El magistrado da curso a la petición de la Fiscalía y citará como imputados a los altos cargos de Medio Ámbiente y Urbanismo y al alcalde de Águilas. Estima que el supuesto delito más grave se habría cometido en MurciaEl caso de la polémica urbanización de La Zerrichera ha recibido otro empujón judicial con la decisión del magistrado Antonio Alcázar Fajardo de admitir a trámite la querella presentada por el fiscal jefe del TSJ contra altos cargos del Gobierno regional y el alcalde de Águilas, por los presuntos delitos de prevaricación, falsedad en documento oficial, negociaciones prohibidas a los funcionarios públicos, tráfico de influencias y cohecho.
Las diligencias practicadas por el fiscal jefe Manuel López Bernal, a raíz de sendas denuncias presentadas por la Asociación de Naturalistas del Sureste y el PSOE, estiman que no se debió autorizar la recalificación de unos terrenos protegidos -que se extienden sobre 2,4 millones de metros cuadrados en un paraje situado a unos diez kilómetros de Águilas- y que el proceso administrativo para facilitar la urbanización promovida por el Grupo Hispania está plagado de supuestas irregularidades.
Los imputados son el alcalde de Águilas, Juan Ramírez Soto, del Partido Popular; el ex concejal del mismo partido, José López Díaz; la ex directora general de Medio natural, Encarnación Muñoz Martínez; el director general de Calidad Ambiental, Antonio Alvarado Pérez; el director general de la Vivienda, Arquitectura y Urbanismo, Manuel Alfonso Guerrero Zamora; el subdirector general de la Vivienda, José María Ródenas Cañada; y el jefe de Servicio de Calidad Ambiental y presidente de la Comisión Técnica de Impacto Ambiental, Juan Ignacio Sánchez Gelabert. Este último fue incluido en la querella por el fiscal en una comunicación del 16 de marzo pasado.
El juez de Lorca se abstuvo
El titular del juzgado de Instrucción número 3 de Murcia da cursdo así a la querella después de que otro juez de Lorca, Juan Alcázar, rechazara hace un mes la instrucción del caso -el fiscal jefe del TSJ presentó la querella en los juzgados lorquinos- por falta de competencia territorial y por entender que los delitos se habrían cometido en la capital, donde tienen sus sedes las direcciones generales implicadas y las consejerías de Medio Ambiente y de Política Territorial que aprobaron la recalificación de los terrenos para facilitar la urbanización impulsada por el Grupo Hispania, propiedad de Trinitario Casanova Abadía, que pretendía alcanzar las 4.000 viviendas, junto con un hotel y campo de golf en unos terrenos protegidos como LIC y ZEPA.
Ahora, a mes y medio de las elecciones autonómicas y municipales, el juzgado de Instrucción número 3 de Murcia ha decidido que se cite a declarar a los imputados y que se practiquen «las actuaciones necesarias para la averiguación y esclarecimiento de los hechos, los autores y sus circunstancias». El magistrado Antonio Alcázar Fajardo rehusó hablar el pasado lunes con La Verdad y se remitió al gabinete de prensa del Tribunal Superior de Justicia.
El delito principal
Al considerar la competencia territorial del caso, Antonio Alcázar acepta básicamente los argumentos expuestos el pasado día 5 de marzo por so colega lorquino. Las razones por las que ha admitido a trámite la querella se fundamentan en que los hechos denunciados reúnen los requisitos que establece el artículo 277 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, sin perjuicio del principio de presunción de inocencia. En cuanto a la jurisdiccionalidad, entiende que el supuesto delito más grave, el de falsedad documental, se pudo haber cometido en Murcia.
Sobre la existencia de concertación o no entre las administraciones públicas -léase del Ayuntamiento de Águilas y de las consejería implicadas- el magistrado murciano apunta que «según el relato fáctico contenido en la querella los hechos supuestamente delictivos se habrían cometido tanto en la localidad de Águilas como en Murcia, pudiendo calificarse apriorísticamente de conexos por cuando, aparentemente, persiguen todos ellos la misma finalidad. Ciertamente», añade el auto judicial, «no consta explícitamente en el texto fáctico de la querella que hubiera concierto previo... Sin embargo, no se entendería esa coordinación sucesiva de las distintas administraciones a que alude el Ministerio Fiscal sin una previa concertación».
Añade asimismo que «pese a las dudas que suscita el lugar de inicio de la supuesta actividad delictiva como criterio de atribución de competencias, es inobjetable que el delito más grave imputado en la querella, el de falsedad documental, se habría cometido presuntamente en Murcia».
¿Los imputados pasarán a declarar antes o después de las elecciones?
El magistrado Antonio Alcázar Fajardo puntualiza en su auto que los siete querellados serán citados «para ser oídos en calidad de imputados» en una fecha que se precisará en una resolución aparte. Igualmente, señala que las diligencias que propone el fiscal jefe como prueba documental serán acordadas en dicha resolución. El juez también indica que a cada uno de ellos se les entregará previamente copia del escrito de la querella.
La cuestión ahora está en saber si los altos cargos imputados, así como el alcalde de Águilas -que ha sido propuesto nuevamente como candidato por el PP- pasarán por el despacho del juzgado antes o después de las próximas elecciones municipales autonómicas del 27 de mayo.
Como se sabe, los imputados pasaron por el despacho del fiscal jefe durante los meses de enero y febrero, con la consiguiente repercusión en los medios de comunicación. En el seno del Partido Popular no se ve con agrado que los altos cargos de las consejerías de Medio Ambiente y Política Territorial pasen de nuevo por los juzgados para explicar su participación en la recalificación de terrenos de La Zerrichera.
El juez de instrucción número 3 de Murcia concede a todas las partes un plazo de tres días para presentar recurso de reforma.
La cuestión ahora está en saber si los altos cargos imputados, así como el alcalde de Águilas -que ha sido propuesto nuevamente como candidato por el PP- pasarán por el despacho del juzgado antes o después de las próximas elecciones municipales autonómicas del 27 de mayo.
Como se sabe, los imputados pasaron por el despacho del fiscal jefe durante los meses de enero y febrero, con la consiguiente repercusión en los medios de comunicación. En el seno del Partido Popular no se ve con agrado que los altos cargos de las consejerías de Medio Ambiente y Política Territorial pasen de nuevo por los juzgados para explicar su participación en la recalificación de terrenos de La Zerrichera.
El juez de instrucción número 3 de Murcia concede a todas las partes un plazo de tres días para presentar recurso de reforma.
El alcalde de Águilas dice que no piensa dimitir, pese a la doctrina del PP de apartar a los imputados por los jueces.
La única reacción oficial que llegó ayer desde el Ayuntamiento de Águilas fue que no había comentarios del alcalde, Juan Ramírez, sobre su imputación por parte del juez de Murcia. Asimismo, el portavoz municipal señaló a La Verdad que el alcalde no piensa renunciar a su candidatura para las próximas elecciones municipales.
Como se sabe, el Partido Popular y el presidente Ramón Luis Valcárcel han señalado en varias ocasiones que apartarían de sus funciones a aquellos altos cargos y alcaldes que fueran imputados por un juez, como se ha producido ahora en el caso de La Zerrichera en lo que afecta a Juan Ramírez.
El portavoz regional del PP, Pedro Antonio Sánchez, señaló ayer a esta que en estos momentos deseaba pronunciarse con prudencia sobre el futuro de Juan Ramírez, cuando fue preguntado sobre la actitud que tomará su partido sobre el alcalde aguileño imputado en este caso. «Lo que han dicho siempre el presidente y el partido es que vamos a estar a la altura de nuestros compromiso con los murcianos, con una gestión honrada y transparante. Este principio y la prudencia hacen que ahora no me pronuncie más allá. En cualquier caso, la sociedad murciana puede estar tranquila porque el PP nunca va a defraudarla».
Respecto a las críticas de la portavoz parlamentaria del PSOE, Teresa Rosique, el representante del PP señaló que «esta mujer tiene un estilo político que es un híbrido entre el KGB y la Inquisición, porque pisotea todo el procedimiento jurídico normal y se atreve incluso a sentenciar. Está utilizando contra el PP las frases que antes usaba contra los socialistas cartageneros cuando ella militaba en IU y en el PCE. Ese discurso corrosivo se lo tiene bien aprendido y lo usa contra el PP. Tanto ella como Pedro Saura, si pudieran, nos eliminarían del panorama político. Están instalados en la crítica dañina y aprovechan cualquier ocasión para deteriorar la imagen publica PP».
Sobre la decisión del juzgado murciano de admitir a trámite la querella, Pedro Antonio Sánchez señaló que el PP «respeta las decisiones de la justicia. Hay que dejarla trabajar sin coacciones ni intromisiones. Vamos a facilitar toda la información necesaria para que la justicia pueda hacer buen trabajo», indicó. «Sí reclamamos celeridad. Nos gustaría que pudiera pronunciarse cuanto antes. Incluso antes de las elecciones si es posible», puntualizó.
Como se sabe, el Partido Popular y el presidente Ramón Luis Valcárcel han señalado en varias ocasiones que apartarían de sus funciones a aquellos altos cargos y alcaldes que fueran imputados por un juez, como se ha producido ahora en el caso de La Zerrichera en lo que afecta a Juan Ramírez.
El portavoz regional del PP, Pedro Antonio Sánchez, señaló ayer a esta que en estos momentos deseaba pronunciarse con prudencia sobre el futuro de Juan Ramírez, cuando fue preguntado sobre la actitud que tomará su partido sobre el alcalde aguileño imputado en este caso. «Lo que han dicho siempre el presidente y el partido es que vamos a estar a la altura de nuestros compromiso con los murcianos, con una gestión honrada y transparante. Este principio y la prudencia hacen que ahora no me pronuncie más allá. En cualquier caso, la sociedad murciana puede estar tranquila porque el PP nunca va a defraudarla».
Respecto a las críticas de la portavoz parlamentaria del PSOE, Teresa Rosique, el representante del PP señaló que «esta mujer tiene un estilo político que es un híbrido entre el KGB y la Inquisición, porque pisotea todo el procedimiento jurídico normal y se atreve incluso a sentenciar. Está utilizando contra el PP las frases que antes usaba contra los socialistas cartageneros cuando ella militaba en IU y en el PCE. Ese discurso corrosivo se lo tiene bien aprendido y lo usa contra el PP. Tanto ella como Pedro Saura, si pudieran, nos eliminarían del panorama político. Están instalados en la crítica dañina y aprovechan cualquier ocasión para deteriorar la imagen publica PP».
Sobre la decisión del juzgado murciano de admitir a trámite la querella, Pedro Antonio Sánchez señaló que el PP «respeta las decisiones de la justicia. Hay que dejarla trabajar sin coacciones ni intromisiones. Vamos a facilitar toda la información necesaria para que la justicia pueda hacer buen trabajo», indicó. «Sí reclamamos celeridad. Nos gustaría que pudiera pronunciarse cuanto antes. Incluso antes de las elecciones si es posible», puntualizó.
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