La Zerrichera, de nuevo

Este asunto ha originado ya ríos de tinta. Y parece que aún no hemos llegado al fondo de la cuestión. Recientemente, la detención en Madrid de Francisco Marqués, ex consejero del Gobierno regional y ex delegado del Gobierno en Murcia, ha levantado un importante revuelo social, pero también político. Socialmente, he detectado que la gente se está preguntando muchas cosas: hasta dónde, hasta qué altura ha llegado la responsabilidad penal por las decisiones supuestamente constitutivas de delito en este asunto. Y, si la responsabilidad penal alcanzase a esas alturas, ¿se va a exigir? ¿quién ha sido el muñidor en este asunto?. Y, en otro orden de cosas, conocidos algunos datos sobre el patrimonio del ex consejero, la gente se pregunta: ¿es que la política da para tanto? ¿Cómo se puede adquirir un buen patrimonio inmobiliario estando en la política y habiendo accedido a ella desde una profesión sanitaria?. Y también: ¿se puede decir impunemente en los medios de comunicación que se ha ocultado a Hacienda más de medio millón de euros?, ¿es que esto no tiene remedio?.

Políticamente, la consecuencia inmediata de este revuelo ha sido la petición del PSOE en la Asamblea regional de la creación de una comisión de investigación.

En mi opinión, en este asunto conviene mantener la cabeza fría, y efectuar varias reflexiones en voz alta, algunas de las cuales serían perfectamente encuadrables en ese gran debate a fondo sobre la corrupción política que Murcia en particular, pero también toda España en general, están necesitando con carácter urgente y perentorio.

1. Ante todo, creo que hay que deslindar claramente la dimensión jurídico-penal de la estrictamente política del asunto. Jurídica y procesalmente, hay que dejar que el juez Alcázar siga instruyendo el sumario, con serenidad y objetividad. Se trata de un asunto muy complejo, y es comprensible que la instrucción se alargue. Ahora bien, convendría ir terminándola cuanto antes, para evitar el sufrimiento moral de los imputados, y porque parece que la opinión pública está exigiendo que este asunto se resuelva ya judicialmente cuanto antes.

Además, en este ámbito penal se ha de respetar escrupulosamente el derecho constitucional a la presunción de inocencia, en virtud del cual todo el mundo es inocente mientras no se demuestre lo contrario, lo que exige para desvirtuar esta presunción no sólo la práctica de las diligencias de instrucción, sino la de pruebas convincentes en el juicio oral.

2. En cuanto al enriquecimiento personal de los imputados, hay que partir de la base de que se puede haber producido por medios perfectamente lícitos. Este punto de partida es también una exigencia de la presunción de inocencia. Los acusados de delitos en el ejercicio de un cargo público pueden siempre alegar que su incremento de fortuna se ha producido conforme a Ley, bien por una herencia, o por un negocio muy lucrativo que no ha tenido nada que ver con su actividad política. Ahora bien, si la acusación demuestra que ese enriquecimiento personal es consecuencia directa de la actividad política ilícita, entonces se han de exigir responsabilidades. Porque con los sueldos oficiales, por muy altos que sean, nadie puede hacerse rico. Y en política podemos perdonar que se meta la pata, pero no que se meta la mano.

En este punto, muchos de nuestros conciudadanos se muestran muy escépticos. Alguno me ha dicho que nunca se obligará a nadie a devolver lo que ha adquirido ilícitamente en la política. Puede que algunos vayan a la cárcel, pero nadie devuelve lo que ha ganado ilícitamente. A algunos, incluso, no les importa ir a la cárcel unos cuantos años, si patrimonialmente ya se han apañado, y cuentan con una fortuna para sí, para sus hijos, y para sus nietos. Por aquello de que «el escándalo pasa y la fortuna se queda en casa».

Lamentablemente, este escepticismo, o, mejor, este fatalismo, tiene cierto fundamento. Para conseguir que se devuelva aquello con que algunos se han enriquecido en la política, sería preciso que en los procesos penales se personaran como acusaciones particulares las Administraciones o instituciones desde las que haya operado el político corrupto, a fin de exigirles como responsabilidad civil la indemnización de los daños y perjuicios causados a la Administración o institución. Pero no siempre sería fácil cuantificar el daño, ni que ese daño fuese equivalente a la totalidad del enriquecimiento ilícito. Creo que en este asunto la única solución está en manos del legislador. Se trataría de establecer legalmente la posibilidad de decomisar las ganancias ilícitas, algo parecido a lo que se les aplica a los narcotraficantes. De este modo, aunque el escándalo hubiese pasado, esas fortunas amasadas ilícitamente desde el poder no se quedarían en la casa del condenado y no podría disfrutarla cuando saliese de la cárcel. Esas ganancias se destinarían a fines de interés general, que siempre habrá necesidades públicas que atender.

3. Y, en fin, políticamente, hay que tener claros varios puntos: en primer lugar, existe una ineludible responsabilidad solidaria entre los miembros del Consejo de Gobierno. Su presidente lo dirige y lo coordina, pero responde de su actuación políticamente. Esta responsabilidad puede ser in eligendo o in vigilando, es decir, responsabilidad por haber elegido a una persona como consejero, o responsabilidad por el deber de vigilar su gestión. Pero responsabilidad, al fin y al cabo. Y, en segundo lugar, que en el ámbito político no rige la presunción de inocencia. Todo lo contrario: al político le corresponde demostrar públicamente que ha actuado correctamente. Y si no lo hace, o no logra hacerlo, incurre en responsabilidad política exigible.

En este asunto de La Zerrichera, el Gobierno de la Región, y su presidente a la cabeza, han de demostrar públicamente que siempre han actuado en defensa del interés general; y que lo han hecho cuando decidieron impulsar la recalificación de un terreno que estaba protegido como lugar de interés comunitario. Se ha de demostrar que era de interés general que un empresario comprase ese terreno a los anteriores propietarios por treinta millones de euros, y que, una vez obtenida la recalificación, se vendiese por más del doble a una caja de ahorros de Guipúzcoa, todo ello sin poner un ladrillo. Se ha de demostrar públicamente que en todo este asunto la intervención de la Consejería y del Gobierno, a pesar de ser en contra del informe de algunos de sus técnicos (cuyos nombres estoy seguro que los interesados no quieren que diga) se ha basado siempre en la defensa del interés general. Si no se hace así, si no se demuestra ese interés general en cuya consecución han de actuar siempre las instituciones políticas, si al final resulta que sólo había intereses y ganancias particulares, entonces no debería tener nadie dudas de que la oposición en la Asamblea regional tendrá que exigir que los políticos que así han actuado dimitan. Ningún otro planteamiento sería aceptable por la sociedad. Porque hemos elegido a nuestros políticos para que defiendan los intereses generales, y no para que sirvan a intereses particulares, ni para que favorezcan con sus decisiones enriquecimientos injustificados. Tendrían que dimitir. Y no me refiero sólo a directores generales. Me refiero también a consejeros. Y al propio presidente del Consejo de Gobierno. Así que, sin excusas ni demoras, han de ponerse a trabajar para demostrar que en el asunto de La Zerrichera siempre han actuado en defensa del interés general. Porque penalmente se presume su inocencia. Políticamente, no.


Juan Ramón Calero Rodríguez