La investigación apunta a que Morales recibió dinero de varios empresarios

No es un cohecho, sino varios. La investigación derivada de la Operación Tótem, centrada en una trama de corrupción desmantelada en Totana, habría ofrecido numerosos indicios que apuntan a que el ex alcalde del PP Juan Morales y actual diputado del Grupo Mixto -ha sido expulsado del partido- recibió dinero de varios empresarios y promotores de la comarca.

Distintas fuentes, conocedoras del contenido de las diligencias judiciales, han confirmado que respecto de Morales se investigan varios delitos de cohecho y no sólo uno, el referido al Grupo Nuaria de construcción, como había trascendido hasta ahora.

Las informaciones conocidas hasta el momento indicaban que Morales, que fue alcalde de Totana durante ocho años -de 1995 a 1999 y del 2003 al 2007-, podría haber pactado el cobro de una comisión de tres millones de euros con el empresario gallego Manuel Núñez Arias -dueño de Nuaria-, a cambio de la recalificación de 2,2 millones de metros cuadrados, en los que estaba prevista la construcción de 5.0430 viviendas.

Fuentes próximas al proceso han apuntado que, pese a que hay indicios de que incluso se habría pactado ya un primer pago de un millón de euros entre el munícipe y el empresario, no existen datos que avalen la hipótesis de que hubiera llegado a percibir realmente ese dinero. El hecho de que se desencadenase poco después la Operación Tótem habría abortado cualquier posibilidad de que esos pagos se concretasen en el futuro.

Al margen de este hecho, las mismas fuentes señalan que el cúmulo de pruebas e indicios acumulados contra el ex alcalde es muy importante, e insisten en que hay datos numerosos que llevan a sospechar que recibió diversos pagos de empresarios y promotores cercanos, «en apariencia como muestra de agradecimiento por proyectos que habían salido adelante en Totana».

«Auténtico tercer grado»

Numerosas preguntas que le fueron formuladas al parlamentario, a lo largo de las casi trece horas que estuvo declarando este jueves en el Tribunal Superior de Justicia, fueron en la línea de instarle a dar explicaciones sobre esos posibles cobros no justificados de dinero. Las figuras del fiscal jefe, Manuel López Bernal, y del fiscal anticorrupción José Luis Díaz Manzanera, cobraron en esa línea una relevancia de primer orden durante el interrogatorio, pues fueron particularmente incisivos.

«Fue un auténtico tercer grado», resumía ayer el propio Morales, al recordar la maratoniana sesión, que transcurrió bajo la dirección del magistrado instructor Julián Pérez Templado.

El interrogatorio comenzó pasadas las diez y media de la mañana y finalizó pasada la una de la madrugada, cuando el juez dictó un auto de prisión eludible bajo fianza de 200.000 euros (algo más de 33 millones de pesetas). El magistrado otorgó un plazo de tres días (hasta este lunes a media mañana) para que Morales formalizase ese trámite y pudiese eludir así su ingreso en la cárcel.

«Profundamente cansado»

A su salida del Palacio de Justicia, pasada la una y media de la madrugada, Morales declaró sentirse «profundamente cansado», aunque se mostró satisfecho por que, «después de cuatro meses es la primera declaración que puedo hacer ante los tribunales, cuando a mí ya se me ha condenado, ejecutado y enterrado». El parlamentario se mostró confiado «en que se haga un juicio justo y se demuestre que soy absolutamente inocente. Y lo voy a demostrar hasta las últimas consecuencias».

Morales, que se encontraba especialmente feliz tras comprobar que no se había dictado una orden de prisión incondicional, y que la podía evitar con el pago de una fianza, advirtió que «me reservo las acciones oportunas contra quienes han atentado contra mi honor, mi intimidad y mi imagen».

Nueva comparecencia

El parlamentario tuvo que regresar ayer mañana al Palacio de Justicia, con el fin de leer detenidamente los más de 70 folios que recogían sus declaraciones del día anterior. Una vez que mostró su conformidad con el contenido de los documentos, los firmó y le fue notificado el auto de prisión eludible con fianza de 200.000 euros.

Abandonó las dependencias judiciales junto a su letrado, José María Caballero Salinas, e insistió en que «en este tiempo me ha condenado ya quien no es juez, y me han enterrado quienes no son sepultureros». Pero evitó hacer otras consideraciones y entrar en el fondo del asunto -el de los hechos que se le imputan-, aduciendo que las diligencias siguen estando declaradas secretas.

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