La polémica urbanización de la finca La Zerrichera de Águilas estaba en suspenso político y técnico desde mayo del año pasado. A partir de ahora también está paralizada cautelarmente por parte del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia (TSJ). Según el auto al que ha tenido acceso La Verdad, el alto tribunal ha admitido el recurso que presentó la Asociación de Naturalistas del Sureste (ANSE) contra la resolución del anterior consejero de Obras Públicas que autorizó en febrero del 2006 la modificación del plan urbano de Águilas para permitir que se construyera en la zona.
Jurídicamente, La Zerrichera se encuentra en el misma situación que Puerto Mayor, en La Manga, que está paralizado cautelarmente, aunque las circunstancias son distintas. Sin entrar en el fondo del asunto, que será juzgado más adelante, el TSJ impone no obstante un principio de cautela medio ambiental, en el sentido de que podrían producirse algún perjuicio a los valores ambientales de la zona. La Zerrichera, como se sabe, está dentro de una zona protegida como LIC y ZEPA.
Lo llamativo es que el Gobierno regional y el Ayuntamiento de Águilas se adelantaron al TSJ y han facilitado su fallo, puesto que la decisión judicial está basada precisamente en las decisiones del Ejecutivo de Ramón Luis Valcárcel y del Consistorio de Juan Ramírez de suspender la construcción de la urbanización en mayo del año pasado. Ambas administraciones supeditaron el futuro de las 4.000 viviendas de tipo residencial a la aprobación del plan de gestión de la Sierra de la Almenara, todavía en tramitación.
La Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJ, presidida por el magistrado Abel Ángel Saez, e integrada por Joaquín Moreno Grau y María Consuelo Uris Lloret, estiman que la suspensión cautelar «no ocasiona perjuicio alguno al interés general», puesto que el proyecto ya estaba paralizado por el Gobierno de Valcárcel.
Valores ambientales
Asimismo, los magistrados no entran para nada en el fondo del asunto, ni en los defectos de forma que denunció ANSE. «No se produce una grave perturbación del interés público con la suspensión», indica el auto, «a lo que hay que añadirse que, existiendo valores ambientales en la zona, no discutido por las partes demandadas, y pudiendo producirse a dichos valores un perjuicio con la aplicación y desarrollo de la disposición impugnada [la resolución de la Consejería de Obras Públicas], procede acceder a la suspensión que se solicita».
El mismo principio de cautela ambiental llevó a actuar al Gobierno murciano, puesto que exigió que se aprobara primero el plan de gestión de la zona, que debe determinar si se puede urbanizar y con qué intensidad. Ahora está en manos del Consejo Económico y Social, que debe emitir su dictamen. Después pasará a los Servicios Jurídicos de la Comunidad Autónoma y finalmente al Consejo de Gobierno para su aprobación, quizás a principios del año que viene. Todo apunta a que el Grupo Hispania tiene muy pocas posibilidades de desarrollar su proyecto inicial.
laverdad.es
Jurídicamente, La Zerrichera se encuentra en el misma situación que Puerto Mayor, en La Manga, que está paralizado cautelarmente, aunque las circunstancias son distintas. Sin entrar en el fondo del asunto, que será juzgado más adelante, el TSJ impone no obstante un principio de cautela medio ambiental, en el sentido de que podrían producirse algún perjuicio a los valores ambientales de la zona. La Zerrichera, como se sabe, está dentro de una zona protegida como LIC y ZEPA.
Lo llamativo es que el Gobierno regional y el Ayuntamiento de Águilas se adelantaron al TSJ y han facilitado su fallo, puesto que la decisión judicial está basada precisamente en las decisiones del Ejecutivo de Ramón Luis Valcárcel y del Consistorio de Juan Ramírez de suspender la construcción de la urbanización en mayo del año pasado. Ambas administraciones supeditaron el futuro de las 4.000 viviendas de tipo residencial a la aprobación del plan de gestión de la Sierra de la Almenara, todavía en tramitación.
La Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJ, presidida por el magistrado Abel Ángel Saez, e integrada por Joaquín Moreno Grau y María Consuelo Uris Lloret, estiman que la suspensión cautelar «no ocasiona perjuicio alguno al interés general», puesto que el proyecto ya estaba paralizado por el Gobierno de Valcárcel.
Valores ambientales
Asimismo, los magistrados no entran para nada en el fondo del asunto, ni en los defectos de forma que denunció ANSE. «No se produce una grave perturbación del interés público con la suspensión», indica el auto, «a lo que hay que añadirse que, existiendo valores ambientales en la zona, no discutido por las partes demandadas, y pudiendo producirse a dichos valores un perjuicio con la aplicación y desarrollo de la disposición impugnada [la resolución de la Consejería de Obras Públicas], procede acceder a la suspensión que se solicita».
El mismo principio de cautela ambiental llevó a actuar al Gobierno murciano, puesto que exigió que se aprobara primero el plan de gestión de la zona, que debe determinar si se puede urbanizar y con qué intensidad. Ahora está en manos del Consejo Económico y Social, que debe emitir su dictamen. Después pasará a los Servicios Jurídicos de la Comunidad Autónoma y finalmente al Consejo de Gobierno para su aprobación, quizás a principios del año que viene. Todo apunta a que el Grupo Hispania tiene muy pocas posibilidades de desarrollar su proyecto inicial.
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