Los ciudadanos de Cataluña han refrendado con sus votos el texto del nuevo Estatuto de Autonomía. Las urnas han arrojado un voto afirmativo masivo que no permite albergar duda alguna sobre el resultado de la consulta. La floja participación, que no consigue superar la barrera simbólica del 50%, refleja el nivel también escaso del entusiasmo suscitado por el proceso de elaboración y discusión del nuevo texto legal. Las cuatro circunscripciones electorales catalanas sólo alcanzaron un nivel de abstención más alto en otra consulta, el referéndum de la Constitución europea en 2005, cuando la participación se quedó en un mero 40,6%.
El nuevo Estatuto llega así con menos consenso por parte de los partidos parlamentarios que el anterior, con menor participación de los ciudadanos y con menos votos afirmativos. Pero las épocas son muy distintas, y en 1979 lo que estaba en juego era la mera posibilidad de que Cataluña tuviera autonomía, mientras que ahora se trataba de elegir entre aquel Estatuto y el nuevo. Ya en aquella ocasión, la ratificación de la naciente autonomía suscitó ocho puntos menos de participación que la ratificación de la Constitución un año antes, abriendo una línea de comportamiento dual, todavía no corregida, en la que las elecciones generales suscitan mayor participación que las autonómicas. La consulta de ayer ratifica una vez más este voto dual de los catalanes que debiera preocupar a los partidos, en la medida en que revela que hay una parte de la población que se inhibe de la autonomía y sólo se moviliza en las elecciones y consultas generales.
Los dos partidos que propugnaban el voto negativo, Partido Popular y Esquerra Republicana de Catalunya, han obtenido un resultado mediocre, al alcanzar apenas algo más del 20% de los votos, ocho por debajo de la suma de sus porcentajes en las últimas elecciones autonómicas. No es extraño que se hayan apresurado a intentar deslegitimar los resultados, esgrimiendo la abstención para seguir cargándose de razón a pesar del limitado eco obtenido entre los ciudadanos. La legitimidad de los resultados no se puede discutir sensatamente tal como está intentando el frente del no, y hay que rechazar sobre todo el intento de prolongar in aetérnum el debate sobre el Estatuto. El proceso que hoy culmina con la consulta a los ciudadanos, perfectamente reglado por nuestro sistema legal, es en sí mismo una fórmula que fabrica consenso y legitimidad, y tiene la virtud de cerrar de una vez un periodo excesivamente agitado de la vida política catalana.
No es ocioso recordar que primero fue el Parlamento catalán el que aprobó el proyecto -el llamado Estatuto de Miravet-, luego enmendado por las Cortes generales, donde recibió los votos favorables en el Congreso y en el Senado -momento en el que se cayó el apoyo de ERC-, y ha regresado a Cataluña para que los ciudadanos se pronunciaran. La victoria rotunda del voto afirmativo, por el que han optado tres de cada cuatro ciudadanos que han acudido a las urnas, no admite discusión. El Partido Popular votó en contra en el Parlamento catalán, rechazó su admisión a trámite en el Congreso de los Diputados, votó coherentemente en contra en las dos Cámaras de las Cortes e incluso lanzó una campaña de firmas para instar al Gobierno a la convocatoria de un referéndum en toda España, sin base legal, sobre el Estatuto catalán. Será también coherente su recurso al Tribunal Constitucional, que servirá además para cerrar todos los resquicios y dudas que puedan quedar, aunque el texto legal ya entrará en vigor antes de agosto.
El debate sobre la legitimidad del resultado de ayer se prolongará muy pronto en las elecciones autonómicas anticipadas que se celebrarán en otoño, y en las que se elucidarán las cuentas políticas que los cinco partidos catalanes tienen pendientes con los ciudadanos. Será en algún aspecto la segunda vuelta del referéndum, en el que los ciudadanos tendrán la ocasión de entrar en detalles respecto al peso de cada partido. Paso previo, y del mayor interés, será saber cómo resuelve el PSC su dilema entre presentar como candidato a la presidencia a su actual secretario general y ministro de Industria, José Montilla, tal como desea el conjunto del socialismo (tanto el PSC como el PSOE), o presentar de nuevo al actual presidente de la Generalitat, Pasqual Maragall, mejor tratado por las encuestas pero repudiado por gran parte de la opinión socialista y por el interés de CiU.
La mayoría apabullante de votos afirmativos, junto a la baja participación, no permite decantar la lectura de estos resultados a favor de ninguna de las dos candidaturas. En cambio, si algo se puede deducir es que, a pesar de todo, el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, se ha salido con la suya: si se observa el sondeo de Opina para EL PAÍS del pasado domingo, la proporción de votos afirmativos recogidos ayer en las urnas se corresponde con las preferencias de los ciudadanos catalanes por Zapatero, mientras que la suma de los que preferían a Rajoy (8,5%) y quienes no tenían opinión se corresponde con los votos negativos.
El nuevo Estatuto llega así con menos consenso por parte de los partidos parlamentarios que el anterior, con menor participación de los ciudadanos y con menos votos afirmativos. Pero las épocas son muy distintas, y en 1979 lo que estaba en juego era la mera posibilidad de que Cataluña tuviera autonomía, mientras que ahora se trataba de elegir entre aquel Estatuto y el nuevo. Ya en aquella ocasión, la ratificación de la naciente autonomía suscitó ocho puntos menos de participación que la ratificación de la Constitución un año antes, abriendo una línea de comportamiento dual, todavía no corregida, en la que las elecciones generales suscitan mayor participación que las autonómicas. La consulta de ayer ratifica una vez más este voto dual de los catalanes que debiera preocupar a los partidos, en la medida en que revela que hay una parte de la población que se inhibe de la autonomía y sólo se moviliza en las elecciones y consultas generales.
Los dos partidos que propugnaban el voto negativo, Partido Popular y Esquerra Republicana de Catalunya, han obtenido un resultado mediocre, al alcanzar apenas algo más del 20% de los votos, ocho por debajo de la suma de sus porcentajes en las últimas elecciones autonómicas. No es extraño que se hayan apresurado a intentar deslegitimar los resultados, esgrimiendo la abstención para seguir cargándose de razón a pesar del limitado eco obtenido entre los ciudadanos. La legitimidad de los resultados no se puede discutir sensatamente tal como está intentando el frente del no, y hay que rechazar sobre todo el intento de prolongar in aetérnum el debate sobre el Estatuto. El proceso que hoy culmina con la consulta a los ciudadanos, perfectamente reglado por nuestro sistema legal, es en sí mismo una fórmula que fabrica consenso y legitimidad, y tiene la virtud de cerrar de una vez un periodo excesivamente agitado de la vida política catalana.
No es ocioso recordar que primero fue el Parlamento catalán el que aprobó el proyecto -el llamado Estatuto de Miravet-, luego enmendado por las Cortes generales, donde recibió los votos favorables en el Congreso y en el Senado -momento en el que se cayó el apoyo de ERC-, y ha regresado a Cataluña para que los ciudadanos se pronunciaran. La victoria rotunda del voto afirmativo, por el que han optado tres de cada cuatro ciudadanos que han acudido a las urnas, no admite discusión. El Partido Popular votó en contra en el Parlamento catalán, rechazó su admisión a trámite en el Congreso de los Diputados, votó coherentemente en contra en las dos Cámaras de las Cortes e incluso lanzó una campaña de firmas para instar al Gobierno a la convocatoria de un referéndum en toda España, sin base legal, sobre el Estatuto catalán. Será también coherente su recurso al Tribunal Constitucional, que servirá además para cerrar todos los resquicios y dudas que puedan quedar, aunque el texto legal ya entrará en vigor antes de agosto.
El debate sobre la legitimidad del resultado de ayer se prolongará muy pronto en las elecciones autonómicas anticipadas que se celebrarán en otoño, y en las que se elucidarán las cuentas políticas que los cinco partidos catalanes tienen pendientes con los ciudadanos. Será en algún aspecto la segunda vuelta del referéndum, en el que los ciudadanos tendrán la ocasión de entrar en detalles respecto al peso de cada partido. Paso previo, y del mayor interés, será saber cómo resuelve el PSC su dilema entre presentar como candidato a la presidencia a su actual secretario general y ministro de Industria, José Montilla, tal como desea el conjunto del socialismo (tanto el PSC como el PSOE), o presentar de nuevo al actual presidente de la Generalitat, Pasqual Maragall, mejor tratado por las encuestas pero repudiado por gran parte de la opinión socialista y por el interés de CiU.
La mayoría apabullante de votos afirmativos, junto a la baja participación, no permite decantar la lectura de estos resultados a favor de ninguna de las dos candidaturas. En cambio, si algo se puede deducir es que, a pesar de todo, el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, se ha salido con la suya: si se observa el sondeo de Opina para EL PAÍS del pasado domingo, la proporción de votos afirmativos recogidos ayer en las urnas se corresponde con las preferencias de los ciudadanos catalanes por Zapatero, mientras que la suma de los que preferían a Rajoy (8,5%) y quienes no tenían opinión se corresponde con los votos negativos.
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