La Fiscalía General del Estado ha acumulado indicios para iniciar la ofensiva judicial con la que poner fuera de juego a las dos formaciones políticas que se niegan a condenar los atentados de ETA y que sucedieron a Batasuna en las principales instituciones vascas y navarras tras su ilegalización.
El departamento que dirige Cándido Conde-Pumpido presentará en los próximos días ante la Sala Especial del Tribunal Supremo, encargada de ejecutar la Ley de Partidos Políticos, la demanda de ilegalización del PCTV por entender que este partido político sucede a Batasuna y tiene vínculos con la formación ilegalizada, así como una petición de suspensión de sus actividades ante el juez de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, que instruye la causa contra estas formaciones políticas independentistas.
En la semana del 21 al 27 de enero, la Fiscalía General del Estado tiene la intención de impulsar dos iniciativas semejantes, ante el Supremo y ante el juez Garzón, contra Acción Nacionalista Vasca, para lo que espera contar con el último informe de las Fuerzas de Seguridad sobre esa formación política.
A la vez, el Gobierno podría autorizar a la Abogacía del Estado en los próximos días a iniciar el procedimiento para impulsar ante el Supremo la ilegalización de ANV y PCTV, con lo que se repetiría lo ocurrido en 2002 en relación con el proceso a Batasuna, que concluyó con su ilegalización y salida de las principales instituciones vascas.
En aquella ocasión, el Ejecutivo de José María Aznar llevó su iniciativa al Congreso donde obtuvo el apoyo del PSOE, con el que mantenía una sintonía plena en materia de política antiterrorista. En esta ocasión, el Gobierno tiene la intención de impulsar la ilegalización a través de la Abogacía del Estado sin pasar por el Congreso, donde encontraría resistencia a la iniciativa por parte de alguno de los grupos parlamentarios con los que ha establecido alianzas durante toda la legislatura, como IU, ERC o el propio PNV, que se opone a actuar contra ANV. En ambas situaciones, el origen de la iniciativa fue un atentado mortal de ETA y la negativa de Batasuna (en el primer caso) y ANV y PCTV (en esta ocasión) a condenar la actividad criminal de los terroristas.
La investigación que desarrollan las Fuerzas de Seguridad del Estado a petición tanto del juez Baltasar Garzón como de la Fiscalía ha permitido analizar los movimientos de dinero de los cargos públicos del PCTV y de ANV en busca de vínculos con Batasuna.
Hasta 49 miembros de Batasuna, según los documentos que obran ya en poder de la Fiscalía, han recibido dinero del Partido Comunista de las Tierras Vascas, lo que supondría un indicio para sustentar la acción del ministerio público contra esta formación política. Fuentes jurídicas señalaron a EL PAÍS que la redacción de la demanda de ilegalización del PCTV está prácticamente finalizada. Mientras tanto, la investigación sobre las relaciones de ANV y Batasuna aún está pendiente de un último informe de la Guardia Civil, que se entregará dentro de una semana y con el que la Fiscalía pretende impulsar su ilegalización y la suspensión de las actividades.
Cientos de cuentas corrientes bancarias de dirigentes de ANV han sido ya analizadas, aunque las conclusiones sobre la transferencia de fondos a Batasuna todavía no están del todo confirmadas. Las Fuerzas de Seguridad investigan ahora a los perceptores finales del dinero que ha salido de cuentas corrientes de cargos públicos de ANV. Esos perceptores, según fuentes jurídicas, estarían vinculados a actividades que en su día tuvieron que ver con la formación ilegalizada.
La mitad de las listas que ANV presentó a las últimas elecciones municipales y autonómicas en el País Vasco y Navarra fueron ilegalizadas por el Tribunal Supremo a instancias de la Fiscalía y de la Abogacía del Estado que entendieron que en esas candidaturas había suficientes pruebas para demostrar la vinculación con la ilegalizada Batasuna.
Con el proceso que se anuncia ahora, los 437 concejales de ANV repartidos en Euskadi y Navarra se quedarían sin grupo municipal aunque mantendría su acta y podrían seguir ejerciendo la actividad política en los ayuntamientos, algunos de los cuales gobierna en la actualidad.
elpais.com
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