Ley de Igualdad

El Consejo de Ministros aprobó ayer el proyecto de Ley de Igualdad entre Mujeres y Hombres, uno de los proyectos estrella del Gobierno socialista, que pretende eliminar las situaciones de discriminación sexual, principalmente femenina, en los ámbitos público, privado y laboral. El texto ha sido ligeramente modificado a la baja, a partir del borrador inicial, una vez escuchadas las recomendaciones del Consejo de Estado. Y parece sensato que así haya sido en vista de las duras críticas de los empresarios sobre aspectos concretos del mismo. La CEOE consideró intervencionista y contraria a los "criterios de eficiencia y equidad" la idea inicial de promover la presencia femenina en los consejos de administración hasta lograr que un 40% de mujeres formara parte de ellos en un plazo de cuatro años. El Gobierno ha rebajado ese objetivo, ampliándolo a ocho y sin ninguna obligatoriedad por parte de las empresas.

Pero no por ello la futura ley carece de ambición. En teoría, debe ser el revulsivo necesario para cambiar los comportamientos culturales y laborales de nuestro país, que se encuentra aún muy distanciado de los más desarrollados en lo que concierne a igualdad sexual. La incorporación de la mujer al trabajo y la del hombre a las tareas domésticas y cuidado de los hijos siguen siendo insuficientes, al tiempo que se mantienen las discriminaciones en cuanto a sueldos (la brecha salarial es del 30%) o cargos de responsabilidad. En España, sólo un 2% de mujeres están en los consejos de administración de las grandes empresas. Sería un error que la futura norma se convirtiera simplemente en un intento de cuantificar la presencia femenina en cualquier ámbito sin atender a parámetros de valía y eficiencia. Sin embargo, debe ser el eje para atacar las prácticas de discriminación allí donde las haya -sobre todo en el mundo laboral- y favorecer la aplicación de medidas de discriminación positiva a favor de la mujer marginada en razón de su sexo.

Dos de las medidas positivas más concretas son la paridad electoral (ningún sexo tendrá una presencia menor del 40% en las candidaturas), lo que obligará a modificar la actual ley electoral, así como la ampliación del permiso de paternidad de dos a ocho días, esto último considerado aún insuficiente por los sindicatos. Si hubiese que poner alguna reserva a la futura ley, es quizá el peligro de que pueda quedarse en una declaración de buenas intenciones si no se aplica con rigor. Es verdad que contempla sanciones a las empresas que discriminen a sus trabajadores por razones de sexo o permitan situaciones de acoso sexual, pero deja un gran margen de libertad a las empresas para la implementación de muchos de los objetivos marcados.