El Congreso rechazó ayer la proposición no de ley presentada por el PP y avalada por cuatro millones de firmas por la que se instaba al Gobierno a convocar un referéndum sobre la unidad de España y la igualdad de los ciudadanos en derechos, deberes y acceso a los servicios públicos. La barroca formulación es el resultado de tener que adaptar a la legislación vigente una ocurrencia destinada a promover, mediante la iniciativa popular (que exige la presentación de medio millón de firmas), un referéndum en toda España sobre el nuevo Estatuto catalán. El argumento era que ese Estatuto encierra en realidad una fraudulenta reforma de la Constitución, por lo que todos los españoles tienen derecho a pronunciarse sobre su contenido.
La Constitución prohíbe la utilización de la iniciativa popular para ciertos temas, como las leyes orgánicas (lo son las reformas estatutarias), las tributarias o las relacionadas con la prerrogativa de gracia. La ley que desarrolla la iniciativa popular explica esas limitaciones por el deseo de evitar "manipulaciones demagógicas" o intentos de legitimar "iniciativas partidistas" bajo el amplio sayo del "consenso popular". La explicación vale para este caso. El PP quiso capitalizar a su favor la irritación producida en muchos ciudadanos de toda España por el proyecto de nuevo Estatuto salido del Parlamento catalán, y que estaba provocando un fuerte desgaste al Gobierno de Zapatero. Pero la vía elegida no sólo fue un disparate desde el punto de vista constitucional, sino errada políticamente.
Los aspectos inconstitucionales del proyecto catalán podían ser eliminados a su paso por las Cortes. La batalla política se planteaba precisamente entre quienes sostenían (y no era sólo Esquerra) que el texto, aprobado por una amplísima mayoría en Barcelona, debía ser convalidado sin más en Madrid -salvo ligeros retoques-, y los partidarios de su saneamiento a fondo. El PP pudo haber intervenido en esa batalla, incluso haber reclamado para sí el mérito de haber obligado a Zapatero, encuestas en mano, a cambiar de aliado, acercándose a CiU, para limar los aspectos más inasumibles del texto. La iniciativa del referéndum, incluso después de convertirla en proposición no de ley, significaba situarse al margen de ese debate concreto y plantear otro en términos excéntricos y que sólo tenía sentido si el objetivo era excitar las bajas pasiones para enfrentar a los catalanes con el resto de los españoles.
El procedimiento previsto en la Constitución es equilibrado y favorece la negociación y el pacto: iniciativa de la comunidad autónoma, aprobación por las Cortes y refrendo por la población concernida. La ocurrencia de un referéndum del conjunto de los españoles rompe ese equilibrio. No se trata, por tanto, de discutir si cuatro millones de firmas son muchas o pocas, sino de si esa iniciativa es compatible con la lógica del Estado autonómico. El Congreso le dijo ayer a Mariano Rajoy que no. Fue una mala idea y ha servido para bien poco.
La Constitución prohíbe la utilización de la iniciativa popular para ciertos temas, como las leyes orgánicas (lo son las reformas estatutarias), las tributarias o las relacionadas con la prerrogativa de gracia. La ley que desarrolla la iniciativa popular explica esas limitaciones por el deseo de evitar "manipulaciones demagógicas" o intentos de legitimar "iniciativas partidistas" bajo el amplio sayo del "consenso popular". La explicación vale para este caso. El PP quiso capitalizar a su favor la irritación producida en muchos ciudadanos de toda España por el proyecto de nuevo Estatuto salido del Parlamento catalán, y que estaba provocando un fuerte desgaste al Gobierno de Zapatero. Pero la vía elegida no sólo fue un disparate desde el punto de vista constitucional, sino errada políticamente.
Los aspectos inconstitucionales del proyecto catalán podían ser eliminados a su paso por las Cortes. La batalla política se planteaba precisamente entre quienes sostenían (y no era sólo Esquerra) que el texto, aprobado por una amplísima mayoría en Barcelona, debía ser convalidado sin más en Madrid -salvo ligeros retoques-, y los partidarios de su saneamiento a fondo. El PP pudo haber intervenido en esa batalla, incluso haber reclamado para sí el mérito de haber obligado a Zapatero, encuestas en mano, a cambiar de aliado, acercándose a CiU, para limar los aspectos más inasumibles del texto. La iniciativa del referéndum, incluso después de convertirla en proposición no de ley, significaba situarse al margen de ese debate concreto y plantear otro en términos excéntricos y que sólo tenía sentido si el objetivo era excitar las bajas pasiones para enfrentar a los catalanes con el resto de los españoles.
El procedimiento previsto en la Constitución es equilibrado y favorece la negociación y el pacto: iniciativa de la comunidad autónoma, aprobación por las Cortes y refrendo por la población concernida. La ocurrencia de un referéndum del conjunto de los españoles rompe ese equilibrio. No se trata, por tanto, de discutir si cuatro millones de firmas son muchas o pocas, sino de si esa iniciativa es compatible con la lógica del Estado autonómico. El Congreso le dijo ayer a Mariano Rajoy que no. Fue una mala idea y ha servido para bien poco.
elpais.es
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