Torre Pacheco: El alcalde está en prisión «por el considerable riesgo de destrucción de pruebas»

El juez dice en el auto contra el primer edil que puede haber un fraude de 5 millones de euros en la permuta de terrenos.

«Existe un considerable riesgo de destrucción de elementos de prueba» y «un grave peligro de que se pueda nuevamente atentar contra bienes jurídicos protegidos penalmente». Un peligro, este último, que «llega incluso a las arcas de la Corporación Local». Con estos argumentos, el juez Salvador Calero García hizo suya la postura del fiscal del caso para justificar y decretar el pasado día 3 el ingreso en prisión del alcalde de Torre Pacheco, Daniel García Madrid, acusado de posible prevaricación y malversación de caudales públicos, según el auto judicial al cual ha tenido acceso La Verdad.

El magistrado sustituto del juzgado número 4 de San Javier sostiene que en la operación de permuta de terrenos entre la empresa Polaris World y el Ayuntamiento de Torre Pacheco «pueden haberse defraudado cinco millones de euros», al considerar que el Consistorio «recibió unas fincas que valen la novena parte de aquélla que se entregó». Para ello, se basa en la valoración realizada por la perito judicial Pilar Fontela, que contrapone con el informe del arquitecto técnico municipal Ramón Ángel Cabrera, éste último en prisión desde el día 1.

La valoración de los terrenos, sin embargo, resulta confusa y dispar, ya que existen otras tasaciones distintas, entre ellas el documento de compra de la empresa Polaris y el informe realizado por la Dirección General de Tributos.

Gran diferencia de valor

El magistrado sostiene que la superficie de 34.800 metros cuadrados cedida por el Ayuntamiento es una «finca urbana», si bien en el planeamiento se considera terreno «dotacional público». Dicho terreno, situado junto al resort Mar Menor, tiene como destino la ampliación del campo de golf, y no la construcción de viviendas. La empresa, por su parte, entregó unos 50.000 metros cuadrados, divididos en cuatro fincas, calificados como rústicos y situados en El Jimenado. Aparte, entregó casi 500.000 euros en metálico para cubrir la diferencia del valor tasado por el Ayuntamiento.

El juez considera que «existe un gravísimo defecto de fondo que daba lugar a que el expediente fuera absolutamente nulo porque eludía la prohibición de realizar permutas cuando el valor de los bienes difiera más de un 40%».

Añade el juez Salvador Calero que el expediente de permuta aprobado por el alcalde de Torre Pacheco contenía valoraciones «extraordinariamente desproporcionados y desconectadas de la realidad, de tal manera que las fincas que adquiría la Corporación local tenían una valoración 3,5 veces superior a su valoración aplicando criterios legales, y casi 6 veces superior aplicando criterios estrictamente agrarios». De otro lado, señala que la finca que adquiría Polaris World «se peritaba por debajo de la mitad del mínimo de su valor de mercado, según los informes periciales».

Explica que la actuación de Ramón Cabrera «atenta contra las más básicas normas del sentido común» porque valoró al finca municipal a razón de 80 euros por metros cuadrado, «ello a pesar de que sólo unos meses antes en un expediente de permuta de suelo también para equipamiento deportivo lo valoró en 200 euros».

¿Por qué ha ido a la cárcel?

A la pregunta que muchos ciudadanos, y sobre todos los vecinos de Torre Pacheco, se han hecho estos días de por qué se ha dictado orden de prisión sin fianza contra el alcalde García Madrid, el juez argumenta lo siguiente: «Debe descartarse radicalmente la imprudencia o ignorancia del alcalde porque la empresa beneficiaria pertenece al grupo Polaris World, respecto de la cual existen gravísimos indicios en la causa de haber realizado numerosos tratos de favor. Ello lo confirma que los imputados que han declarado hoy [el pasado día 3] han dicho que los contactos de Facundo Armero eran, en primer lugar, el alcalde». El juez se refiere a las declaraciones de José Luis Hernández y Juan Marcos Farrugia, presidente y ex director financiero de Polaris, respectivamente.

El juez coincide con el fiscal Díaz Manzanera en que por parte del alcalde «existe un considerable riesgo de destrucción de elementos de prueba que van a ser decisivos para valorar la presunta arbitrariedad de este expediente, y para la elaboración ex novo de otros documentos que puedan servir de descargo, puesto que todas las personas que serían necesarias para hacerlo están implicadas en este procedimiento y tendrían intereses convergentes».

Apunta, además, el magistrado que existen «importantes indicios» de malversación de caudales públicos; y que a raíz de los «numerosos delitos detallados» que el fiscal le imputa al alcalde, «existe un grave peligro de que se puedan nuevamente atentar contra bienes jurídicos protegidos. El peligro llega a las arcas de la Corporación Local. Sólo en un expediente puedan haberse defraudado 5 millones de euros», refleja el auto.

El alcalde Daniel García se negó a declarar el día de su detención, al señalar que Calero no es el juez ordinario competente en este proceso.

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