El máximo responsable de la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Murcia, confirmó que en estos momentos son ya doce las investigaciones que su departamento mantiene abiertas sobre presuntos delitos urbanísticos o de corrupción, en todos los cuales existe vinculación de las administraciones regional o local. En concreto, las diligencias que están en trámite tienen relación con la Comunidad Autónoma -por asuntos como La Zerrichera o el aparcamiento de San Esteban- y con ocho ayuntamientos -Cartagena, Mazarrón, Archena, Águilas, La Unión, Cieza, Murcia y Los Alcázares-, algunos de los cuales, como ocurre con los tres últimos, aparecen inmersos en varias causas.El fiscal jefe eludió comentar el momento en el que se encuentra cada una de las investigaciones, así como si de las gestiones realizadas hasta el momento se deduce la existencia de indicios delictivos, lo que llevaría a la Fiscalía a remitir esos asuntos concretos al juzgado de Instrucción que corresponde, con el fin de que abra diligencias previas.
Una circunstancia que llama la atención es el hecho de que se haya duplicado, en poco más de una semana, el número de asuntos urbanísticos o de corrupción administrativa que están bajo la lupa de la Fiscalía. Ello responde no sólo al cruce de denuncias que desde hace semanas vienen intercambiando PSOE y PP, sino también a lo que parece un radical cambio de actitud en la Fiscalía desde la llegada de López Bernal, quien ya en su toma de posesión -el 13 de enero pasado- anunció que la lucha contra los delitos económicos, la corrupción y la delincuencia organizada constituían su gran prioridad.Además se comprometió a actuar de oficio cuando desde cualquier ámbito se hiciesen denuncias sobre hechos que en apariencia revistiesen indicios de delito, y así lo ha hecho ya en varias ocasiones.
La explosión experimentada en el número de asuntos, supuestamente delictivos, relacionados con el urbanismo ha llevado a López Bernal a realizar diversas gestiones ante la Fiscalía General del Estado, dirigida por Cándido Conde-Pumpido, con el objetivo de conseguir que se autorice la designación de un fiscal anticorrupción en la Región. Este profesional se encargaría de la investigación de este tipo de casos de forma prácticamente exclusiva, según apuntan fuentes de este órgano.
No hay comentarios:
Publicar un comentario