La manifestación convocada por la AVT, principal asociación de víctimas, que ayer recorrió las calles de Madrid es ya la quinta en poco tiempo contra la política antiterrorista del Gobierno de Zapatero. El lema que abría la marcha proclamaba: "Rendición, en mi nombre, no". Más explícitamente, la convocatoria de la AVT decía que el objetivo era "exigir al Gobierno que deje de claudicar ante los asesinos de ETA". Los convocantes identifican por tanto el intento del Gobierno de propiciar un final pactado de ETA con una rendición en toda regla ante los terroristas.
Seguramente habrá muchos ciudadanos solidarios con las víctimas y convencidos de la necesidad de que su voz sea oída que no compartan esas acusaciones. Incluso personas críticas con la forma como el Gobierno está conduciendo el proceso, o aspectos del mismo, pero que no pueden sumarse a planteamientos tan burdos como los que presiden desde hace algún tiempo los pronunciamientos y convocatorias de la AVT.
La acusada politización de esa asociación es una dificultad objetiva para que cumpla su papel mediador entre las víctimas (cada una con sus ideas y creencias) y la sociedad cuya solidaridad invoca con un derecho cierto, pero cuya legitimidad disminuye en la medida en que se limita a abanderar a una formación política determinada. Sin embargo, no es posible prescindir de las víctimas; cualquier planteamiento de negociación tiene que contar con sus preocupaciones, sentimientos y reclamaciones.
Incluso ETA (y su brazo político) tienen que reconocer que ya no pueden prescindir de la exigencia de justicia de las víctimas a la hora, por ejemplo, de plantear eventuales medidas de gracia para los presos. Tampoco puede dejar de tomarlas en consideración el Gobierno; no para esquivar su propia responsabilidad a la hora de decidir las medidas más eficaces para acabar con el terrorismo; pero sí para escuchar sus razones y responder a ellas, si no las comparte, con argumentos. Cualquiera puede ver que muchas de las declaraciones de algunos portavoces de los colectivos de víctimas tienen una fuerte carga demagógica y reflejan a veces obsesiones disparatadas (en relación al 11-M, etcétera); pero el Gobierno no puede limitarse a ignorarlas o despacharlas con apelaciones a su manipulación por el PP.
El respeto que las víctimas reclaman y los políticos proclaman no significa que haya que darles la razón a todo lo que digan, como a veces insinúan los portavoces del primer partido de la oposición. La demagogia de contraponer proceso de paz a derrota de ETA (como si lo uno no fuera consecuencia de lo otro) es más grave en boca de dirigentes como Acebes, que saben que las cosas no son tan simples, que en las del portavoz habitual de la AVT. Pero incluso éste tiene derecho a que se le responda con razones. Cada día que pasa es más evidente que debe hacerse todo lo posible y más para que el PP se sume al consenso del resto de partidos en la tarea de acabar con el terrorismo y con el desconcierto de una parte de la opinión pública. Otra cosa es que el primer partido de la oposición tenga interés en ello.
Seguramente habrá muchos ciudadanos solidarios con las víctimas y convencidos de la necesidad de que su voz sea oída que no compartan esas acusaciones. Incluso personas críticas con la forma como el Gobierno está conduciendo el proceso, o aspectos del mismo, pero que no pueden sumarse a planteamientos tan burdos como los que presiden desde hace algún tiempo los pronunciamientos y convocatorias de la AVT.
La acusada politización de esa asociación es una dificultad objetiva para que cumpla su papel mediador entre las víctimas (cada una con sus ideas y creencias) y la sociedad cuya solidaridad invoca con un derecho cierto, pero cuya legitimidad disminuye en la medida en que se limita a abanderar a una formación política determinada. Sin embargo, no es posible prescindir de las víctimas; cualquier planteamiento de negociación tiene que contar con sus preocupaciones, sentimientos y reclamaciones.
Incluso ETA (y su brazo político) tienen que reconocer que ya no pueden prescindir de la exigencia de justicia de las víctimas a la hora, por ejemplo, de plantear eventuales medidas de gracia para los presos. Tampoco puede dejar de tomarlas en consideración el Gobierno; no para esquivar su propia responsabilidad a la hora de decidir las medidas más eficaces para acabar con el terrorismo; pero sí para escuchar sus razones y responder a ellas, si no las comparte, con argumentos. Cualquiera puede ver que muchas de las declaraciones de algunos portavoces de los colectivos de víctimas tienen una fuerte carga demagógica y reflejan a veces obsesiones disparatadas (en relación al 11-M, etcétera); pero el Gobierno no puede limitarse a ignorarlas o despacharlas con apelaciones a su manipulación por el PP.
El respeto que las víctimas reclaman y los políticos proclaman no significa que haya que darles la razón a todo lo que digan, como a veces insinúan los portavoces del primer partido de la oposición. La demagogia de contraponer proceso de paz a derrota de ETA (como si lo uno no fuera consecuencia de lo otro) es más grave en boca de dirigentes como Acebes, que saben que las cosas no son tan simples, que en las del portavoz habitual de la AVT. Pero incluso éste tiene derecho a que se le responda con razones. Cada día que pasa es más evidente que debe hacerse todo lo posible y más para que el PP se sume al consenso del resto de partidos en la tarea de acabar con el terrorismo y con el desconcierto de una parte de la opinión pública. Otra cosa es que el primer partido de la oposición tenga interés en ello.
elpais.com
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