El conflicto de Puertomayor también se reactiva, mientras que el fiscal debe decidir si se querella o no contra el ex alcalde de San Javier El alcalde de Torre Pacheco supo que podía estar siendo investigado a través de una llamada telefónica del ex consejero De la Cierva
La justicia sigue su marcha. La urbanización de La Zerrichera; el nuevo puerto deportivo de Tomás Maestre en La Manga; las supuestas relaciones del anterior alcalde de San Javier con sus socios y los registros judiciales de expedientes urbanísticos en los ayuntamientos de Torre Pacheco y Fuente Álamo, entre otros, son los casos pendientes de presunta corrupción y de irregularidades urbanísticas que están sobre la mesa de los jueces y fiscales, y que se reactivarán este mes con las tomas de declaraciones del algunos imputados.
La Zerrichera, en concreto, ya tiene fecha para el día 18. En cuanto al registro de Torre Pacheco, la juez todavía está examinando unos 70 expedientes urbanísticos requisados.
DOBLETE EN PUERTOMAYOR
Declaración de Alvarado
El anterior director general de Calidad Ambiental, Antonio Alvarado, es el más atosigado judicialmente. Está previsto que este mes preste declaración con relación a la querella por presunta prevaricación que formuló en su contra el PSOE. Los socialistas lo responsabilizan de permitir las obras de Puertomayor, en La Manga, paralizadas desde hace más de dos años por el Tribunal Superior de Justicia. Los querellantes creen que Alvarado no debió firmar la orden que levantaba la suspensión que ya existía anteriormente, debido a los daños que el proyecto causaba al entorno del Mar Menor.
La juez de Instrucción número 5 de Murcia, Isabel Carrillo, aplazó a este mes la declaración de Alvarado prevista en julio pasado. Además de Alvarado, la querella también iba dirigida contra el anterior director general de Transportes y Puertos, Marcos Ortuño. Este último es ahora concejal de Urbanismo del PP en Yecla, mientras que Alvarado es gerente del Cluster para la recuperación del Mar Menor.
LA ZERRICHERA SE REACTIVA
A partir del día 18
La Zerrichera también espera turno en el Juzgado de Instrucción número 3 de Murcia. Está previsto que a partir del día 18 empiecen a prestar declaración ante el magistrado los imputados en el caso. Aunque políticamente este caso y otros están descontados, a la vista de los resultados electorales que han incrementado la mayoría del PP, la investigación judicial sigue su curso después de que la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Murcia rechazara en junio el recurso planteado por cinco altos cargos de la Administración Regional, el alcalde en funciones de Águilas y un ex concejal, que habían reclamado el archivo de la querella presentada por la Fiscalía del TSJ contra todos ellos.
La querella imputa los delitos de prevaricación, falsedad en documento público, negociaciones prohibidas a los funcionarios, tráfico de influencias y cohecho a Encarnación Muñoz, que fue directora general de Medio Natural; Antonio Alvarado Pérez, ex director general de Calidad Ambiental; Manuel Alfonso Guerrero Zamora, ex director general de la Vivienda, Arquitectura y Urbanismo; José María Ródenas Cañada, ex subdirector general de Vivienda; Juan Ignacio Sánchez Gelabert, ex jefe de servicio de Calidad Ambiental; Juan Ramírez Soto, alcalde de Águilas; y José López Díaz, ex concejal del PP.
Excepto el alcalde, que sigue gobernando en Águilas con más votos que antes, ningún alto cargo de entonces sigue en sus puestos, a petición propia. Tampoco los consejeros que tuvieron relación con los expedientes, como Francisco Marqués, que dejó Medio Ambiente, y Joaquín Bascuñana, que ha pasado de Obras Públicas a Política Social. El presidente Valcárcel ha dicho de Bascuñana que tenía que «sacarlo del ojo del huracán», habida cuenta de las críticas al negociado urbanístico de su consejería.
REGISTROS EN TORRE PACHECO
70 expedientes retenidos
Otro juzgado que tendrá que mover ficha es el número 4 de San Javier, que investiga la existencia de supuestos casos de prevaricación, tráfico de influencias y cohecho relacionados con presuntos tratos de favor a constructores de la zona de Torre Pacheco y Fuente Álamo. De los cientos de expedientes urbanísticos intervenidos a mediados de junio en el Ayuntamiento de Torre Pacheco, la mayor parte fueron devueltos semanas después. No se practicaron detenciones, y se cree que el registro judicial se precipitó al conocerse la operación y poner sobre guardia a las personas que estaban siendo investigadas.
La actuación judicial se inició sobre la base de una extensa investigación policial en la que se registraron más de 15.000 escuchas telefónicas a algunos empresarios y responsables políticos, entre ellos Facundo Armero y Daniel García. Este último dada su condición de alcalde. El primer edil ha señalado a La Verdad que quedan en manos de la juez y del fiscal unos 70 expedientes urbanísticos que se siguen examinando.
Daniel García sigue defendiendo la transparencia de su gestión y ha explicado a este diario que no tenía conocimiento de la operación hasta que recibió una llamada telefónica del anterior consejero de Presidencia, Fernando de la Cierva. «Me dijo que le había llegado un chispazo y que al parecer me estaban investigando», manifiesta el alcalde. «El consejero no sabía exactamente de qué se trataba, pero le había llegado algún rumor de que estaban investigando al Ayuntamiento. Le contesté que estaba tranquilo».
La llamada de De la Cierva al alcalde se produjo antes de la elecciones municipales y autonómicas, y respondía a su vez a los rumores que le había llegado al consejero, al parecer de personas próximas a la Fiscalía, de que el municipio pachequero estaba en el punto de mira. No había ninguna certeza, pero el rumor se alimentaba por el clima que reinaba en aquellos meses, enredado a su vez por los intereses políticos, de mano dura contra la corrupción. Ese rumor se lo trasladó De la Cierva a Daniel García para saber qué podía haber de cierto. Este último no tenía ninguna clave, ni tampoco nada que ocultar, según sus palabras. Pasaron las elecciones y tres semanas después se produjo el registro. Dejó de ser un rumor. Dado que el teléfono del alcalde estaba intervenido por la Policía, la llamada del consejero quedó con toda probabilidad registrada.
LOS 'SOCIOS' DE HERNÁNDEZ
Pendientes del fiscal
En el terreno de la Fiscalía del tribunal Superior de Justicia, su responsable Manuel López Bernal deberá decidir a finales de este mes si va a presentar o no querella contra el ex alcalde de San Javier, José Hernández, que ha sido investigado por sus relaciones con su antiguos socios. Algunos de éstos han sido adjudicatarios de varias obras en el municipio.
LA BALSA YENNY
El Ministerio de por medio
También la Fiscalía Anticorrupción de Madrid deberá mover ficha sobre la investigación abierta en torno a a la regeneración de la balsa minera Yenny, en El Llano del Beal. Quiere conocer el uso que le dieron el Gobierno murciano y el Ministerio de Medio Ambiente a las ayudas europeas destinadas a subvencionar los trabajos de limpieza, dado que es la empresa que causó la contaminación la que debe asumir finalmente los gastos. El Gobierno regional así lo exigió por escrito, aunque el PSOE sostiene que lo hizo después de que actuara la Fiscalía.
M. Buitrago - laverdad.com
La justicia sigue su marcha. La urbanización de La Zerrichera; el nuevo puerto deportivo de Tomás Maestre en La Manga; las supuestas relaciones del anterior alcalde de San Javier con sus socios y los registros judiciales de expedientes urbanísticos en los ayuntamientos de Torre Pacheco y Fuente Álamo, entre otros, son los casos pendientes de presunta corrupción y de irregularidades urbanísticas que están sobre la mesa de los jueces y fiscales, y que se reactivarán este mes con las tomas de declaraciones del algunos imputados.
La Zerrichera, en concreto, ya tiene fecha para el día 18. En cuanto al registro de Torre Pacheco, la juez todavía está examinando unos 70 expedientes urbanísticos requisados.
DOBLETE EN PUERTOMAYOR
Declaración de Alvarado
El anterior director general de Calidad Ambiental, Antonio Alvarado, es el más atosigado judicialmente. Está previsto que este mes preste declaración con relación a la querella por presunta prevaricación que formuló en su contra el PSOE. Los socialistas lo responsabilizan de permitir las obras de Puertomayor, en La Manga, paralizadas desde hace más de dos años por el Tribunal Superior de Justicia. Los querellantes creen que Alvarado no debió firmar la orden que levantaba la suspensión que ya existía anteriormente, debido a los daños que el proyecto causaba al entorno del Mar Menor.
La juez de Instrucción número 5 de Murcia, Isabel Carrillo, aplazó a este mes la declaración de Alvarado prevista en julio pasado. Además de Alvarado, la querella también iba dirigida contra el anterior director general de Transportes y Puertos, Marcos Ortuño. Este último es ahora concejal de Urbanismo del PP en Yecla, mientras que Alvarado es gerente del Cluster para la recuperación del Mar Menor.
LA ZERRICHERA SE REACTIVA
A partir del día 18
La Zerrichera también espera turno en el Juzgado de Instrucción número 3 de Murcia. Está previsto que a partir del día 18 empiecen a prestar declaración ante el magistrado los imputados en el caso. Aunque políticamente este caso y otros están descontados, a la vista de los resultados electorales que han incrementado la mayoría del PP, la investigación judicial sigue su curso después de que la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Murcia rechazara en junio el recurso planteado por cinco altos cargos de la Administración Regional, el alcalde en funciones de Águilas y un ex concejal, que habían reclamado el archivo de la querella presentada por la Fiscalía del TSJ contra todos ellos.
La querella imputa los delitos de prevaricación, falsedad en documento público, negociaciones prohibidas a los funcionarios, tráfico de influencias y cohecho a Encarnación Muñoz, que fue directora general de Medio Natural; Antonio Alvarado Pérez, ex director general de Calidad Ambiental; Manuel Alfonso Guerrero Zamora, ex director general de la Vivienda, Arquitectura y Urbanismo; José María Ródenas Cañada, ex subdirector general de Vivienda; Juan Ignacio Sánchez Gelabert, ex jefe de servicio de Calidad Ambiental; Juan Ramírez Soto, alcalde de Águilas; y José López Díaz, ex concejal del PP.
Excepto el alcalde, que sigue gobernando en Águilas con más votos que antes, ningún alto cargo de entonces sigue en sus puestos, a petición propia. Tampoco los consejeros que tuvieron relación con los expedientes, como Francisco Marqués, que dejó Medio Ambiente, y Joaquín Bascuñana, que ha pasado de Obras Públicas a Política Social. El presidente Valcárcel ha dicho de Bascuñana que tenía que «sacarlo del ojo del huracán», habida cuenta de las críticas al negociado urbanístico de su consejería.
REGISTROS EN TORRE PACHECO
70 expedientes retenidos
Otro juzgado que tendrá que mover ficha es el número 4 de San Javier, que investiga la existencia de supuestos casos de prevaricación, tráfico de influencias y cohecho relacionados con presuntos tratos de favor a constructores de la zona de Torre Pacheco y Fuente Álamo. De los cientos de expedientes urbanísticos intervenidos a mediados de junio en el Ayuntamiento de Torre Pacheco, la mayor parte fueron devueltos semanas después. No se practicaron detenciones, y se cree que el registro judicial se precipitó al conocerse la operación y poner sobre guardia a las personas que estaban siendo investigadas.
La actuación judicial se inició sobre la base de una extensa investigación policial en la que se registraron más de 15.000 escuchas telefónicas a algunos empresarios y responsables políticos, entre ellos Facundo Armero y Daniel García. Este último dada su condición de alcalde. El primer edil ha señalado a La Verdad que quedan en manos de la juez y del fiscal unos 70 expedientes urbanísticos que se siguen examinando.
Daniel García sigue defendiendo la transparencia de su gestión y ha explicado a este diario que no tenía conocimiento de la operación hasta que recibió una llamada telefónica del anterior consejero de Presidencia, Fernando de la Cierva. «Me dijo que le había llegado un chispazo y que al parecer me estaban investigando», manifiesta el alcalde. «El consejero no sabía exactamente de qué se trataba, pero le había llegado algún rumor de que estaban investigando al Ayuntamiento. Le contesté que estaba tranquilo».
La llamada de De la Cierva al alcalde se produjo antes de la elecciones municipales y autonómicas, y respondía a su vez a los rumores que le había llegado al consejero, al parecer de personas próximas a la Fiscalía, de que el municipio pachequero estaba en el punto de mira. No había ninguna certeza, pero el rumor se alimentaba por el clima que reinaba en aquellos meses, enredado a su vez por los intereses políticos, de mano dura contra la corrupción. Ese rumor se lo trasladó De la Cierva a Daniel García para saber qué podía haber de cierto. Este último no tenía ninguna clave, ni tampoco nada que ocultar, según sus palabras. Pasaron las elecciones y tres semanas después se produjo el registro. Dejó de ser un rumor. Dado que el teléfono del alcalde estaba intervenido por la Policía, la llamada del consejero quedó con toda probabilidad registrada.
LOS 'SOCIOS' DE HERNÁNDEZ
Pendientes del fiscal
En el terreno de la Fiscalía del tribunal Superior de Justicia, su responsable Manuel López Bernal deberá decidir a finales de este mes si va a presentar o no querella contra el ex alcalde de San Javier, José Hernández, que ha sido investigado por sus relaciones con su antiguos socios. Algunos de éstos han sido adjudicatarios de varias obras en el municipio.
LA BALSA YENNY
El Ministerio de por medio
También la Fiscalía Anticorrupción de Madrid deberá mover ficha sobre la investigación abierta en torno a a la regeneración de la balsa minera Yenny, en El Llano del Beal. Quiere conocer el uso que le dieron el Gobierno murciano y el Ministerio de Medio Ambiente a las ayudas europeas destinadas a subvencionar los trabajos de limpieza, dado que es la empresa que causó la contaminación la que debe asumir finalmente los gastos. El Gobierno regional así lo exigió por escrito, aunque el PSOE sostiene que lo hizo después de que actuara la Fiscalía.
M. Buitrago - laverdad.com
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