1 de julio de 2007

Ley del Suelo

Hoy entra en vigor la Ley de Suelo que, a partir de mañana, desarrollarán y aplicarán tanto los nuevos ayuntamientos como los nuevos gobiernos autonómicos salidos hace un mes de las urnas.

Es una ley que propone más sostenibilidad, menos especulación y más transparencia en la gestión urbanística y del suelo, tanto pública como privada. De estos tres propósitos, el de combatir la especulación es, sin duda, el que más debate ha generado. Bien está que se vuelva a hablar de cuántas plusvalías genera el negocio inmobiliario, de quién y cuándo se apropia de ellas o de cómo y cuánto debe participar la sociedad en esas plusvalías, como manda la Constitución. Pero ese es un debate recurrente, que lleva décadas formulado en España.

Me interesa destacar aquí los otros dos grandes temas que abre la ley de Suelo: los de la sostenibilidad y la transparencia, porque, tal y como los plantea esta ley, son novedades absolutas en la legislación estatal del suelo.

La sostenibilidad se ha convertido en el primer desafío de nuestro desarrollo económico y, en consecuencia, debe también convertirse en el principio rector de cualquier política sobre suelo y territorio. Tenemos que promover un medio urbano en el que la ocupación del suelo sea eficiente. Es decir, donde no despilfarremos el territorio y todo desarrollo urbano tenga garantizadas las necesarias infraestructuras, dotaciones y servicios públicos, bien localizados y suficientes para atender a los ciudadanos. Pero también debemos garantizar una protección adecuada del medio rural, y preservar los valores del suelo innecesario o inadecuado para atender las necesidades de transformación urbanística. Y debemos, en fin, procurar la eficacia de las medidas de conservación y mejora de la naturaleza, la flora y la fauna y de la protección de nuestro patrimonio cultural y paisajístico.

La nueva ley de Suelo configura por primera vez el concepto indeterminado de desarrollo territorial y urbano sostenible como un auténtico principio jurídico con consecuencias prácticas. Con él incorporamos a la legislación estatal de suelo temas que hasta ahora habían estado ausentes de ella pese a ser tan importantes para el medio ambiente, como la eficiencia energética, el uso de recursos escasos como el agua o la prevención de la erosión, el incendio y la contaminación de los suelos; también temas importantes para la ciudadanía, como el fomento de la cohesión y de la mixtura social; y para la economía, como la utilización racional y eficiente del suelo o el aumento de la movilidad física y laboral.

Todos estos principios, que ya tienen fuerza de ley en España, vienen proponiéndose desde hace tiempo por la Unión Europea y se han incorporado recientemente a la Carta de Leipzig sobre la ciudad europea sostenible. Los ministros responsables de desarrollo urbano de los 27 Estados miembros de la UE consensuamos el pasado 24 de mayo esta Carta, en la que España tuvo una participación muy activa, y que aboga por unas políticas urbanas de carácter integral que tengan muy presente la mejora del medio ambiente físico.

Si esto es así en general, cuánto más en un país como España, que tiene un patrimonio natural y cultural envidiable y cuya preservación es una prioridad clara para este Gobierno. Por eso la ley de Suelo prohíbe descatalogar terrenos de los Espacios Naturales Protegidos o de la Red Natura 2000 por otras razones que no sean debidas a su evolución natural, científicamente demostrada.

Por eso acaba con el modelo del todo urbanizable, que ni liberó el mercado ni abarató precios. Por eso obliga a la revisión global del planeamiento cuando quieran aprobarse actuaciones de gran impacto, ya que no podemos aceptar parcheos de los planes. Por eso manda hacer una evaluación ambiental estratégica de los planes urbanísticos y les atribuye en ella un carácter determinante a los informes de aguas, costas y carreteras.

Todas estas medidas, sin añadir ni un solo trámite administrativo más, mejoran notablemente la calidad del planeamiento y ponen límites claros a la discrecionalidad en su aprobación.

La Carta de Leipzig también hace especial referencia a la importancia de llevar a cabo unas adecuadas políticas de vivienda social. En este sentido, en la ley hemos introducido medidas destinadas a favorecer el desarrollo de la vivienda protegida. Para ello garantizamos una reserva mínima para vivienda protegida de un 30% en el nuevo suelo residencial y aseguramos que este uso de interés social del suelo se cumpla efectivamente. ¿Cómo?: mediante su anotación registral y, cuando se trate de patrimonios públicos de suelo, prohibiendo a los ayuntamientos subastarlos o licitarlos al alza por encima del valor de suelo para vivienda protegida. Hay que combatir la especulación empezando por las propias administraciones.

En segundo lugar, más transparencia. Como ya he expuesto en muchas ocasiones, una de las más significativas innovaciones de la ley consiste en que, por primera vez, regula los derechos y deberes de todos los ciudadanos y no sólo los de los propietarios de suelo. Con ello establecemos un verdadero estatuto básico de ciudadanía en relación con el suelo y el medio urbano y rural.

El objetivo es claro: una gestión más transparente, en la que la participación de los ciudadanos sea efectiva y no sólo formal, y con controles de legalidad y de oportunidad claros sobre la discrecionalidad de la Administración, es el mejor antídoto contra la especulación y la corrupción.

La ley de Suelo no se para en reconocer o declarar derechos, sino que los garantiza mediante reglas básicas de gestión participativa y transparente. En concreto, la ley exige publicar en la web los planes urbanísticos vigentes y los anuncios de información pública de los nuevos que tramiten, que deberán incluir un resumen ejecutivo que exprese de forma clara y sucinta qué y dónde se quiere cambiar la ordenación. También los convenios urbanísticos tendrán que someterse a información pública antes de ser aprobados. Además, la aprobación de los convenios de planeamiento, como la de las permutas de terrenos, sólo podrá hacerla a partir de ahora el Pleno.

Otra de las medidas anticorrupción más importantes es la que obliga no sólo a los concejales, sino también a todos los directivos municipales a publicar la composición de sus bienes y el objeto de sus actividades privadas. Pero además, la ley establece que aquellos que tengan responsabilidades ejecutivas tendrán prohibida la actividad privada en esta materia y en el término municipal en el que hayan ejercido su cargo durante los dos años posteriores a su cese, de forma similar a lo que ya se exige dentro de la Administración estatal. Con estos mismos objetivos, se estipula que los expedientes de las recalificaciones que conlleven plusvalías deberán identificar quiénes han sido los propietarios durante los últimos 5 años, de manera que todos podamos saber a quiénes benefician las decisiones que toman nuestros representantes.

Con estas medidas, combatimos la opacidad en la gestión urbanística de algunos, pocos sin duda, pero que están haciendo un gran daño y generando alarma social. De su aplicación se derivarán importantes ventajas para los mercados y para la democracia local. Para los mercados, porque no hay competencia sin simetría en la información de los distintos operadores; para la democracia, porque sin transparencia e información, la participación ciudadana no puede ser efectiva y, en vez de ser un verdadero control de la calidad y objetividad de las decisiones públicas, degenera en una mera coartada.

En definitiva, hoy entra en vigor una ley de Suelo que propone un giro importante de reorientación de la actividad urbanística. Lo hace desde la perspectiva del ciudadano y en clara sintonía con los objetivos del desarrollo sostenible que hoy se propugnan en todos los foros europeos e internacionales.

Reivindicar el urbanismo como una función pública irrenunciable, sometida a controles y no susceptible de mercadeo no es un acto de intervencionismo, sino un ejercicio de responsabilidad, hoy más necesario que nunca. Por eso, una nueva ley de suelo era necesaria en nuestro país. Una ley que acompañe a los mercados por el camino de la normalización y la sostenibilidad, que ayude a los nuevos ayuntamientos que ahora se constituyen a gestionar el urbanismo con más transparencia y objetividad, y que reconozca a los ciudadanos su necesario protagonismo en la ordenación de su ciudad. Porque la ciudad no es de nadie y es de todos.

María Antonia Trujillo es ministra de Vivienda

2 comentarios:

Anónimo dijo...

Esto de la vivienda es increíble.

Resulta que El Pocero de Fuenlabrada, construye unos pisos de v.p.o. a catorce millones de las antiguas pesetas, con calidades de lujo, y además, como le ha sobrado dinero les ha instalado aire acondicionado.
Al gobierno, y sobre todo a la ministra de la vivienda , se le debería caer la cara de vergüenza, y resulta que, con todo el poder de la administración, solo consiguen viviendas que cacarean como un grandioso éxito, a veinticinco millones de las antiguas pesetas, si hacemos cuentas, veinticinco menos catorce igual a once millones de pesetas por vivienda, que se estarán repartiendo entre los corruptos de turno que al parecer son legión y encima consentidos, es por esto que los alcaldes vociferan que van a construir incluso el 80% de las viviendas de v.p.o.
Yo les emplazo a que hagan el 90% de las viviendas de v.p.o. pero no a veinticinco millones ni tampoco a catorce como el pocero si no a dieciocho millones, les dejo la no despreciable cantidad de cuatro millones de pesetas por vivienda para que se las repartan entre los ediles, pero que las hagan.
¿ que esta pasando aquí?¿por qué no se investigan de una vez los famosos concursos camelo de suelo para viviendas protegidas que siempre le tocan a los mismos.
Esta claro que esto es debido a la corrupción generalizada y consentida de los ayuntamientos, por eso aunque se aprueben 1000 leyes del suelo no darán el resultado apetecido, ya que los políticos de ese nivel surgen de la gente que se presenta con el único fin de forrarse, porque nunca les pasan factura, esto lo confirma el hecho de que después de los increíbles casos de corrupción, la nueva ley del suelo todavía le da mas armas a los corruptos, que por cierto muchos de ellos encausados por corrupción, se han presentado a las elecciones y han sido elegidos por las urnas para puestos similares.

Lo dicho, esto de la vivienda es increíble.

abogado dijo...

Me gustaría hacer referencia a la regulación que la nueva Ley de suelo estatal efectúa en relación con las valoraciones del suelo. En concreto, en materia de expropiación forzosa, esta nueva regulación va a suponer una disminución en el justiprecio que deben pagar las administraciones públicas para expropiar un terreno.

Habrá que esperar a la regulación y aplicación que realicen las administraciones territoriales de esta nueva ley, así como a la interpretación que los tribunales hagan de esta nueva regulación.

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