Después de tres años contribuyendo a sembrar dudas sobre la labor de jueces y policías en el esclarecimiento de los atentados del 11-M, el Partido Popular da signos de haber reconsiderado esta insólita estrategia. Ante la incontestable evidencia de que la vista oral del juicio ha dejado sin fundamento las fantasías conspirativas que relacionaban a los yihadistas con la banda terrorista ETA, los principales dirigentes del PP han multiplicado las declaraciones que dejan entrever el propósito de rectificar. Pero con un importante matiz: rectificar no significa para ellos reconocer que han buscado beneficiarse políticamente del culebrón alimentado por la prensa sensacionalista; significa negar que han dicho lo que han dicho. No se trata, pues, de que el PP vaya a corregir su actitud en el pasado reciente; es que pretende rectificar el pasado reciente para, en el fondo, seguir manteniendo su actitud.
No ha transcurrido tanto tiempo desde que el PP se jactaba de haber realizado varios centenares de preguntas parlamentarias relacionadas con las especulaciones sobre el 11-M durante las sesiones de control al Ejecutivo. Lo que hasta ahora sus líderes habían considerado como una prueba de la eficacia de su labor de oposición se ha convertido, de pronto, en una evidencia incómoda que debe ser borrada. Pero más allá de que existan archivos y hemerotecas en los que consta que el PP sí alentó las fantasías conspirativas, abriendo las puertas del Parlamento y del debate político a especulaciones del periodismo sensacionalista, su nueva falta de respeto a la verdad pone de manifiesto el daño infligido al Parlamento durante tres años, casi la totalidad de una legislatura. Consagrar un esfuerzo tan continuado a controlar al Gobierno sobre un asunto que no pasaba de ser un bulo significa, en realidad, que el PP entorpeció el funcionamiento del Legislativo, dirigiendo su actividad hacia asuntos imaginarios y dejando de lado otras muchas materias, éstas sí importantes y contrastadas.
Es una buena noticia que la cúpula del PP haya impartido la consigna de desmarcarse de las especulaciones conspirativas sobre el 11-M. Pero tres años entorpeciendo la tarea de las instituciones, desprestigiando el trabajo de la policía y de los jueces, y menospreciando a las víctimas de la mayor matanza terrorista que ha padecido nuestro país no pueden despacharse con un simple borrón y cuenta nueva.
No ha transcurrido tanto tiempo desde que el PP se jactaba de haber realizado varios centenares de preguntas parlamentarias relacionadas con las especulaciones sobre el 11-M durante las sesiones de control al Ejecutivo. Lo que hasta ahora sus líderes habían considerado como una prueba de la eficacia de su labor de oposición se ha convertido, de pronto, en una evidencia incómoda que debe ser borrada. Pero más allá de que existan archivos y hemerotecas en los que consta que el PP sí alentó las fantasías conspirativas, abriendo las puertas del Parlamento y del debate político a especulaciones del periodismo sensacionalista, su nueva falta de respeto a la verdad pone de manifiesto el daño infligido al Parlamento durante tres años, casi la totalidad de una legislatura. Consagrar un esfuerzo tan continuado a controlar al Gobierno sobre un asunto que no pasaba de ser un bulo significa, en realidad, que el PP entorpeció el funcionamiento del Legislativo, dirigiendo su actividad hacia asuntos imaginarios y dejando de lado otras muchas materias, éstas sí importantes y contrastadas.
Es una buena noticia que la cúpula del PP haya impartido la consigna de desmarcarse de las especulaciones conspirativas sobre el 11-M. Pero tres años entorpeciendo la tarea de las instituciones, desprestigiando el trabajo de la policía y de los jueces, y menospreciando a las víctimas de la mayor matanza terrorista que ha padecido nuestro país no pueden despacharse con un simple borrón y cuenta nueva.
Los ciudadanos merecen que se les diga la verdad, y que el principal partido de la oposición explique por qué se lanzó a esta aventura mezquina e insensata.
Las tornas han cambiado como consecuencia del juicio que se sigue en la Audiencia Nacional con las garantías del Estado de derecho, y el PP es ahora el destinatario del "queremos saber" que tan insidiosamente utilizó.
elpais.com
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