28 de julio de 2007

Las tropelías urbanísiticas ahuyentan a los compradores europeos de viviendas residenciales

Los escándalos urbanísticos, la construcción industrial masiva y los altos precios de la vivienda vienen provocando la desconfianza entre los ciudadanos extranjeros, según la información que Sandra López Letón publica en el suplemento Propiedades del diario El País, cabecera periodística del Grupo PRISA. España como destino residencial turístico se resiente y pierde fuerza en los compradores foráneos. Los medios de comunicación internacionales tienen emprendida, incluso, una “cruzada” para informar a sus conciudadanos y desalentarles de que adquieran viviendas en el litoral español. La falta de seguridad jurídica en comunidades como la valenciana y la murciana incide también en este cambio en el mercado inmobiliario español.

Los ciudadanos europeos desconfían de un mercado inmobiliario sobre el que pesan y se suceden los escándalos y la corrupción urbanística. A ello se une la falta de seguridad jurídica en comunidades que han sido denunciadas por las autoridades comunitarias, que en el caso murciano se concreta también en normativas recurridas ante el Tribunal Constitucional y órganos judiciales, referidas en la mayoría de los casos a la depredación de los territorios con protección medioambiental, precisamente en el Año del Medio Ambiente, como es 2007, y las cada vez más numerosas noticias sobre los efectos del cambio climático.

Los escándalos en torno al urbanismo español, como los pelotazos políticos, la colmatación y saturación de los territorios, con efectos boomerang por la sobreexplotación constructora, los abusos de algunos promotores e inmobiliarias sin escrúpulos, los altos precios, se están cargando la gallina de los huevos de oro. En internet se suceden mensajes para no comprar viviendas de ciertas promociones en la costa española, pues cientos de extranjeros están ya afectados por planes urbanísticos parciales y han perdido sus inversiones. España se ha convertido en “sospechosa”, según los medios de comunicación europeos.

MORATORIA URBANÍSTICA
La inversión extranjera en vivienda viene evolucionando a la baja desde 2003. De 7.000 millones de euros, en 2003, a 4.700, en 2007. Este año se dejaran de comprar unas 25.000 viviendas en España, según consultoras del sector. “La confianza en España para comprar una vivienda se ha roto”, ha declarado un alto ejecutivo de una empresa británica al citado periódico español. Los extranjeros han extremado sus cautelas y piden mucha documentación para la adquisición de una vivienda de turismo residencial, a la vez que se está dando un proceso de huída, pues muchos extranjeros han vendido e intentan vender sus casas. La asociación Ciudadanos Europeos, que agrupa a más de tres mil extranjeros en España, recomienda no comprar viviendas en Valencia mientras la Generalidad popular de Francisco Camps no cambie sus leyes urbanísticas, como ha dictaminado el Parlamento Europeo, que aboga por una moratoria de las recalificaciones urbanísticas.

PINCHAZO DE LA BURBUJA
Durante el segundo trimestre de 2007, los precios de la vivienda en España han crecido por vez primera por debajo de la inflación, según los datos del Ministerio de la Vivienda. Algunos medios prevén un eventual pinchazo de la burbuja inmobiliaria en España con una fuerte caída en los próximos meses. Los residentes extranjeros no pueden vender sus viviendas residenciales y son rehenes del estancamiento o “aterrizaje suave” del sector, según el Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero. Para darse una idea de lo que está ocurriendo, si a finales de 2003 las televisiones del Reino Unido dedicaban casi tres horas semanales a la compra de casas en el extranjero, con una audiencia de cuatro millones de telespectadores, ahora hay programas de televisión con expertos que asesoran la venta rápida de las viviendas de sus compatriotas en España. En el suplemento Internationale Inmobilien del Frankfurter Allgemeine han desaparecido los anuncios inmobiliarios españoles, mientras que hace unos años dominaban su espacios publicitarios. Desde hace unos meses, una gran promotora urbanística, como la constructora murciana de resorts Polaris World, está llevando a cabo una publicidad masiva para el mercado interior a través de los canales de televisión.

MARINA DE COPE NO SE VENDE
La cruzada contra el desarrollismo inmobiliario desatado en España ha provocado, incluso, piquetes informativos en la feria inmobiliaria londinense. También en los lugares de origen estos piquetes han actuado, como en la pasada feria inmobiliaria de Lorca. Por su parte, la Oficina Verde de la Universidad de Murcia ha iniciado una campaña en medios de comunicación europeos alertando sobre el macroproyecto urbanístico de Marina de Cope, precisamente el mismo lugar en el que el profesor aguileño, Premio Nacional de Medio Ambiente y consultor de Naciones Unidas, Pedro Costa, lideró el nacimiento del movimiento ecologista español y murciano contra la construcción de una central nuclear a comienzos de la década de los setenta del pasado siglo. Hoy, la plataforma “Murcia No se Vende” se ha extendido a toda España a través del movimiento “El Territorio No se Vende”. Sobre 21 millones de metros cuadrados del paraje protegido de Marina de Cope se pretenden construir cinco campos de golf, diez campos de fútbol, diez zonas de tenis, un campo de cricket, un velódromo, una marina artificial interior, diez mil viviendas y 20.000 plazas hoteleras, perpetrando un atentado medioambiental contra el último rincón virgen de la costa murciana. Se está a la espera de que el Tribunal Constitucional se pronuncie sobre la ley del suelo de 2001 promulgada por el gobierno autonómico del PP, que desprotegió 15.000 hectáreas.

Marina de Cope es el proyecto “estrella” del presidente autonómico Ramón Luis Valcárcel, que revalido el pasado 27 de mayo mayoría absoluta, a través de la figura de Actuación de Interés Regional, también recurrida ante los tribunales de justicia. El último informe de Ecologistas en Acción ha criticado a Valcárcel de invertir más en la propaganda del “agua para todos”, y ha calificado este megaproyecto de gravísimo, dirigido por una empresa con un 50 por ciento con capital norteamericano y otro cincuenta de la familia de abolengo andaluz Mora-Figueroa.

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