Ni la proximidad de las elecciones generales, ni la llegada de las primeras pateras a la Región, justifican la demagogia y la distorsión de la realidad que el PP murciano está practicando estos días. Por el contrario, lo que el Gobierno de Valcárcel debe hacer es asumir sus responsabilidades en materia de inmigración y derechos humanos.
Las declaraciones de diversos diputados populares relacionando de nuevo inmigración y delincuencia (Alberto Garre) o haciendo responsable al Gobierno de España de las muertes de inmigrantes en el mar (María José Nicolás) constituyen actos de irresponsabilidad y muestras de xenofobia y demagogia inaceptables.
El verdadero y grave problema al que hemos de enfrentarnos es la alta vulnerabilidad del colectivo de inmigrantes indocumentados que sobreviven penosamente en las redes de la economía sumergida murciana, como acaba de poner de manifiesto la reciente condena de cárcel impuesta a un empresario murciano por tener trabajando en su empresa a 434 extranjeros sin papeles, incluidos 11 menores de edad. Éste es sólo un episodio más de una larga lista de casos vergonzosos que se vienen dando en nuestra Región.
Si comparamos el Padrón Continuo de Habitantes de 2007 (a 1 de enero, los inmigrantes extranjeros eran 200.264) y los datos de Permisos de Residencia del Ministerio del Interior (a 31 de diciembre de 2006, se habían concedido 160.390 permisos), el resultado es que 40.574 residentes extranjeros se encontraban a comienzos del presente año en situación irregular. Esto quiere decir que un 20% de los residentes extranjeros carecía de permiso de residencia y de trabajo. Aunque se trata de una proporción alta, es inferior a la media española (32.6%) y ha descendido bastante con respecto a años anteriores, gracias a los procesos de regularización emprendidos por el Gobierno socialista, que han ido disminuyendo la gravedad del problema. Este es el principal efecto positivo del proceso de normalización de trabajadores inmigrantes extranjeros que se cerró en junio de 2005.
Los inmigrantes procedentes de Latinoamérica y Europa oriental son los que concentran las cifras más altas de inmigración indocumentada. Frente a los fantasmas dominantes en el imaginario social, y a pesar de la alarma tendenciosamente suscitada por algunos medios de comunicación y algunos cargos del PP, ante la reciente llegada a la costa murciana de pateras procedentes de Marruecos y Argelia, lo cierto es que los inmigrantes indocumentados de origen africano son una ínfima minoría. Los porcentajes más altos de inmigración indocumentada en la Región de Murcia se concentran en los colectivos que han llegado sobre todo a partir de 2005, como se aprecia en los siguientes datos: el 68,3% de los 7.515 rumanos, el 61,2% de los 4.827 búlgaros, el 74,6% de los 16.766 bolivianos y el 38,8% de los 2.174 argentinos, lo que contrasta con el 0% de los 54.205 marroquíes. Como señalan diversos estudios sociológicos, el índice de indocumentados de cada colectivo se correlaciona inversamente con el tiempo de residencia.
El grueso de la inmigración indocumentada residente en la Región de Murcia entra por carretera o por vía aérea. De hecho, es mínima la que entra en patera (como muestran los bajos porcentajes de inmigración indocumentada de origen africano existente no sólo en la Región sino en toda España). Por eso, quienes se empeñan en focalizar el problema en la “invasión de las pateras”, están llevando a cabo una política hipócrita y xenófoba: pretenden criminalizar y hacer aún mas vulnerable a todo el colectivo de inmigrantes norteafricanos, que en su mayor parte están regularizados y son uno de los pilares fundamentales del desarrollo económico regional; en otras palabras, pretenden utilizar a los inmigrantes como mano de obra barata y al mismo tiempo estigmatizarlos socialmente.
Y por si esto no fuera suficiente, desde el PP murciano y desde algunos medios de comunicación, se pretende utilizar a los inmigrantes como arma arrojadiza electoral, distorsionando la compleja realidad migratoria con expresiones como “invasión”, “avalancha”, “ilegalidad”, “delincuencia”, etc. En lugar de seguir esta peligrosa deriva hacia la xenofobia, la obligación del gobierno regional murciano es garantizar los derechos humanos a todas las personas residentes en la Región, acabar con las condiciones de semiesclavitud en las que viven muchos trabajadores extranjeros y desarrollar verdaderas políticas de integración social y reconocimiento de derechos de la población inmigrante, para lo cual viene recibiendo importantes recursos del tan denostado Gobierno de España.
Murcia, 10 de octubre de 2007
Foro Ciudadano de la Región de Murcia
Contacto: Patricio Peñalver, presidente del Foro Ciudadano
Móvil: 646971838
Las declaraciones de diversos diputados populares relacionando de nuevo inmigración y delincuencia (Alberto Garre) o haciendo responsable al Gobierno de España de las muertes de inmigrantes en el mar (María José Nicolás) constituyen actos de irresponsabilidad y muestras de xenofobia y demagogia inaceptables.
El verdadero y grave problema al que hemos de enfrentarnos es la alta vulnerabilidad del colectivo de inmigrantes indocumentados que sobreviven penosamente en las redes de la economía sumergida murciana, como acaba de poner de manifiesto la reciente condena de cárcel impuesta a un empresario murciano por tener trabajando en su empresa a 434 extranjeros sin papeles, incluidos 11 menores de edad. Éste es sólo un episodio más de una larga lista de casos vergonzosos que se vienen dando en nuestra Región.
Si comparamos el Padrón Continuo de Habitantes de 2007 (a 1 de enero, los inmigrantes extranjeros eran 200.264) y los datos de Permisos de Residencia del Ministerio del Interior (a 31 de diciembre de 2006, se habían concedido 160.390 permisos), el resultado es que 40.574 residentes extranjeros se encontraban a comienzos del presente año en situación irregular. Esto quiere decir que un 20% de los residentes extranjeros carecía de permiso de residencia y de trabajo. Aunque se trata de una proporción alta, es inferior a la media española (32.6%) y ha descendido bastante con respecto a años anteriores, gracias a los procesos de regularización emprendidos por el Gobierno socialista, que han ido disminuyendo la gravedad del problema. Este es el principal efecto positivo del proceso de normalización de trabajadores inmigrantes extranjeros que se cerró en junio de 2005.
Los inmigrantes procedentes de Latinoamérica y Europa oriental son los que concentran las cifras más altas de inmigración indocumentada. Frente a los fantasmas dominantes en el imaginario social, y a pesar de la alarma tendenciosamente suscitada por algunos medios de comunicación y algunos cargos del PP, ante la reciente llegada a la costa murciana de pateras procedentes de Marruecos y Argelia, lo cierto es que los inmigrantes indocumentados de origen africano son una ínfima minoría. Los porcentajes más altos de inmigración indocumentada en la Región de Murcia se concentran en los colectivos que han llegado sobre todo a partir de 2005, como se aprecia en los siguientes datos: el 68,3% de los 7.515 rumanos, el 61,2% de los 4.827 búlgaros, el 74,6% de los 16.766 bolivianos y el 38,8% de los 2.174 argentinos, lo que contrasta con el 0% de los 54.205 marroquíes. Como señalan diversos estudios sociológicos, el índice de indocumentados de cada colectivo se correlaciona inversamente con el tiempo de residencia.
El grueso de la inmigración indocumentada residente en la Región de Murcia entra por carretera o por vía aérea. De hecho, es mínima la que entra en patera (como muestran los bajos porcentajes de inmigración indocumentada de origen africano existente no sólo en la Región sino en toda España). Por eso, quienes se empeñan en focalizar el problema en la “invasión de las pateras”, están llevando a cabo una política hipócrita y xenófoba: pretenden criminalizar y hacer aún mas vulnerable a todo el colectivo de inmigrantes norteafricanos, que en su mayor parte están regularizados y son uno de los pilares fundamentales del desarrollo económico regional; en otras palabras, pretenden utilizar a los inmigrantes como mano de obra barata y al mismo tiempo estigmatizarlos socialmente.
Y por si esto no fuera suficiente, desde el PP murciano y desde algunos medios de comunicación, se pretende utilizar a los inmigrantes como arma arrojadiza electoral, distorsionando la compleja realidad migratoria con expresiones como “invasión”, “avalancha”, “ilegalidad”, “delincuencia”, etc. En lugar de seguir esta peligrosa deriva hacia la xenofobia, la obligación del gobierno regional murciano es garantizar los derechos humanos a todas las personas residentes en la Región, acabar con las condiciones de semiesclavitud en las que viven muchos trabajadores extranjeros y desarrollar verdaderas políticas de integración social y reconocimiento de derechos de la población inmigrante, para lo cual viene recibiendo importantes recursos del tan denostado Gobierno de España.
Murcia, 10 de octubre de 2007
Foro Ciudadano de la Región de Murcia
Contacto: Patricio Peñalver, presidente del Foro Ciudadano
Móvil: 646971838
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