Los casos más destacados de la presunta corrupción política en Murcia

("Eres un tío grande y honrao", le dijo Valcárcel a Morales)
La sombra de Aznar.

El año 2008 comienza con serias dudas sobre el futuro de algunos insignes políticos regionales. El Partido Popular ya tenía, antes de los escándalos judiciales, un importantísimo blindaje jurídico, propio de sociedades empresariales de altísimo nivel. Pero ante la presunta avalancha de casos judiciales que anuncian los mass media, unos más que otros, contratan a especialistas de primer orden en el ámbito penal. Trabajo no les va a faltar. LA SOMBRA DE AZNAR resume en este reportaje los casos más importantes que se encuentran por los tribunales. Pero no están todos...pero son dignos de un guión de Hollywood. Una vez más, la realidad, supera a la ficción. Pasen y vean, amigos lectores.

MURCIA
La titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Murcia ha decidido admitir a trámite la querella presentada por el fiscal jefe del TSJ de Murcia, Manuel López Bernal, contra el ex jefe de Planeamiento de la Gerencia de Urbanismo del ayuntamiento de Murcia, Joaquín Peñalver, en la actualidad en excedencia. En la misma, presentada ante el juzgado el pasado 21 de marzo, Bernal denunciaba que Peñalver habría favorecido a varias constructoras en la valoración del suelo. Tras estudiar la documentación aportada por el fiscal jefe junto a la querella, la jueza estima que hay suficientes indicios racionales para investigar si, en efecto, el que fuera número tres de la Gerencia de Urbanismo habría incurrido en los presuntos delitos de prevaricación, cohecho y tráfico de influencias.

A su vez, la querella del fiscal jefe derivó de un informe elaborado por el Colegio de Arquitectos a petición de López Bernal. En el documento, los responsables de esta institución denunciaban que Peñalver había informado favorablemente "proyectos totalmente ilegales". Entre las irregularidades denunciadas, los arquitectos señalaban que Peñalver "aumentaba la edificabilidad de un plan parcial sin modificar el Plan General o hacía valoraciones a la baja del patrimonio municipal que se cedía a empresas privadas". Además, el Colegio de Arquitectos abrió un expediente al arquitecto municipal hace más de un año paralizado desde que el fiscal jefe inicio diligencias informativas-, por presunta incompatibilidad entre su puesto en la Gerencia de Urbanismo y la actividad profesional del estudio de su familia.

Esta presunta incompatibilidad fue denunciada por seis estudios de arquitectos. Según un informe hecho público por el PSOE en marzo y elaborado por los colegios de arquitectos, tras hacer una valoración de la edificabilidad de uno de los convenios de la zona norte suscrito por el equipo de gobierno con las empresas Urbamur, Visionaria y Obralia, que el Ayuntamiento de Murcia dejará de ingresar en las arcas municipales más de 126 millones de euros.

AGUILAS
El juzgado de instrucción número tres de Murcia, que admitió a trámite la querella presentada por la fiscalía del Tribunal Superior de Justicia inicialmente contra siete personas en el caso La Zerrichera, ha decidido imputar también al promotor del proyecto de la urbanización de Águilas, Trinitario Casanova Abadía, quien con anterioridad se había personado en el juzgado de Murcia como interesado por una denuncia de soborno. De esta forma ya son nueve las personas imputadas por el caso de La Zerrichera, entre las que también están, al igual que Trinitario Casanova y Pedro Gil, los ex directores generales de Calidad Ambiental y de Vivienda, Arquitectura y Urbanismo, Antonio Alvarado y Manuel Alfonso Guerrero, respectivamente; la también ex directora general de Medio Natural, Encarna Muñoz; el subdirector general de Vivienda, José María Ródenas, y el jefe del servicio de Calidad Ambiental y presidente de la comisión técnica de Impacto Ambiental, Juan Ignacio Sánchez Gelabert, por parte del Gobierno regional. Relacionados con el ayuntamiento de Águilas están imputados el alcalde, Juan Ramírez, y el ex concejal de Agricultura, Pesca, Parques y Jardines, José López Díaz.

CARTAGENA
La construcción de un campo de golf y 5.000 viviendas en el humedal de Lo Poyo, a orillas del Mar Menor, ha movilizado a vecinos y ecologistas. Cartagena es la conexión murciana con la trama marbellí: se investigan presuntas irregularidades en la compra de estos terrenos por parte del empresario vasco Javier Arteche (detenido en la 'operación Malaya') y una supuestas comisiones de dos millones de euros pagadas por Roca (el cerebro de la corrupción en la Costa del sol). El expediente urbanístico ha sido paralizado.

La fiscalía ha decidido además abrir de oficio diligencias por la construcción de 10.000 viviendas y un campo de golf en una zona protegida. El proyecto, llamado Novo Carthago, fue presentado por el Gobierno de Murcia antes de la recalificación. El proyecto de Hansa Urbana es investigado por la fiscalía murciana después de que se conociera que el campo de golf previsto en la urbanización se iba a construir en un paraje protegido por la Unión Europa como Zona de Especial Protección de Aves (ZEPA) y Lugar de Interés Comunitario (LIC). Además, la mayoría del terreno afectado por Novo Carthago está protegido al ser huerta del trasvase Tajo-Segura, tal y como consta en los informes de las Consejerías de Obras Públicas y Agricultura del gobierno de Murcia, que desaconsejaban la reclasificación de los terrenos.

SAN JAVIER
Se investiga por un presunto trato de favor en adjudicaciones públicas al alcalde, José Hernández Sánchez (PP), socio de Santiago Martínez Esparta y Juan Gracia Jiménez —dos de los principales promotores en la zona del Mar Menor— en la empresa Nueva Valencia al Mar, S.L. Además, el proyecto Puerto Mayor (un puerto deportivo con 1.000 puntos de amarre en La Manga del Mar Menor, más de 800 viviendas, un hotel, palacio de exposiciones y un campo de golf de 500.000 metros cuadrados ganados al mar) está paralizado. Antonio Sánchez Carrillo, alto cargo del PP de Murcia, figuraba como consejero en la promotora. Antonio Alvarado (director general del Medio Natural) y Marcos Ortuño (director general de Transportes y Puertos) también están imputados.

Los directores generales de Calidad Ambiental y de Transportes y Puertos, Antonio Alvarado y Marcos Ortuño, deberán dar además explicaciones por su participación en los expedientes administrativos que permitieron la reanudación de las obras de Puerto Mayor, en octubre del año 2003. El magistrado Francisco José Albaladejo Caravaca, titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Murcia, ha admitido a trámite la querella presentada por el PSOE murciano por un presunto delito de prevaricación administrativa, según se ha conocido ahora. La iniciativa judicial fue presentada por José Ramón Jara, número dos de los socialistas murcianos.

ARCHENA
IU dice que Archena es «otra Marbella», y ha denunciado ante la Fiscalía presuntas irregularidades del alcalde, Manuel Marcos Sánchez (PP), en la gestión urbanística y venta de terrenos como los de Logamar, Pago Barranco y Pedáneo, entre otros.

CIEZA
El alcalde, Antonio Tamayo (PP), ha sido denunciado por falsedad en documento público y prevaricación en relación con el 'caso Golf Benís', unos convenios urbanísticos para recalificar 270 hectáreas y construir 5.000 viviendas y un campo de golf que podrían haber beneficiado al primer edil, su nuera (propietaria de la mayoría de los terrenos) y la concejala de Urbanismo (hermana de la nuera del alcalde), entre otros. En este municipio, Greenpeace denuncia la recalificación de 20 millones de metros cuadrados para su urbanización.

El alcalde, Antonio Tamayo declaró además en el Juzgado número 3 de Cieza por el denominado caso Cláufer, después de que el fiscal del Tribunal Superior de Justicia de Murcia decidiera remitir al mismo las diligencias abiertas por la presunta concesión irregular de una licencia de ampliación a una granja porcina ilegal propiedad del jefe de Sanidad Animal de la Comunidad Autónoma, tras observar indicios de una supuesta prevaricación y tráfico de influencias. También están citados a declarar la responsable de Urbanismo y dos técnicos municipales.

MAZARRON
El Juzgado de Instrucción nº 4 de Totana ha admitido a trámite una querella criminal presentada contra el concejal de Personal del Ayuntamiento de Mazarrón, Miguel Ballesta, por un presunto delito de prevaricación, tal y como confirmó a esta Redacción el abogado que lleva el caso, Pablo Ruiz Palacios, perteneciente al gabinete Quórum abogados. La querella ha sido presentada por una vecina que considera que el edil puede haber incurrido en un delito de prevaricación a la hora de contratar personal para el Consistorio.

La Justicia investiga también el pago de 33.000 euros por parte del alcalde, Francisco Blaya (PP), al concejal Domingo Valera (Partido Independiente por Mazarrón -PIXM), cuyos tres concejales permitieron la recalificación de más de 41 millones de metros cuadros de suelo rústico, que será urbanizable, y donde se planean construir 43.000 viviendas. Las tres principales empresas beneficiadas: Polaris World, Euromarina, e Iniciativas Urbanísticas de Mazarrón.

VILLANUEVA DEL RÍO SEGURA
El primer edil, José Luis López (PP), el arquitecto municipal y tres concejales del equipo de Gobierno han sido denunciados por Ecologistas en Acción por la concesión de una licencia para construir la urbanización 'Spa Valley' en el paraje de La Morra. Según los ecologistas, la zona es dominio público hidráulico del río Segura.

PUERTO LUMBRERAS
El alcalde de Puerto Lumbreras y diputado regional, Pedro Antonio Sánchez, tendrá que comparecer como imputado en los juzgados de Lorca, donde se ha admitido a trámite unas querellas por presuntos delitos interpuestas por los concejales del grupo socialista de la anterior corporación municipal. El Tribunal Superior de Justicia concluyó que se sigan las diligencias previas incoadas mediante auto en el Juzgado de Instrucción número 5 de Lorca con fecha de 7 de noviembre de 2007. En las diligencias 11001/2007 se acusa al dirigente popular de prevaricación, cohecho, malversación de caudales públicos, alteración del precio de concursos, negación prohibida a los funcionarios, fraude y exacciones ilegales y tráfico de influencias, según han informado a VMPress fuentes judiciales.

LOS ALCAZARES
La Fiscalía investiga un convenio firmado en 2001 entre la empresa Condeor -intervenida en la "operación Malaya"- y el Ayuntamiento por el que la sociedad aportaba 630.000 euros para financiar la construcción del nuevo consistorio a cambio de una modificación de uso de una parcela de 1.750 metros cuadrados en el centro del pueblo donde Juan Antonio Roca construyó un hotel de cuatro estrellas y un aparcamiento de 300 plazas.

ABANILLA
El Juzgado de Instrucción número 3 de Cieza está investigando un supuesto caso de falsedad de documentos en el Ayuntamiento de Abanilla (gobernado por el PP). El próximo 11 de enero declararán en calidad de imputados el primer teniente de alcalde, José Antonio Blasco (concejal de Economía y Hacienda); el ingeniero José Enrique Pérez González y el secretario municipal, Miguel Castillo López. Según una denuncia del Partido Socialista, se detectaron algunos expedientes de obra y en uno de ellos faltaba una documentación necesaria para ejecutar los trabajos. Dos concejales del PSOE exigieron esos documentos y no se los reenviaron.

TORRE PACHECO
El alcalde de Torre Pacheco, Daniel García Madrid (PP), tendrá que comparecer ante la titular del juzgado número cuatro de San Javier, del uno al 15 de cada mes. Así se lo ordenó la juez que instruye el caso, Aránzazu Moreno, por presuntas irregularidades urbanísticas. La investigación judicial, cuyas diligencias han sido declaradas secretas, está motivada por un supuesto trato de favor a constructores y promotores de la comarca por parte del Ayuntamiento, y tiene su origen en una denuncia presentada hace meses por un particular ante la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Murcia.

La juez de San Javier investiga si los responsables municipales cometieron supuestos delitos de tráfico de influencias, prevaricación e incluso cohecho en la tramitación de varios proyectos inmobiliarios y en la resolución de expedientes sancionadores de carácter urbanístico. En la investigación está trabajando activamente la Guardia Civil, que incluso ha practicado seguimientos a los empresarios y políticos relacionados con el caso. También se han realizado por orden judicial pinchazos a los teléfonos de algunos de los implicados, según precisaron fuentes de la investigación. Otra vertiente de la investigación judicial, añadieron las mismas fuentes, son las empresas de familiares de algunos concejales que podrían haberse beneficiado de contratos municipales.

FUENTE ÁLAMO
La alcaldesa de Fuente Álamo, María Antonia Conesa, quedó, junto con cinco personas más, en libertad con cargos tras declarar ante la titular del juzgado de Primera Instancia e Instrucción número cuatro de San Javier por presuntas irregularidades urbanísticas en el Ayuntamiento de Fuente Álamo. Además de la alcaldesa de ese municipio, fueron puestos en libertad con cargos la concejala de Obras y Servicios, Inés Mendoza; la anterior responsable de Urbanismo, María del Mar Pedreño; el empresario de la construcción Facundo Armero y el arquitecto municipal José Mariano Sánchez Martini.

LIBRILLA
El PSOE ha denunciado ante la Fiscalía Anticorrupción al alcalde de Librilla, el popular José Martínez García. Lo acusan de querer pagar facturas por valor de 236.919 a dos empresas constructoras por unos trabajos «que no existen». Lo dijo el secretario de Política Municipal, José Ramón Jara. El Grupo Socialista ha enviado a Madrid 99 facturas de las empresas Construcciones Hermanos Gregorio Barrancos y Urexcon, que pertenecen al mismo titular, según Jara. Las facturas corresponden a presuntas obras realizadas entre abril y junio de 1999, en calles y caminos de Librilla.

El Ayuntamiento de Librilla, a través de la sociedad municipal Iniciativas para el Desarrollo de Librilla, contrató la elaboración del nuevo Plan General de Ordenación Urbana del municipio sin concurso ni publicidad con una sociedad inexperta y sin actividad conocida en el sector. La sociedad beneficiaria se denomina Asesores de Calidad y Desarrollo de la Ingeniería, S.A. (ACADI), constituida en el año 2001 por el ingeniero de Caminos Domingo Peñalver Rojo y en la que figuran como accionistas él mismo y su padre. Esta sociedad, radicada en Murcia, declaró pérdidas hasta el año 2003, cuando empezó su colaboración con el municipio de Librilla, y carece de personal asalariado, según figura en las memorias anuales presentadas por ACADI en el Registro Mercantil.

FORTUNA
Una ex concejal del PP de Fortuna acusa a su alcalde de comprar votos. Asegura que el primer edil, su esposa, hermano y dos concejales ofrecían favores a cambio del apoyo electoral. El juicio a la ex edil acusada de delito electoral ha sido suspendido y remitido al juzgado de instrucción número 1 de Cieza. «He visto comprar votos y rellenar solicitudes de voto por correo al propio alcalde de Fortuna, su mujer, su hermano y varios concejales». Firme y decidida, María Dolores Sánchez, acusada de un presunto delito electoral, no dudó, en el transcurso de su juicio celebrado en la mañana de ayer, en apuntar su dedo delator hacia sus propios compañeros de partido.

TOTANA
La titular el Juzgado número uno de Totana, María Asunción Navarro, ha decretado prisión provisional sin fianza para el alcalde de Totana, el 'popular' José Martínez Andreo, en el marco de la Operación Totem que investiga una presunta trama de corrupción urbanística en esa localidad, ha informado el Tribunal Superior de Justicia. La decisión de la juez, anunciada poco antes de las dos de la madrugada, se produce después de la toma de declaración del primer edil, que entró en el juzgado a las ocho de la mañana de ayer, domingo, cuando Martínez Andreo, detenido el pasado viernes, fue puesto a disposición judicial. Navarro dejó ayer por la noche en libertad provisional bajo fianza de 20.000 euros a la secretaria general del Ayuntamiento, Laura Bastida, y al empresario y ex edil Juan Francisco Casanova. Ambos tienen también la obligación de comparecer ante el juzgado.

La nota informativa del TSJ no especifica los nombres completos ni los cargos que se imputan a cada uno de los encausados, si bien informa de la lista de delitos que instruye en este caso que afecta a las doce personas detenidas los pasados lunes, jueves y viernes. La relación de delitos incluye cohecho, falsedad en documento público, falso testimonio, omisión del deber de perseguir delitos, tráfico de influencias, fraude, malversación de caudales públicos, prevaricación, infidelidad en la custodia de documentos, contra la intimidad y blanqueo de capitales.

ADJUDICACIÓN TV AUTONÓMICA
La Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Murcia (TSJM) ha abierto diligencias informativas por un presunto delito de prevaricación sobre el proceso de adjudicación del canal autonómico 7 Región de Murcia al Grupo Empresarial Televisión de Murcia (GTM), según confirmaron ayer fuentes de la fiscalía. Esta empresa se encarga de gestionar el canal público durante siete años, y a cambio percibirá 36 millones de euros más el IPC anual, procedentes de las arcas autonómicas, con lo que en total serán al menos 252 millones.

Los medios locales apuntan que la investigación del fiscal jefe del TSJM, Manuel López Bernal, se abrió el pasado mes tras la denuncia de un particular por un presunto delito de prevaricación en el procedimiento de concesión. GTM está formado por empresas relacionadas con la construcción como Foro Corporativo de Medios (Intereconomía), la productora de televisión Prodher; Mediterránea de Inversión Grupo 4; Palprom 2004, Grupo Polaris; Palatino 2002 y el Grupo Fuertes.

BALSA YENNY
La Fiscalía Anticorrupción investiga al Ejecutivo de Murcia por dos presuntos delitos de prevaricación y malversación de fondos públicos al haber aprobado la cesión gratuita de un vertedero de estériles de minerales contaminantes, denominado balsa Jenny, que después limpió con cargo al erario público y un coste de 5,4 millones de euros. La empresa propietaria, Portmán Golf, no sólo no sufragó la limpieza del terreno, sino que cobró 2,72 millones por permitir el depósito de los estériles contaminantes en una zona aledaña, de su propiedad, según la Fiscalía. El coste de la operación se financió con dinero público tres años después, tras adjudicarle la sociedad estatal Tragsa la contrata de depósito de los residuos peligrosos.

Según la investigación de la Fiscalía Anticorrupción, los empresarios no sólo no pagaron por la limpieza de sus terrenos, ignorando el principio básico de la legislación ambiental de que quien contamina paga, sino que al final se hicieron con un contrato para su limpieza En este sentido, la Ley de Residuos dice en su artículo 27.2 textualmente: "La declaración de suelo como contaminado obligará a realizar las actuaciones necesarias para proceder a su limpieza y recuperación, en la forma y plazos en que determinen las respectivas comunidades autónomas. Estarán obligados a realizar las operaciones de limpieza los causantes de la contaminación". Tras adjudicarle sin concurso Tragsa el traslado de los estériles, éstos acabaron a escasa distancia de la balsa inicial, en terrenos propiedad también de la empresa Portmán Golf.

El Ministerio Público considera que hay indicios de un delito de malversación de caudales públicos, porque no cabe imaginar que el Ejecutivo murciano, que preside Ramón Luis Valcárcel (PP), desconociese el artículo 27 de la Ley de Residuos al aceptar la cesión gratuita de la balsa y luego financiar, con fondos públicos, incluidos los de la Unión Europea, su limpieza y recuperación.