El texto recoge el 2015 como fecha de caducidad del Tajo-Segura. Valencia y Murcia, beneficiarias de la infraestructura, se oponen a la aprobación de la cláusula. La reforma del Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha se someterá hoy martes, al debate de toma en consideración del Congreso de los Diputados, el primer trámite del texto en las Cortes generales, después de su aprobación por unanimidad en el Parlamento regional el 29 de enero de 2007.
La reforma llega a la Cámara Baja con posiciones opuestas entre los diputados nacionales castellano-manchegos y los de las comunidades valenciana y murciana sobre la disposición transitoria primera del texto, que recoge el 2015 como fecha de caducidad del trasvase Tajo-Segura.
La cuarta reforma del Estatuto, tras las elaboradas en 1991, 1994 y 1997, llega al Congreso con el consenso del PSOE y del PP de Castilla-La Mancha, los dos únicos partidos con representación parlamentaria en las Cortes regionales, que lo elaboraron y votaron conjuntamente en el Parlamento, tras firmar hace ya tres años el denominado Pacto de Fuensalida, que inició el proceso estatutario.
El punto ''estrella'', tras los 170 artículos del texto, es la disposición transitoria primera, en la que se pide que el volumen de agua trasvasable desde el Tajo al Segura se reduzca progresivamente a partir de la entrada en vigor del Estatuto hasta su definitiva extinción, que "en todo caso se producirá en 2015, coincidiendo con el plazo establecido para el cumplimiento de los objetivos medioambientales y los plazos referidos al buen estado ecológico de la aguas superficiales establecidos por la Directiva Marco de Aguas".
Asimismo, establece que el nuevo Plan Hidrológico de la cuenca hidrográfica del Tajo, que deberá estar aprobado en 2009, fijará la dotación suficiente a las necesidades y derechos reconocidos, a favor de Castilla-La Mancha por la normativa vigente en el momento de la entrada en vigor del Estatuto, la disminución progresiva de los caudales trasvasables, así como el incremento de las reservas no trasvasables.
Desacuerdo en Levante
Añade al final de la disposición que hasta tanto se produzca la definitiva extinción del trasvase Tajo-Segura la Junta de Comunidades participará con voz y voto en los órganos permanentes de gestión y control constituidos en relación con el citado trasvase en proporción a su extensión territorial.
La inclusión de estas cláusulas en la reforma estatutaria ha contado durante este tiempo con la oposición frontal de los socialistas y ''populares'' de la Comunidad Valenciana y de Murcia, beneficiarios de esta infraestructura, y que han manifestado, por diferentes interlocutores su intención de rechazar este punto del texto durante su trámite en el Parlamento nacional.
En Castilla-La Mancha, pese al consenso, la defensa de la caducidad del trasvase también ha sido motivo de reproches y de acusaciones mutuas de "debilidad" entre el presidente regional, José María Barreda y la presidenta ''popular'', María Dolores de Cospedal, hasta la reunión que ambos mantuvieron el pasado 26 de septiembre en Toledo, momento en que pactaron un ''tiempo muerto'' y defender conjuntamente el fin de esta infraestructura, con independencia de las posturas de sus partidos en otras CCAA.
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