El Gobierno regional incumple la Ley de Dependencia

La Ley para la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia, aprobada en diciembre de 2006 por el Gobierno de España, reconoce como derecho universal la atención a todas las personas que se encuentren en esta situación.

Esto es, sin lugar a dudas, el aspecto más importante de la ley que, junto a la obligatoriedad de las administraciones públicas de hacer efectivo ese derecho, viene a resolver la gran asignatura pendiente del Estado del bienestar.

La necesidad social de una ley de estas características se ve reflejada en nuestra Región por las más de 29.000 solicitudes de ciudadanos que, hasta ahora, han pedido poder acogerse a la misma. Una cifra que desborda las previsiones iniciales y que pone de manifiesto el déficit de prestaciones sociales existente en nuestra Comunidad Autónoma ya que la mayoría de estas personas no recibía ninguna ayuda de la Administración regional, que es quien tiene todas las competencias en política social.

Para que los ciudadanos que lo necesitan puedan acceder a este derecho es necesario que el Gobierno regional abra la puerta que les permita hacerlo efectivo, Esa puerta se abre cumpliendo la ley, ya que en ella se establece que las comunidades autónomas son las encargadas de tramitar las solicitudes en dos niveles: asignando el grado de dependencia a cada solicitante y, posteriormente, fijando la prestación adecuada a sus necesidades de dependencia, dentro de las contempladas en la ley.

Pero el Gobierno regional incumple la ley frenando la tramitación de esos expedientes. Tomando como buenos los datos dados por la propia Consejería de Política Social, al mes de julio teníamos en la Región más de 29.000 solicitudes presentadas. De ellas, alrededor de 14.000 estaban valoradas, es decir, tenían grado asignado pero solamente 3.600 estaban recibiendo las prestaciones que contempla la ley.

Los expedientes presentados por el Gobierno regional ante el Ministerio de Educación, Política Social y Deporte a fecha 30 de junio de 2008 eran los siguientes: 13.311 expedientes, de los cuales 6.654 son grandes dependientes, grado III; 4.618 son grandes dependientes, grado II, y 2.039 como dependencia severa, grado II.

Todos ellos tienen grado protegible y dentro de la aplicación gradual de la ley los grandes dependientes tienen derecho a prestaciones desde 2007 y los de dependencia severa desde este año; sin embargo, el propio Gobierno regional reconoce que sólo están recibiendo las ayudas 3.600.

Esto significa que el Gobierno regional está privando a unos 10.000 ciudadanos del derecho que les reconoce la ley de Dependencia porque, estando valorados y con grado protegible, es decir, con derecho reconocido a prestaciones, la Consejería de Política Social no les ha asignado, todavía, prestación alguna ya que no ha ultimado la tramitación de sus expedientes a pesar de que la ley establece un plazo de tres meses para resolverlos. Por lo tanto, el Gobierno regional está frenando e incumpliendo la ley.

Los ciudadanos que se vean privados de sus derechos pueden reclamar ante la Administración regional, pues les ampara la ley de Dependencia y otras normativas que obligan al Gobierno regional a ser ágil en la tramitación de los expedientes y a hacer efectivos los derechos de los ciudadanos. El Partido Socialista de la Región de Murcia ha colgado en su página web borradores de reclamación que pone a disposición de los ciudadanos que quieran reclamar.

Desde el Grupo Parlamentario Socialista hemos pedido la creación de una comisión especial en la Asamblea Regional que sirva para analizar y conocer las razones por las que se está impidiendo a miles de ciudadanos, en situación de dependencia, el derecho a acceder a las prestaciones que la ley les garantiza y hacer un seguimiento de la aplicación de esta importantísima ley en nuestra Región.

Hemos solicitado también la comparecencia urgente del consejero, Joaquín Bascuñana, en la Asamblea, pero el PP, con su mayoría de votos en la Diputación Permanente, ha impedido que se puedan debatir estas iniciativas en un pleno extraordinario y urgente. No cabe duda: les asusta la transparencia en este tema.


Teresa Rosique Rodríguez es diputada del Grupo Parlamentario Socialista en la Asamblea Regional de Murcia.