El juez del 11-M abre la puerta a la posible responsabilidad penal de Aznar

El juicio del 11-M comienza, pasadas las 24 primeras sesiones, a centrarse en las responsabilidades civiles del Estado. Es decir, en las posibles negligencias del Gobierno de Aznar para prevenir los atentados. El presidente del tribunal, Javier Gómez Bermúdez, ha decidido dejar más espacio para que los abogados profundicen en esta vertiente. Esto podría dar pie a procedimientos penales contra los responsables del Gobierno Aznar relacionados con la gestión del 11-M.

A lo largo del juicio han aflorado ya algunos fallos policiales en el control de las células islamistas, así como el descontrol de la mina asturiana de la que salieron los explosivos y la falta de atención que prestaron a la trama de traficantes de dinamita. También se ha puesto de manifiesto la escasa atención que el anterior Ejecutivo prestó a la amenaza islamista.

"¿Qué falló?"
Según informaba El Periódico de Catalunya, en la sesión del miércoles, el abogado Gonzalo Boyé, que representa a dos víctimas, lanzó el dardo directo a la diana. "¿Nos puede decir qué falló?", inquirió al ex comisario Jesús de la Morena, después de que este contara cómo un año antes de los atentados la policía ya investigaba, por sus conexiones con células radicales, por lo menos a cinco de los presuntos autores de la masacre, el Egipcio y el Tunecino entre ellos.

"Fallo del sistema"
"Eran investigaciones muy difíciles y desestructuradas", reconoció De la Morena. Boyé, único abogado que hasta el momento reclama la responsabilidad directa del Estado, consideró muy positiva para su estrategia jurídica la respuesta del excomisario. También interpretó como un triunfo para su causa la posterior declaración del ex subdirector operativo de la policía Pedro Díaz-Pintado, que admitió que este y cualquier atentado se produce por "un fallo del sistema en general".

Reclamar responsabilidad directa
Por su parte, la Asociación 11-M Afectados por el Terrorismo, que preside Pilar Manjón, y la Asociación de Ayuda a las Víctimas del Terrorismo -próxima a la AVT- reclaman en sus escritos la responsabilidad civil subsidiaria del Estado, pero la asociación de Manjón no descarta reclamar en su momento la responsabilidad "directa", como en el caso de Boyé.

¿Proceso contra Aznar?
Esta última, además de exigir un resarcimiento económico al Estado, abre las puertas para que en el futuro se puedan abrir procedimientos penales contra los responsables del Gobierno de Aznar relacionados con la gestión del 11-M, en el caso de que el tribunal determine que existen bases para ello.

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