El Gobierno regional hizo una Ley del Suelo que declaraba la gran mayoría del suelo de la Región urbanizable.
Esto sólo era una ventaja para el gran promotor, pues era el único capaz de comprar gran cantidad de suelo a precio muy asequible para su transformación y conversión en solares.
No contento con eso, el gran promotor logra de la administración que le desclasifiquen suelo protegido, más barato todavía, saltándose la benigna legislación vigente. Así, el precio de la vivienda no baja y los beneficios del gran promotor aumentan.
Ahí no acaba la cosa: El gran promotor logra de la administración, en curiosos convenios urbanísticos de dudosa legalidad que se le aumente la edificabilidad asignada inicialmente.
El colmo es cuando la propia administración le hace incluso el trabajo de iniciar las figuras de planeamiento necesarias, en tiempo récord, para, bajo el paraguas del «gran interés social», conseguir un beneficio que pondría colorado a cualquiera.
La desvergüenza más absoluta viene de llore por la crisis financiera, por lo malo que es el Gobierno central al rebajar el precio de tasación del suelo, lo lenta que es la gestión urbanística, lo caro salen las viviendas «Rolls-Royce» a que obliga el Código Técnico (de guasa, ¿no?)
Y sigue echando la culpa del precio de la vivienda a todo menos a su desmesurado deseo del mayor beneficio por encima de cualquier límite razonable. ¡Qué rostro más duro!.
Francisco Castellá Molina
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