La Federación de Servicios Públicos (FSP) de UGT advirtió hoy de que un "importante número" de funcionarios de la Consejería de Obras Públicas se encuentra en riesgo psicosocial, según un informe de evaluación de riesgos redactado por la Dirección General de Función Pública.
El secretario de la FSP, Antonio Jiménez, dijo que ese estudio elaborado en diciembre, y facilitado este mes a UGT tras "multitud de requerimientos", pone de manifiesto una situación de "alerta" en la Consejería que dirige Joaquín Bascuñana porque un porcentaje "muy significativo" de empleados públicos donde los técnicos se ven sometidos a presiones políticas al realizar informes de obras públicas condicionando su imparcialidad. Se sienten "machacados, perseguidos, coaccionados, acosados, menospreciados y amenazados".
El secretario de la FSP, Antonio Jiménez, dijo que ese estudio elaborado en diciembre, y facilitado este mes a UGT tras "multitud de requerimientos", pone de manifiesto una situación de "alerta" en la Consejería que dirige Joaquín Bascuñana porque un porcentaje "muy significativo" de empleados públicos donde los técnicos se ven sometidos a presiones políticas al realizar informes de obras públicas condicionando su imparcialidad. Se sienten "machacados, perseguidos, coaccionados, acosados, menospreciados y amenazados".
La Federación de Servicios Públicos de UGT, que reclamó hoy la dimisión de Bascuñana y la apertura de un expediente informativo para depurar las responsabilidades que pudieran existir, advirtió además de un "grave problema en la organización laboral de esa Consejería, que puede afectar tanto a la salud como al rendimiento del trabajo".
Para Antonio Jiménez, el estudio de evaluación de riesgos "requiere de una inmediata intervención" puesto que "si esas actitudes se han producido mediante hechos, órdenes o palabras, de forma reiterada y duradera, y con el fin de desacreditar, desconsiderar y aislar al empleado, se deberían derivar estos casos al ámbito judicial".
UGT reclamó también la apertura urgente de un expediente en la Consejería de Economía y Hacienda, a través de la Inspección General de Servicios de la Comunidad Autónoma, para valorar las responsabilidades en que se haya podido incurrir, con carácter previo en su caso a la vía judicial.
Antonio Jiménez informó además de que va a solicitar una reunión urgente con la consejera de Economía y Hacienda, Inmaculada García, para analizar el informe de evaluación de riesgos.
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