Ninguna persona honrada está exenta del riesgo de que cualquier desaprensivo, o un enemigo personal obcecado, le meta una denuncia o una querella falsa en el Juzgado de Instrucción. E igualmente, de este riesgo tampoco se libran los políticos honrados.
A lo largo de mi vida profesional he visto algunos casos en que a personas intachables se les imputaban delitos que no habían cometido. Y he visto el sufrimiento moral que estas buenas personas han padecido por la imputación falsa. Porque, a poco que se medite, todo el mundo sabe que cuando uno está implicado en un proceso penal, está en juego su honor, su patrimonio y su libertad. Pero es que, además, ocurre que cuando una persona socialmente respetada es imputada en un proceso penal, inevitablemente sufre en su entorno un cierto desprestigio social. Jurídicamente goza de presunción de inocencia, pero socialmente es muy difícil evitar que se levanten ciertas sombras de sospecha. Nuestros conciudadanos están siempre más predispuestos a creer lo malo sobre los demás que las noticias buenas que sobre los mismos se digan. Se repite aquello de «cuando el río suena» y no se aplica la presunción de inocencia, sino todo lo contrario: «algo habrá hecho». Si al cabo del tiempo resulta acreditada la inocencia del que fue falsamente imputado, luego será muy difícil restaurar la fama y el buen nombre. Es como recoger el agua derramada en la arena.
Se comprende, por tanto, la preocupación, el sufrimiento moral, la inquietud y la zozobra que un proceso penal produce en una persona normal. Hay que ser un delincuente muy habitual para no verse afectado por un proceso de este tipo. Y esto ocurre incluso a los que somos profesionales del Derecho. Quizás con mayor motivo, porque conocemos bien el terreno. Del mismo modo que me imagino que para un cirujano, por mucha práctica que tenga en el quirófano, le inquietará más que a un profano la intervención quirúrgica que va a recaer sobre él o alguno de sus allegados.
Cuando se produce esta situación de injusticia, cuando el ciudadano está inmerso en esta gran zozobra, el deber del abogado es actuar con toda la diligencia profesional necesaria para conseguir que el proceso se abrevie y que cuanto antes se dicte el auto de archivo. Hay que agradecer a los Jueces actuales que hayan acelerado estos procesos y que hayan comprendido el sufrimiento moral que para un ciudadano normal significa tener abierto un proceso penal, y que en ningún otro ámbito de la Jurisdicción como en éste resulta acertado el viejo aserto anglosajón de que «Justicia retrasada, Justicia denegada».
Pues bien, si todo esto ocurre con un ciudadano normal, podríamos decir lo mismo en el caso de que un político honrado haya sido imputado falsamente de un delito cometido en el ejercicio de su cargo. Como es lógico, al político, como a cualquier otro ser humano, le duele en el alma la injusticia que significa una denuncia falsa. Ahora bien, en estos supuestos hay otras consecuencias. Normalmente la noticia de la implicación penal de un político alcanza amplia difusión mediática, con lo cual los efectos de la iniciación del proceso se multiplican. El político, personalmente, corre más riesgos de que la sociedad le condene sin oirlo, de que no se le aplique la presunción de inocencia y de que sus electores consideren traicionada la confianza que en él depositaron. El problema de la iniciación de un proceso penal contra un político deja de ser inmediatamente personal y privado para convertirse en un asunto público, que afecta no sólo al político y a su familia, sino también a sus electores que en él depositaron su confianza y al partido político que lo propuso y respaldó.
Como, lamentablemente estos casos en nuestra región están siendo más frecuentes de lo deseable, cabe preguntarse qué se puede o qué se debe hacer. ¿Qué actitud ha de adoptar el partido al que pertenece el político imputado? ¿y cuál, la de la institución en la que ejerce sus funciones?. Y, en fin, ¿qué nos corresponde hacer a los ciudadanos? ¿qué podemos pensar, o exigir, o reclamar?.
Es muy difícil establecer un protocolo de comportamientos, porque cada caso será diferente. Sin embargo, a título de simples sugerencias, podemos apuntar las siguientes:
Obviamente, el político que se sienta injustamente acusado de un delito, ha de hacer lo que cualquier otro ciudadano: buscarse un buen abogado que logre cuanto antes probar su inocencia ante los órganos judiciales. Pero el político, además de su honor, su patrimonio y su libertad, ha de defender otro valor muy importante: la confianza que los ciudadanos depositaron en él. Ha de evitar el escándalo social que se puede derivar de las sombras de sospecha que todo proceso penal inevitablemente origina. En este sentido, en mi opinión, el político que se considere inocente e injustamente acusado, ha de convocar con toda urgencia una gran rueda de prensa, con toda transparencia, sin límite alguno a las preguntas que puedan formular los periodistas, y con papeles, muchos papeles, con los que demuestre que no ha incurrido en ningún ilícito penal. Desde el momento en que sepa de lo que se le acusa, el político, a través de los medios de comunicación, ha de demostrar a la sociedad que es inocente (en el ámbito político no cabe la presunción de inocencia), y que no ha traicionado la confianza que se depositó en él al elegirle.
Comprendo que en muchas ocasiones esta rueda de prensa será muy difícil de preparar. Pero el político que se considere inocente tiene el deber moral y social de realizarla cuanto antes, por la necesidad imperiosa de despejar con la mayor prontitud todas las dudas y sospechas que se hayan podido originar en la sociedad. Se trata no ya sólo de atajar la maledicencia, sino sobre todo de evitar el escándalo. Y todo ello sin perjuicio de que la Justicia prosiga su marcha.
En cuanto al partido político al que pertenezca el dirigente falsamente imputado, creo que lo recomendable es extremar la prudencia. Se debe decidir la actitud con respecto al político, sin esperar a que recaiga sentencia firme, por supuesto. Los mecanismos sociales de la confianza por los que ha de discurrir la actividad de los partidos no permiten esperar a que se dicte la sentencia firme. Se ha de oír al político y se ha de adoptar la decisión de apoyarlo, o no, según el contenido y fuerza convincente de esas explicaciones. Es decir, en mi opinión, un partido sólo debe apoyar a un político imputado de delitos cuando se alcance la convicción moral de que es inocente. Si intervienen otros factores, como la situación de poder de ese político, o la información que podría usar de no ser apoyado, se corre el grave riesgo de que el partido como institución apoye a una persona que después sea declarado culpable. Se corre un grave riesgo de desprestigio social y de desmoralización de la militancia. Por tanto, lo recomendable es mucha prudencia.
Y en cuanto a los ciudadanos de a pié, en estos casos tan desagradables, en mi opinión debemos confiar plenamente en la Justicia. No debemos permitir que desde instancias políticas se nos insinúe que la Policía, la Guardia Civil, los fiscales o los jueces actúan con criterios partidistas. No debemos permitir que nadie intente desprestigiar las instituciones para camuflar sus temores o sus malas conciencias.
¿Ah!, y también, como ciudadanos, no estaría de más que pidiésemos otra cosa: Si al final se declara la culpabilidad de alguien que se ha enriquecido en un cargo público, que se arbitren las medidas para que devuelvan a las arcas públicas todo aquello en lo que inmoralmente se han enriquecido.
Juan Ramón Calero - laverdad.es
A lo largo de mi vida profesional he visto algunos casos en que a personas intachables se les imputaban delitos que no habían cometido. Y he visto el sufrimiento moral que estas buenas personas han padecido por la imputación falsa. Porque, a poco que se medite, todo el mundo sabe que cuando uno está implicado en un proceso penal, está en juego su honor, su patrimonio y su libertad. Pero es que, además, ocurre que cuando una persona socialmente respetada es imputada en un proceso penal, inevitablemente sufre en su entorno un cierto desprestigio social. Jurídicamente goza de presunción de inocencia, pero socialmente es muy difícil evitar que se levanten ciertas sombras de sospecha. Nuestros conciudadanos están siempre más predispuestos a creer lo malo sobre los demás que las noticias buenas que sobre los mismos se digan. Se repite aquello de «cuando el río suena» y no se aplica la presunción de inocencia, sino todo lo contrario: «algo habrá hecho». Si al cabo del tiempo resulta acreditada la inocencia del que fue falsamente imputado, luego será muy difícil restaurar la fama y el buen nombre. Es como recoger el agua derramada en la arena.
Se comprende, por tanto, la preocupación, el sufrimiento moral, la inquietud y la zozobra que un proceso penal produce en una persona normal. Hay que ser un delincuente muy habitual para no verse afectado por un proceso de este tipo. Y esto ocurre incluso a los que somos profesionales del Derecho. Quizás con mayor motivo, porque conocemos bien el terreno. Del mismo modo que me imagino que para un cirujano, por mucha práctica que tenga en el quirófano, le inquietará más que a un profano la intervención quirúrgica que va a recaer sobre él o alguno de sus allegados.
Cuando se produce esta situación de injusticia, cuando el ciudadano está inmerso en esta gran zozobra, el deber del abogado es actuar con toda la diligencia profesional necesaria para conseguir que el proceso se abrevie y que cuanto antes se dicte el auto de archivo. Hay que agradecer a los Jueces actuales que hayan acelerado estos procesos y que hayan comprendido el sufrimiento moral que para un ciudadano normal significa tener abierto un proceso penal, y que en ningún otro ámbito de la Jurisdicción como en éste resulta acertado el viejo aserto anglosajón de que «Justicia retrasada, Justicia denegada».
Pues bien, si todo esto ocurre con un ciudadano normal, podríamos decir lo mismo en el caso de que un político honrado haya sido imputado falsamente de un delito cometido en el ejercicio de su cargo. Como es lógico, al político, como a cualquier otro ser humano, le duele en el alma la injusticia que significa una denuncia falsa. Ahora bien, en estos supuestos hay otras consecuencias. Normalmente la noticia de la implicación penal de un político alcanza amplia difusión mediática, con lo cual los efectos de la iniciación del proceso se multiplican. El político, personalmente, corre más riesgos de que la sociedad le condene sin oirlo, de que no se le aplique la presunción de inocencia y de que sus electores consideren traicionada la confianza que en él depositaron. El problema de la iniciación de un proceso penal contra un político deja de ser inmediatamente personal y privado para convertirse en un asunto público, que afecta no sólo al político y a su familia, sino también a sus electores que en él depositaron su confianza y al partido político que lo propuso y respaldó.
Como, lamentablemente estos casos en nuestra región están siendo más frecuentes de lo deseable, cabe preguntarse qué se puede o qué se debe hacer. ¿Qué actitud ha de adoptar el partido al que pertenece el político imputado? ¿y cuál, la de la institución en la que ejerce sus funciones?. Y, en fin, ¿qué nos corresponde hacer a los ciudadanos? ¿qué podemos pensar, o exigir, o reclamar?.
Es muy difícil establecer un protocolo de comportamientos, porque cada caso será diferente. Sin embargo, a título de simples sugerencias, podemos apuntar las siguientes:
Obviamente, el político que se sienta injustamente acusado de un delito, ha de hacer lo que cualquier otro ciudadano: buscarse un buen abogado que logre cuanto antes probar su inocencia ante los órganos judiciales. Pero el político, además de su honor, su patrimonio y su libertad, ha de defender otro valor muy importante: la confianza que los ciudadanos depositaron en él. Ha de evitar el escándalo social que se puede derivar de las sombras de sospecha que todo proceso penal inevitablemente origina. En este sentido, en mi opinión, el político que se considere inocente e injustamente acusado, ha de convocar con toda urgencia una gran rueda de prensa, con toda transparencia, sin límite alguno a las preguntas que puedan formular los periodistas, y con papeles, muchos papeles, con los que demuestre que no ha incurrido en ningún ilícito penal. Desde el momento en que sepa de lo que se le acusa, el político, a través de los medios de comunicación, ha de demostrar a la sociedad que es inocente (en el ámbito político no cabe la presunción de inocencia), y que no ha traicionado la confianza que se depositó en él al elegirle.
Comprendo que en muchas ocasiones esta rueda de prensa será muy difícil de preparar. Pero el político que se considere inocente tiene el deber moral y social de realizarla cuanto antes, por la necesidad imperiosa de despejar con la mayor prontitud todas las dudas y sospechas que se hayan podido originar en la sociedad. Se trata no ya sólo de atajar la maledicencia, sino sobre todo de evitar el escándalo. Y todo ello sin perjuicio de que la Justicia prosiga su marcha.
En cuanto al partido político al que pertenezca el dirigente falsamente imputado, creo que lo recomendable es extremar la prudencia. Se debe decidir la actitud con respecto al político, sin esperar a que recaiga sentencia firme, por supuesto. Los mecanismos sociales de la confianza por los que ha de discurrir la actividad de los partidos no permiten esperar a que se dicte la sentencia firme. Se ha de oír al político y se ha de adoptar la decisión de apoyarlo, o no, según el contenido y fuerza convincente de esas explicaciones. Es decir, en mi opinión, un partido sólo debe apoyar a un político imputado de delitos cuando se alcance la convicción moral de que es inocente. Si intervienen otros factores, como la situación de poder de ese político, o la información que podría usar de no ser apoyado, se corre el grave riesgo de que el partido como institución apoye a una persona que después sea declarado culpable. Se corre un grave riesgo de desprestigio social y de desmoralización de la militancia. Por tanto, lo recomendable es mucha prudencia.
Y en cuanto a los ciudadanos de a pié, en estos casos tan desagradables, en mi opinión debemos confiar plenamente en la Justicia. No debemos permitir que desde instancias políticas se nos insinúe que la Policía, la Guardia Civil, los fiscales o los jueces actúan con criterios partidistas. No debemos permitir que nadie intente desprestigiar las instituciones para camuflar sus temores o sus malas conciencias.
¿Ah!, y también, como ciudadanos, no estaría de más que pidiésemos otra cosa: Si al final se declara la culpabilidad de alguien que se ha enriquecido en un cargo público, que se arbitren las medidas para que devuelvan a las arcas públicas todo aquello en lo que inmoralmente se han enriquecido.
Juan Ramón Calero - laverdad.es
2 comentarios:
http://es.youtube.com/watch?v=cxkEwPjGwgo
Una cosa es acusar directamente a una persona y otra muy diferente es denunciar un hecho que presumiblemente es delictivo. Por lo que creo que Calero, que es un buen jurídico, pretende engañar con este artículo.
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