EL GOBIERNO DE VALCÁRCEL EMPIEZA A DESFILAR ANTE LA JUSTICIA POR EL PELOTAZO DE LA ZERRICHERA

Tres altos cargos del Gobierno regional del Partido Popular (PP), de Ramón Luis Valcárcel, son los primeros en empezar a desfilar como imputados por el pelotazo urbanístico en el paraje protegido de La Zerrichera ante el magistrado titular del Juzgado número 3 de Murcia, Antonio Alcázar, instructor de la querella criminal presentada la primavera pasada por el fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia, Manuel López Bernal. Los primeros en comparecer y prestar declaración han sido el matrimonio integrado por Antonio Alvarado y Encarna Muñoz, que antes de las elecciones de mayo pasado eran directores generales de Calidad Ambiental y del Medio Natural, respectivamente. El tercero en comparecer ante la justicia ha sido Juan Ignacio Sánchez Gelabert, que era jefe del Servicio de Calidad Ambiental. Todos ellos de la consejería de Medio Ambiente.

Para el jueves está prevista la comparecencia ante el magistrado instructor de los dos otros imputados pertenecientes a la consejería de Obras Públicas, así como la del alcalde y un ex concejal de Águilas, en cuyo término municipal el grupo Hispania, del constructor Trinitario Casanova Abadía, proyectó construir una mega urbanización de 4.000 viviendas, un hotel de lujo y un campo de golf de 128 hoyos, en este paraje de la Red Natura de la Unión Europea. En total son siete imputados, todos ellos destacados militantes del Partido Popular (PP).

Este pelotazo urbanístico produjo 75 millones de euros en plusvalías a Trinitario Casanova, amigo personal del consejero de Obras Públicas y Vivienda, Joaquín Bascuñana, a través de una operación financiera con la Kutxa (Caja de Ahorros de Guipúzcoa y San Sebastián). Esta caja vasca está implicada en otros pelotazos urbanísticos en la región murciana, como es el del paraje, también protegido, de Lo Poyo, en el Mar Menor.

Tras las elecciones de mayo pasado, el presidente del PP y de la comunidad murciana, Ramón Luis Valcárcel, le ha dado una nueva consejería a Joaquín Bascuñana: la de Política Social, Mujer e Inmigración. Por su parte, el constructor Trinitario Casanova, que se había hecho propietario del periódico regional El Faro, llegó a acusar a Valcárcel de “cobarde” y, se presume, abandone la región para fijar su residencia en Madrid, ante el fiasco de sus operaciones urbanísticas.

Se da el caso que, el pasado cinco de septiembre, la sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia había dictado ya un auto en el que paralizaba cautelarmente la urbanización del paraje de La Zerrichera, al considerar que perjudicaba el interés general. El alto tribunal murciano también tiene paralizado cautelarmente otro proyecto, el de Puerto Mayor, en La Manga del Mar Menor, en el que también están presuntamente implicados altos cargos del Partido Popular en Murcia.

Se da también el caso de que uno de los imputados, Manuel Alfonso Guerrero Zamora, director general en el anterior gobierno de Ramón Luis Valcárcel, ha sido nombrado recientemente nuevo Gerente de Urbanismo del ayuntamiento de Lorca, tras ganar por vez primera el PP las elecciones municipales en este “granero” socialista murciano.

En el caso de La Zerrichera, la Fiscalía de Murcia estuvo durante un año exacto investigando la denuncia que habían presentado las organizaciones Ecologistas en Acción y Asociación de Naturalistas del Sureste (ANSE), que terminó en querella criminal por presuntos delitos contra el medio ambiente, falsedad documental y prevaricación, entre otros.

El Gobierno del PP, de Ramón Luis Valcárcel, que en las pasadas elecciones de mayo renovó por cuarta vez la mayoría absoluta en la región murciana, tendrá que comparecer ante el parlamento regional para informar, a petición del grupo parlamentario Socialista, sobre este asunto.

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