El filósofo José Antonio Marina recibe la controversia generada en torno a Educación para la Ciudadanía (EpC) como una lección práctica que ya ha conseguido la asignatura: la capacidad de debatir. En un artículo publicado por El Mundo, reclama en cualquier caso que el debate se prolongue “con la mayor lucidez posible”.
Marina, autor del manual de texto de EpC de la editorial SM, editorial que tiene gran predicamento en los colegios religiosos, hace un gesto a la Conferencia Episcopal, al Foro de la Familia y al grupo de Profesionales para la Ética al "reconocer" a todos ellos “la tenacidad y el apasionamiento con que están fomentando el debate”. Asegura que, aunque no está de acuerdo con sus opiniones, “no merecen que se les identifique con los vocingleros que les jalean” y defiende su derecho a manifestar sus posturas.
El Estado tiene poderes limitados y vigilados
El filósofo vuelve a rebatir argumentalmente algunos de los asuntos que se esgrimen contra la asignatura. Recuerda que el Estado no puede imponer ninguna ideología, ya que “los Estados confesionales son siempre nefastos. La historia de los totalitarismos del siglo pasado, incluido el franquista, demuestra que hay que andarse con cuidado con los poderes conferidos al Estado”. Sin embargo, vivimos en una democracia, como enseña EpC, donde “todos los poderes deben legitimarse y limitarse” y “reconocemos al Estado competencias educativas”. Si se acepta que existe “un conjunto de principios éticos universalmente válidos” el Estado está legitimado para incluir la ética en los contenidos educativos.
A los padres que se creen dueños de sus hijos
En cuanto a los padres que defienden la objeción de conciencia para que sus hijos no cursen EpC amparándose en el “derecho a educar”, Marina se muestra contundente. Señala que lo fundamental “es el derecho de los niños a ser bien educados” ya que “hablar del derecho a educar -sea por parte de los padres, de las iglesias, el Estado o quien sea- es presuntuoso, implica una patrimonialización de los niños”.
La objeción “no es un derecho absoluto”
Defiende que en la asignatura se enseñará incluso la objeción de conciencia como y como mecanismo que “muestra del respeto del sistema democrático hacia la conciencia privada”“permite, nada menos, que desobedecer una ley por motivos religiosos o morales”. Pero recuerda que “este espléndido derecho no es absoluto, porque entonces entraría en quiebra toda seguridad jurídica, sino que tiene que ser rigurosa y racionalmente justificado en cada caso”. Se pregunta así si hay razones en este caso para ejercerla.
La Iglesia, "nada que temer"
A la Iglesia católica le indica que “los derechos humanos son grandes defensores de la religión, puesto que reconocen el derecho a la libertad religiosa, de conciencia o de culto” y remite a Tomás de Aquino, que señala cómo la teología moral puede perfeccionar a la moral natural, por lo que concluye que “las religiones no tienen nada que temer de la ética”.
elplural.com
Marina, autor del manual de texto de EpC de la editorial SM, editorial que tiene gran predicamento en los colegios religiosos, hace un gesto a la Conferencia Episcopal, al Foro de la Familia y al grupo de Profesionales para la Ética al "reconocer" a todos ellos “la tenacidad y el apasionamiento con que están fomentando el debate”. Asegura que, aunque no está de acuerdo con sus opiniones, “no merecen que se les identifique con los vocingleros que les jalean” y defiende su derecho a manifestar sus posturas.
El Estado tiene poderes limitados y vigilados
El filósofo vuelve a rebatir argumentalmente algunos de los asuntos que se esgrimen contra la asignatura. Recuerda que el Estado no puede imponer ninguna ideología, ya que “los Estados confesionales son siempre nefastos. La historia de los totalitarismos del siglo pasado, incluido el franquista, demuestra que hay que andarse con cuidado con los poderes conferidos al Estado”. Sin embargo, vivimos en una democracia, como enseña EpC, donde “todos los poderes deben legitimarse y limitarse” y “reconocemos al Estado competencias educativas”. Si se acepta que existe “un conjunto de principios éticos universalmente válidos” el Estado está legitimado para incluir la ética en los contenidos educativos.
A los padres que se creen dueños de sus hijos
En cuanto a los padres que defienden la objeción de conciencia para que sus hijos no cursen EpC amparándose en el “derecho a educar”, Marina se muestra contundente. Señala que lo fundamental “es el derecho de los niños a ser bien educados” ya que “hablar del derecho a educar -sea por parte de los padres, de las iglesias, el Estado o quien sea- es presuntuoso, implica una patrimonialización de los niños”.
La objeción “no es un derecho absoluto”
Defiende que en la asignatura se enseñará incluso la objeción de conciencia como y como mecanismo que “muestra del respeto del sistema democrático hacia la conciencia privada”“permite, nada menos, que desobedecer una ley por motivos religiosos o morales”. Pero recuerda que “este espléndido derecho no es absoluto, porque entonces entraría en quiebra toda seguridad jurídica, sino que tiene que ser rigurosa y racionalmente justificado en cada caso”. Se pregunta así si hay razones en este caso para ejercerla.
La Iglesia, "nada que temer"
A la Iglesia católica le indica que “los derechos humanos son grandes defensores de la religión, puesto que reconocen el derecho a la libertad religiosa, de conciencia o de culto” y remite a Tomás de Aquino, que señala cómo la teología moral puede perfeccionar a la moral natural, por lo que concluye que “las religiones no tienen nada que temer de la ética”.
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1 comentario:
Carlos, te falta un artículo con las declaraciones del Obispo Cañizares sobre "ponerse al lado del mal", porque son para morirse del susto.
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