Algunos alcaldes del PP de la Región de Murcia –ya van dos condenados por los tribunales- están cogiendo una costumbre ‘diabólica’; consiste en que si un trabajador público no es de la cuerda de su partido, se le echa a la calle, sin más miramientos y ‘santas pascuas’.
Claro está, luego, la Justicia actúa, como en el caso protagonizado por el alcalde de Alguazas y entonces, el mismo Partido Popular que pide cuentas a todo ‘quisque’ lo mismo critica a los jueces o trata de bordear las sentencias judiciales para no ejecutarlas, como comprobaremos en breve en otro municipio.
Es evidente que los siempre ‘bienpagados’ medios regionales, que cobran abultadas cantidades económicas de los ayuntamientos y del Gobierno Regional, mandado por el Partido que gobierna en esta Región de forma escandalosa, meterán estas noticias en pequeñito.
Son cínicos, no sólo los políticos que así actúan, sino los medios y los ‘plumillas’ alimentados y engordados indecentemente en habituales comanditas que bien merecerían ser grabadas y publicadas un día de estos.
El alcalde de Alguazas ha actuado, según la sentencia, al más puro estilo caciquil, como actúan todos aquellos/as alcaldes/as –de uno y otro partido- que mientras los salarios de los trabajadores municipales quedan congelados, ellos se suben el sueldo sin recato alguno, como el alcalde de Ulea, que merece ser criticado políticamente como un tragaldabas.
Eso sí, sus respectivos partidos políticos no son capaces de llamarles al orden y pedirles una miaja de corrección ¿por qué?, porque quienes debieran actuar así carecen del mínimo sentido de vergüenza política.
Si el PP, en el caso de Alguazas, pidiera la dimisión de su alcalde después de ser condenado por ‘vulnerar derechos fundamentales de una mujer trabajadora’, quedaría como Dios; lo mismo debió hacer cuando el senador y exalcalde de San Pedro del Pinatar hizo lo propio con otro empleado municipal.
El PP, actúa así porque cuenta con la connivencia de periodistas y medios de comunicación que deberían de actuar como contrapoder; todos permiten que se cometa una tropelía contra las personas y callan, luego, si en un país lejano se vulneran los mismos derechos fundamentales tapan sus conciencias sacando titulares y organizando ruedas de prensa solidarias. Son un montón de basura, revestidos eso sí, de no se qué dignidades.
El alcalde de Alguazas, como político, tras esta sentencia debería ser expulsado e inhabilitado para ejercer ese cargo y si su partido político no actúa, deberá ser señalado como cómplice de una actitud que en este país debería ser castigada con penas de prisión. ¿Cómo es posible que un político pueda vulnerar derechos fundamentales de una persona y no ser condenado a prisión?, claro, son políticos los que redactan las leyes y son los primeros en adjudicarse protecciones especiales, como el aforamiento, las pensiones vitalicias y otras excreciones legales.
Es como para liarse la manta a la cabeza y salir a correrlos a guantazos por la calle.El juez dice en su sentencia en relación con la actuación del alcalde de Alguazas que: "se aleja de una manera tan abismal de lo razonable, de una mínima idea de la Justicia y del respeto a un conjunto de derechos fundamentales inatacables, que no puede más que calificarse como un auténtico despropósito jurídico producto, sin duda, de una falta absoluta de reflexión sobre lo que se estaba haciendo. Buena prueba de ello es que el ayuntamiento acredita palmariamente con la resolución impugnada, una manifiesta incapacidad para distinguir, aceptar y conciliar la legítima diferencia ideológica con el absoluto respeto por su parte a la Constitución y a la Ley".
Después de esto a qué espera Valcárcel para echar de la política a este individuo violador de derechos fundamentales en su acción política.Pero no pasa nada, en esta Región no pasa nada, todo está bien…los malos son siempre los otros. ¡Qué vergüenza! Y luego se queja nuestro ‘Ramonluis’ de que siempre salimos en los informativos nacionales por cosas malas.
Más nos tendrían que sacar.
Chema Gil - vegamediapress.com
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