El fiscal presentó una querella contra Francisco Blaya por adelantar 33.000 euros del sueldo al concejal de la oposición El fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Murcia (TSJM), Manuel López Bernal, ha pedido seis años de cárcel para el alcalde "popular" de Mazarrón, Francisco Blaya, en la instrucción del presunto caso de corrupción en el Ayuntamiento por el pago de importantes cantidades de dinero al ex primer edil Domingo Valera, que siempre votó a favor del PP municipal, incluyendo la aprobación del PGOU. El juez admitió a trámite una denuncia de la Fiscalía, que le achacaba los presuntos delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos, y decidió llamar a declarar al alcalde de Mazarrón en calidad de imputado.
En concreto, la fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Murcia remitió inicialmente al juzgado decano de Lorca una querella contra el alcalde de Mazarrón, Francisco Blaya, del PP, y contra el concejal Domingo Valera, del Partido Independiente por Mazarrón (PIxM). Esta querella la asumió finalmente un juzgado de Totana.
Según la querella, tras las elecciones de 2003, el pleno del ayuntamiento acordó, con los votos a favor del PP y en contra del PSOE, conceder la dedicación exclusiva a Valera, ex alcalde de Mazarrón por el PP, con un sueldo bruto de 31.365 euros en catorce pagas, así como la "media liberación" para el resto de ediles del PIxM.
La querella se dirigió también contra el interventor y tesorero del ayuntamiento, Pedro Sánchez y Juan Martínez, respectivamente.
Según el fiscal, "al margen del pleno, Francisco Blaya acordó con Valera la entrega de las cantidades que en cada momento requiriera de la Corporación, que habrían de 'disfrazarse', para darles apariencia de legalidad, como 'anticipos' de su sueldo".
Añade que esas entregas de dinero "nunca tuvieron ese carácter, sino el de meros regalos realizados con dinero público, tanto por el hecho de que las entregas a favor de Valera no obviaban que mensualmente Valera recibiera su sueldo íntegro, sin detraérsele las cantidades supuestamente 'anticipadas', como por el hecho de no existir normativa legal alguna que amparase la entrega de anticipos".
De esta forma Valera recibió 33.000 euros entre el 15 de septiembre de 2003 y el 11 de agosto de 2005, según considera la querella, que destaca que fueron entregadas por el interventor, con su oposición verbal, "siguiendo las arbitrarias instrucciones del alcalde".
Indica que cada vez que Valera pedía dinero al tesorero del ayuntamiento, "éste llamaba por teléfono al alcalde para ponerlo en su conocimiento y éste autorizaba el pago, que se documentaba en Tesorería mediante recibos manuscritos por el tesorero". Posteriormente "Blaya firmaba la 'orden de pago' justificado como 'anticipo de pagos al personal'".
Ante la irregular de la situación y a la vista de que Valera seguía reclamando dinero, el tesorero y el interventor pidieron al concejal de Hacienda, Segundo Muñoz, que mediara con el alcalde con el objetivo de poner fin a los pagos irregulares. A pesar de la mediación, la situación no cesó aunque Valera "comenzó a reintegrar pequeñas cantidades de los supuestos anticipos" y "se empezó a detraer de su sueldo mensual".
laopinion.es
En concreto, la fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Murcia remitió inicialmente al juzgado decano de Lorca una querella contra el alcalde de Mazarrón, Francisco Blaya, del PP, y contra el concejal Domingo Valera, del Partido Independiente por Mazarrón (PIxM). Esta querella la asumió finalmente un juzgado de Totana.
Según la querella, tras las elecciones de 2003, el pleno del ayuntamiento acordó, con los votos a favor del PP y en contra del PSOE, conceder la dedicación exclusiva a Valera, ex alcalde de Mazarrón por el PP, con un sueldo bruto de 31.365 euros en catorce pagas, así como la "media liberación" para el resto de ediles del PIxM.
La querella se dirigió también contra el interventor y tesorero del ayuntamiento, Pedro Sánchez y Juan Martínez, respectivamente.
Según el fiscal, "al margen del pleno, Francisco Blaya acordó con Valera la entrega de las cantidades que en cada momento requiriera de la Corporación, que habrían de 'disfrazarse', para darles apariencia de legalidad, como 'anticipos' de su sueldo".
Añade que esas entregas de dinero "nunca tuvieron ese carácter, sino el de meros regalos realizados con dinero público, tanto por el hecho de que las entregas a favor de Valera no obviaban que mensualmente Valera recibiera su sueldo íntegro, sin detraérsele las cantidades supuestamente 'anticipadas', como por el hecho de no existir normativa legal alguna que amparase la entrega de anticipos".
De esta forma Valera recibió 33.000 euros entre el 15 de septiembre de 2003 y el 11 de agosto de 2005, según considera la querella, que destaca que fueron entregadas por el interventor, con su oposición verbal, "siguiendo las arbitrarias instrucciones del alcalde".
Indica que cada vez que Valera pedía dinero al tesorero del ayuntamiento, "éste llamaba por teléfono al alcalde para ponerlo en su conocimiento y éste autorizaba el pago, que se documentaba en Tesorería mediante recibos manuscritos por el tesorero". Posteriormente "Blaya firmaba la 'orden de pago' justificado como 'anticipo de pagos al personal'".
Ante la irregular de la situación y a la vista de que Valera seguía reclamando dinero, el tesorero y el interventor pidieron al concejal de Hacienda, Segundo Muñoz, que mediara con el alcalde con el objetivo de poner fin a los pagos irregulares. A pesar de la mediación, la situación no cesó aunque Valera "comenzó a reintegrar pequeñas cantidades de los supuestos anticipos" y "se empezó a detraer de su sueldo mensual".
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