La Plataforma Juicio Aznar tiene un nuevo objetivo: presentar después de Navidades una nueva querella contra el ex presidente del Gobierno José María Aznar por la participación española en la guerra de Irak. Y los nuevos documentos aparecidos que acreditan la connivencia de su Gobierno con los vuelos estadounidenses con destino a Guantánamo pueden ayudar.La querella se estructurará en tres ejes, con los que intenta evitar el revés que supuso el archivo de las interpuestas en 2003 por alrededor de 12.000 ciudadanos.
El primero de los argumentos de la acusación será precisamente el utilizado en esas denuncias: la forma en la que se decidió la participación española en la guerra por parte del jefe del Ejecutivo sin previa autorización de las Cortes.
El equipo jurídico de la plataforma defenderá que el delito de traición, cuya persecución sólo puede ser instada por una cuarta parte del Congreso y aprobada por mayoría absoluta, no es aplicable a este caso, pese a que así lo concluyó el Supremo al rechazar las denuncias de 2003.
Lluis Orri, miembro de la comisión jurídica de la plataforma, confía en que en esta ocasión el Alto Tribunal entienda que el artículo 588 que castiga con penas de prisión de entre "15 a 20 años a los miembros del Gobierno que, sin cumplir con lo dispuesto en la Constitución, declararan la guerra o firmaran la paz" está mal ubicado en el Código Penal y que se tenga en cuenta que Aznar ya no forma parte del Gobierno, aunque siga siendo aforado al ser miembro del Consejo de Estado.
El segundo eje de la iniciativa penal será el artículo 590, previsto contra "el que, con actos ilegales o que no estén debidamente autorizados, provocare o diere motivo a una declaración de guerra contra España por parte de otra potencia, o expusiere a los españoles a experimentar vejaciones o represalias en sus personas o en sus bienes".
Para los miembros de la plataforma esto "desgraciadamente se concretó en el 11-M". Aunque la sentencia de la Audiencia Nacional no hiciera ninguna referencia a este dato, para no justificar en ningún caso un atentado, los terroristas que se suicidaron en Leganés (Madrid) en abril de 2004 esgrimían la guerra de Irak en las reivindicaciones que dejaron grabadas.
Y el aspecto más complicado de la querella que se prepara: los crímenes de guerra o los delitos contra las personas y bienes en caso de conflicto armado. El Supremo también entendió imposible acusar a Aznar y a su Gobierno de las acciones bélicas cometidas por el ejército estadounidense. Pero Orri espera acreditar el auxilio prestado por España, a través de sus instalaciones militares, a los bombardeos estratégicos perpetrados por la Administración Bush en Irak.
Según la plataforma, los aviones de EE UU repostaban en cielo español. La principal dificultad consiste en encontrar testigos de esta colaboración, por la difícil situación en la que se encontrarían los pocos testigos que podrían declarar cómo se hacían los repostajes.
Un problema que también se plantea en la causa abierta por el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno para investigar el uso de aeropuertos españoles por aviones que trasladaban presos talibanes y de Al Qaeda a Guantánamo.
La plataforma que cuenta con más de 22.200 adhesiones, entre ellas la del ex fiscal jefe Anticorrupción Carlos Jiménez Villarejo, el secretario general del PCE, Francisco Frutos, o el profesor Carlos Taibo está estudiando personarse en esta causa o presentar una nueva querella, que, según Orri, terminará acumulándose a las actuaciones iniciadas en el Juzgado Central de Instrucción número 2.
Por un método u otro se denunciará que funcionarios policiales españoles viajaran a Guantánamo a interrogar a presos, pese a la violación de derechos de la que eran víctimas.
publico.es
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