2 de septiembre de 2008

Víctimas del régimen franquista


El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón reclamó al Archivo General de la Administración y al Centro Documental de la Memoria Histórica cuanta información atesoren que permita cuantificar el número de desaparecidos que hubo en España desde el 17 de julio de 1936 y durante la dictadura del general Francisco Franco, al objeto decidir si es competente para enjuiciar al régimen franquista.

El magistrado también solicitó a todos los particulares y administraciones implicados información sobre las exhumaciones de restos en marcha, ya que su intención es que sean controladas por su juzgado.

Garzón investiga en un único sumario las denuncias de una decena de asociaciones de familiares de desaparecidos durante la Guerra Civil o en los primeros años del franquismo.

Algunos estudios concluyen que entre 1936 y 1945 el número de represaliados del franquismo cuyos restos mortales nunca se encontraron supera los 30.000, pero no existe un dato preciso.

Al Centro de la Memoria Histórica, el juez le solicita los ficheros del Tribunal Especial para la Represión de la Masonería y el Comunismo, si los tiene, y la base de datos de muertos y desaparecidos que elabora a partir de diversas fuentes documentales.

También reclama al Ministerio de Defensa los archivos de los tribunales militares que participaron en la represión franquista, y a la Dirección General de los Registros y del Notariado, cuanta información haya sobre ese asunto en los archivos civiles.

El juez ordena por último a la Conferencia Episcopal que comunique a todas las parroquias españolas, casi 23.000, «que deberán permitir el acceso de la Policía Judicial» a sus libros de difuntos.

El juez Garzón aprovecha su resolución de ayer para dar respuesta a varias peticiones particulares de las distintas asociaciones personadas en la causa.

Así, a instancias de asociaciones de presos del franquismo, el magistrado reclama a la congregación benedictina que atiende el Valle de los Caídos y a la Delegación del Patrimonio Nacional de San Lorenzo del Escorial, responsable último del recinto, la identidad de las personas allí enterradas, su procedencia geográfica y el motivo de estar allí sepultados sin que, en muchos casos, sus allegados tengan noticia de ello.

Fosas comunes

También reclama Garzón información sobre los enterrados en fosas comunes descubiertas en los cementerios de San José (Granada), Nuestra Señora de la Salud y San Rafael (Córdoba) y San Fernando (Sevilla).

Los oficios judiciales van dirigidos a los alcaldes de las respectivas localidades, aunque en el caso granadino, en el que se buscan los restos de Federico García Lorca, también se solicita al rector de la Universidad cuanta información tenga la institución sobre la existencia de fosas comunes en esa provincia andaluza.

Las primeras denuncias contra los crímenes del franquismo llegaron a la Audiencia Nacional el 18 de julio de 2007. Desde entonces, la causa se ha visto lastrada por la oposición de la Fiscalía a que sean admitidas a trámite.

Las asociaciones de víctimas y familiares consideran que todos los delitos atribuibles a la dictadura de Franco son de lesa humanidad y no prescriben.

El Ministerio Público, en cambio, considera que son delitos comunes prescritos en aplicación de la Ley de Amnistía de 1977, por lo que reclama el archivo de las diligencias. En todo caso, los distintos crímenes son competencia de los jueces ordinarios del lugar donde se cometieron.


laverdad.es

3 comentarios:

Escolar.net dijo...

Desaparecidos. Fosas comunes. Torturas. Fusilados. Las palabras evocan el Chile de Pinochet, la Argentina de Videla. Duele reflejarse en ellas. Cuesta pensar en España como un país que esconde en las cunetas de sus carreteras los huesos de 30.000 desaparecidos, tal vez más.

La paja en el ojo ajeno. Desde que el Tribunal Constitucional determinó en el 2005 que los tribunales españoles pueden juzgar casos de genocidio y crímenes contra la humanidad, España se ha convertido en la corte internacional más diligente en la defensa de los derechos humanos. La Audiencia Nacional investiga los abusos de las tiranías en China, Guatemala, Ruanda, Argentina o Chile. Cuanto más lejos, más grande es el milagro. La Audiencia Nacional se atreve con todo, menos con los crímenes de los llamados “nacionales”. Asusta más un Franco muerto que un Pinochet vivo.

Un aplauso para Baltasar Garzón, pues ya era hora. Aunque el paso dado llegue tan tarde y sea aún tan escaso. De momento, el juez se limitará a elaborar el censo pendiente del genocidio, desde el golpe de estado hasta la muerte del dictador. Sólo será la dolorosa lista de crímenes, no el castigo para los criminales. Tantos años después, y ni siquiera hemos limpiado esa mínima mugre. Tantos años después, y ni siquiera sabemos los nombres de las víctimas, de los desaparecidos.

Algunos dirán que para qué remover el pasado. Por qué no pasar página. El drama es que no hablamos de pasado, sino de presente. Los muertos aún están ahí, en las cunetas. Sus familias aún están ahí, en los juzgados. Tras treinta años de amnesia democrática, tras tres décadas de su sacrosanta transición (sin pecado concebida), la memoria se pudre. Como se pudre la sociedad que permite que una viuda no pueda enterrar a su marido.

Anónimo dijo...

¡¡¡¡YA ERA HORA!!!!!

viajero dijo...

Es triste leer hoy en la prensa cómo todavía hay personas que se quejan de que se busque en la historia, dicen que hay que dejar las cosas cómo están, que lo contrario es enfrentar a los españoles.

La historia nunca se ha escrito olvidando, sino conociendo nuestro pasado, por doloroso que este sea. En Alemania han pasado página de su época nazi, pero no por ello han impedido que se investigue sobre esta dolorosa parte de su historia. Y no por ello se debilitan sus instituciones ni se quiebra la paz entre los alemanes.

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