Derecho a una vivienda digna

Asistimos a la historia contracíclica de una injusticia. No una, sino millones de injusticias que ha generado el mercado inmobiliario en nuestro país y especialmente en la Región de Murcia. Contracíclica porque los jóvenes de esta tierra hemos sufrido la imposibilidad de emancipación tanto en los años dorados del boom, como ahora que ha explotado la burbuja. Un bucle maldito en el que siempre nos toca perder y en el que la banca siempre gana. Este es uno de los motivos que ha impulsado al Foro Ciudadano a editar La Región de Murcia patas arriba, librito con 22 artículos para agitar conciencias por sólo 6 euros.

El mercado inmobiliario se ha convertido en una fuente de problemas para este país tanto en los años buenos, caracterizados por la escalada desvergonzada de los precios -impulsada por la especulación, que se servía y proporcionaba los estímulos a la corrupción-, la devastación del territorio y la precariedad y siniestralidad de los puestos de trabajo creados ante la avalancha ladrillera, reclamo para inmigrantes ahora en paro y para miles de jóvenes que igualmente han acabado sin empleo y con años perdidos para estudiar y cualificarse; pero claro, peor nos va con la crisis: hipotecas imposibles para los tres millones de parados y los nuevos proyectos de vida autónoma quedan paralizados ante el cierre del grifo crediticio por bancos y cajas de ahorros.

Y ante esta espiral de injusticia, ¿qué ha hecho el Gobierno regional? Pues agudizar el ciclo. En lugar de producir vivienda protegida para amainar la locura de los precios y reducir la demanda de vivienda libre, borraron esta partida de los presupuestos. Si en 1995 un 45% de las casas que se construyeron en la Región fueron viviendas sociales, diez años más tarde apenas lo eran 3 de cada 100. Ahora va a facilitar la conversión a VPO de las viviendas libres que no se venden pero está por ver si permitirá a los promotores controlar las adjudicaciones y poder así conseguir en B sus plusvalías.

Toda la preocupación es salvar al sector de la construcción de la hecatombe, causada por ritmos de 800.000 viviendas anuales en España, más que en el conjunto de los principales países europeos. Pero a nadie en San Esteban se le ocurrió pensar que autorizar tanta licencia de obra podía generar la actual estampa de resorts vacíos.

La burbuja se gestó en la absoluta contradicción de la teoría económica que produjo el pelotazo urbanístico. Cuantas más casas se hacían más aumentaba el precio del metro cuadrado. ¿Qué pasó para que la mano invisible del mercado estuviera tan torpe?

Para empezar, la Ley del Suelo, aprobada durante la primera legislatura del gobierno Aznar, que consiguió exactamente lo contrario de lo que decía perseguir: abaratar el precio del suelo al declarar todo el territorio urbanizable. Justo entonces se disparó el precio de la vivienda. Entre 1996 y 2001, en plena ola expansiva de la economía española, el coste salarial apenas aumentó un 13%, la adquisición de un hogar, un 54%. Estas cifras crearon una demanda insolvente, un nutrido grupo poblacional carente de los recursos necesarios para acceder a una vivienda pese a tener un trabajo remunerado y estar en una edad óptima para emprender un proyecto de vida autónomo al de sus padres.

Sin embargo, hubo muchos jóvenes mileuristas que compraron vivienda. Los bajos tipos de interés, que llegaron a estar por debajo de la inflación, lo alentaban. El Gobierno no hizo entonces la más mínima pedagogía para explicar a los compradores que el interés variable con el que se firmaban la práctica totalidad de hipotecas podía llegar a ser muy diferente. Ni hizo el más mínimo esfuerzo en pedir al Banco Central Europeo unos tipos que contribuyesen menos a recalentar la economía española. El pobre de Keynes y su política contracíclica estaban vetados.

Eran tiempos en que las letras del piso estaban mucho más baratas que los alquileres, la opción de los tontos; que pagaban más y no adquirían la bendita propiedad -los hipotecados realmente tardarán décadas en hacerlo, pero al menos podrán dejar casas ruinosas en herencia. Pero ha resultado que, como decía Woody Allen en Annie Hall, «todo lo que nuestras madres decían que era bueno, es malo: el Sol, la carne poco hecha y la Universidad». Así, la opción del alquiler no parece ahora tan contracultural.

Los bajos tipos y el sesgo de las políticas de los gobiernos del PP hacia la opción de compra -que gozó de suculentas deducciones fiscales- espolearon la irracional compra de vivienda que implantó en la psique colectiva una idea descabellada: cualquier precio es aceptable pues será siempre inferior al de dentro de unas semanas. Es la misma lógica que está detrás del actual frenazo en las ventas. Todo el mundo espera que los precios bajen más, ergo adquirir una vivienda ahora es absurdo. Es la tesis del hogar a revalorizar. La mercantilización del nido familiar.

Desde el preciso momento en que se concibe la vivienda como inversión -y se excluye del cómputo del IPC, sesgando el cálculo de lo que nos empobrecemos cada mes- se ataca el objetivo de instaurar el acceso a la vivienda como derecho ciudadano. La preponderancia del criterio económico -cortoplacista, como se está demostrando- sobre los principios de equidad social es el primer y principal obstáculo a derribar en la senda hacia el urbanismo digno.

La actual crisis económica causada por el pinchazo inmobiliario genera una agridulce sensatez en quienes protestamos durante las vacas gordas. ¡Vivir para ver! los poderosos que se hicieron de oro a costa de todos, asfixiados por su propia avaricia. Pero la adversidad de estos opulentos no es ni por asomo análoga a la desazón de los miles de jóvenes que han perdido su empleo y ven alejarse irreversiblemente sus posibilidades de emancipación.

En la actual coyuntura es más perentoria que nunca la reivindicación del derecho a una vivienda digna -que consagró la Constitución hace ahora 30 años- en esta Región deformada por la realidad política hasta ponerla patas abajo.

Antonio Pérez Hernández