9 de noviembre de 2008

La nueva política antiterrorista de Obama


Uno de los ejes fundamentales de la política desarrollada por George W. Bush durante sus ocho años de mandato ha sido, sin duda, el combate contra el terrorismo. Desde los atentados del 11-S, la legislación estadounidense dio un giro radical y antidemocrático cuya piedra angular fue la Military Order, de 13 de noviembre de 2001, sobre «Detención, tratamiento y enjuiciamiento de determinados extranjeros en la lucha contra el terrorismo».


En ella se abría la posibilidad de detener y encarcelar a sospechosos en cualquier lugar del mundo, los cuales serían juzgados por «comisiones militares», creadas al efecto y sin posibilidad de recurso alguno ante los tribunales ordinarios. A principios de 2002 llegaron los primeros detenidos a Guantánamo y un mes más tarde Bush dictó un decreto que descartaba la aplicación a los mismos de los Convenios de Ginebra sobre tratamiento a prisioneros de guerra, dando pie a la utilización sistemática de la tortura y de tratos degradantes; sin olvidar que los presos de base militar ni siquiera podían conocer los cargos imputados durante los meses o años de detención.


La ONU envió una misión especial a Guantánamo en 2007 y ésta emitió un informe muy negativo sobre el modo de actuar de esas comisiones juzgadoras. Otro tanto ocurrió en el Consejo de Europa respecto a los vuelos secretos de la CIA, que han trasladado ilegalmente prisioneros por todo el planeta. Para concluir, conviene recordar que la invasión de Irak fue gestada bajo la apariencia de la lucha contra el terrorismo, obviando la legalidad internacional y la autoridad de Naciones Unidas. Hemos asistido, pues, a una auténtica dilapidación de los derechos civiles bajo la coartada de la lucha contra el terrorismo.


Barack Obama quiere acabar con todo ello. En su programa electoral, bajo el título «Reforzar la seguridad del país» diseña un modelo diametralmente opuesto al existente hasta ahora para acabar con esa lacra.


En primer lugar, afirma que «restaurará el respeto a la legalidad y a los valores americanos», lo que significa «rechazar la tortura sin excepción», incluidas las denominadas eufemísticamente «técnicas de interrogatorio intensivo».


En segundo lugar, declara que cerrará la prisión de Guantánamo y reconocerá el derecho al habeas corpus, mecanismo de amparo judicial de personas detenidas ilegalmente, cuya elusión durante años ha sido ya rechazada reiteradamente por el Tribunal Supremo.


En tercer lugar, anuncia que «proveerá a los operadores jurídicos de instrumentos legales para derrotar al terrorismo sin desvirtuar la Constitución ni vulnerar los derechos civiles».


En cuarto lugar, recuerda que se opuso siempre a la invasión de Irak y anticipa que nada más tomar posesión como presidente encomendará al secretario de Defensa una «nueva misión»: terminar la guerra en un plazo aproximado de 16 meses.


Se trata, pues, de un programa electoral ambicioso y que supone un retorno claro al sistema democrático que contrasta con el eclipse de garantías jurídicas que se ha vivido durante la Administración Bush.


Sin embargo, en el programa se observan también silencios significativos respecto a cuestiones muy relevantes en la lucha antiterrorista. En efecto, se dedican varias páginas a desgranar las medidas necesarias contra el terrorismo nuclear, pero no se garantiza la ratificación del Convenio específico sobre el tema (aprobado por la ONU en 2005), un instrumento útil y consensuado, asumido ya por 47 países.


Tampoco se compromete el nuevo presidente a impulsar la aprobación del proyecto de Convenio general de Naciones Unidas contra el terrorismo, cuyos trabajos se iniciaron hace diez años y cuya entrada en vigor permitiría resolver una cuestión muy importante en la que sí hace hincapié Obama en su programa electoral: la naturaleza internacional del terrorismo del siglo XXI, que exige nuevos enfoques e instrumentos, también jurídicos.


Por último, en lo que se refiere a la garantía de los valores democráticos y de «justicia para todos», se echa de menos el compromiso de ratificar el Estatuto de la Corte Penal Internacional, a la que EE UU ha mirado como enemiga hasta ahora y no debería serlo en adelante. Esa decisión constituiría un espaldarazo de gran calibre para alcanzar un sistema igualitario de Justicia penal internacional.


Pero el terrorismo no se combate sólo con armas y normas. La propuesta más original del presidente electo en materia de seguridad interior consiste en abrir su país al mundo en el terreno diplomático y contrarrestar el adoctrinamiento radical de las escuelas musulmanas mediante la aportación de 2.000 millones de dólares para paliar el déficit de educación e insuflar los valores democráticos tradicionales en esos lugares. Con ello, Obama demuestra que, a largo plazo, la seguridad de los ciudadanos no mejora empuñando la espada, sino más bien al contrario (como lo demuestra el desarrollo de la guerra de Irak). Y que merece la pena enterrarla para empuñar la pluma del diálogo con otros países y culturas.



Nicolás García Rivas es catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Castilla-La Mancha.

2 comentarios:

prestamos personales dijo...

ojala y pueda implementar algo diferente a lo que ha hecho bush

Descargas Directas dijo...

A mi me gustaría saber un poco más al respecto. Por qejemplo como va a lidiar con el asunto de la droga en Bolivia y sus planes para los países menos desarrollados.

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