El Tribunal Supremo ha negado que exista un derecho genérico a la objeción de conciencia frente a la asignatura de Educación para Ciudadanía y los Derechos Humanos (EpC), según el dictamen alcanzado ayer por el pleno de la Sala Tercera o de lo Contencioso-Administrativo del alto tribunal, que necesitó casi 20 horas de discusiones a lo largo de tres jornadas para alcanzar un acuerdo mayoritario, respaldado por 22 de los 29 magistrados que participaron en la deliberación.
Tan alto consenso fue posible gracias a dos salvedades: la materia debe limitarse a inculcar los valores recogidos en la Constitución, por lo que cualquier intento de utilizar esa materia para adoctrinar sobre valores morales permitirá revisar en el futuro el criterio adoptado este miércoles.
La sala resuelve así las contradicciones que aparecieron entre las primeras sentencias que abordaron el conflicto presentado por padres que se negaron a que sus hijos recibiesen esa asignatura, cuatro de ellas de los tribunales superiores de Asturias y Andalucía. El acuerdo causó satisfacción en el Ministerio de Educación, sobre todo en su titular, Mercedes Cabrera, que se felicitó por el fin de una batalla política. También en las asociaciones de padres progresistas. No así en la plataforma que respalda la objeción y en las organizaciones agrupadas en el Foro de la Familia, desde donde se anunciaron recursos ante el Tribunal Constitucional y el Derechos Humanos de Estrasburgo.
El pleno del Sala Tercera del Supremo considera que «no existe el derecho a la objeción de conciencia» y que, en los cuatro casos analizados, la asignatura «no alcanzan a lesionar el derecho de los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones»
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