales, un régimen anterior a la democracia y que Bruselas no ve con buenos ojos por su excesiva intromisión en asuntos que van más allá del comportamiento ético de los colegiados.

Sin entrar en aspectos como la obligatoriedad de colegiación para realizar determinadas actividades, los cambios son profundos. Elminarán funciones de estos organismos, como la fijación de baremos orientativos de precios y honorarios. Los obstáculos al ejercicio simultáneo de dos o más profesiones y las restricciones injustificadas a la publicidad por los profesionales. Las cuotas de inscripción que pagan los colegiados -que en algunos casos llegan a 6.000 euros- tendrán que ajustarse a los gastos que conlleva la tramitación de dicho ingreso.

La última acometida normativa del Gobierno contra la crisis no acaba ahí. El Consejo dio luz verde a un real decreto que incluye medidas de estímulo económico, que tienen por objetivo apoyar la actividad de las empresas.

Destaca la decisión de favorecer el acceso de las empresas a los seguros de crédito y caución, que en tiempos de crisis e impagos aseguran a las compañías el cobro de las deudas de las que son acreedoras. El Consorcio de Compensación de Seguros firmará un convenio con la patronal del sector (Unespa) para que la entidad estatal asuma parte del riesgo relacionado con esas coberturas. El Ejecutivo espera que esta medida permitar ralizar transacciones comerciales por valor de 40.000 millones. El consorcio, por su parte, asumirá un riesgo de 200 millones.

El Gobierno aprobó además una rebaja de los tipos de interés legal, que pasa del 5,5% al 4%, y de demora, de 7% al 5%. Completan el paquete una prórroga indefinida de las deducciones a las empresas por I+D+I y nuevas garantías para los inversores en las emisiones de entidades de crédito avaladas por el Estado.

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