La sentencia del 11-M ha desmontando, uno a uno, todos los argumentos que, a lo largo de los últimos cuatro años, han esgrimido los defensores de la llamada 'teoría de la conspiración'.
El fallo ha absuelto a Rabei Osman El Sayed, 'Mohamed El Egipcio', a quien la Fiscalía y el resto de las acusaciones consideraban uno de los instigadores intelectuales del 11-M, y ha condenado a más de 40.000 años de prisión a Jamal Zougam y Otman El Gnaoui como autores materiales.
Zougam y El Gnaoui han sido considerados culpables de 191 asesinatos y dos abortos, de 1.856 asesinatos en grado de tentativa y de cuatro delitos de estragos terroristas.
El español José Emilio Suárez Trashorras, a quien también se condena por los hechos de Leganés, ha recibido una pena algo inferior, de casi 35.000 años al aplicársele la atenuante de "anomalía psíquica".
Otros siete acusados -Antonio Toro, Carmen Toro, Emilio Llano, Mohamed Moussante, Javier González Díaz e Iván Granados, además de Brahim Moussaten, que fue exculpado en pleno juicio- han sido absueltos.
La 'teoría de la conspiración', un globo pinchado
La tesis más insistente de aquéllos que defendían la implicación de ETA en los atentados, ha quedado desacreditads por el Tribunal: "Ninguna de las pruebas avala la tesis que vincula a ETA", ha defendido el magistrado Javier Gómez Bermúdez.
Entre esas pruebas figuran informes sobre la posible vinculación de la banda terrorista con el terrorismo islamista o sobre si ETA había utilizado Goma 2 en los últimos diez años, aspecto este último que quedó descartado en un oficio de la Ertzaintza.
El juez ha declarado que la cadena de custodia de la furgoneta Renault Kangoo localizada en Alcalá de Henares y de la mochila que contenía un artefacto explosivo recuperada entre los efectos sacados de los trenes "está plenamente acreditada".
Consideran los magistrados que no se rompió la cadena de custodia ya que los agentes que recogieron todos los efectos en la estación de El Pozo no los perdieron de vista desde que los llevaron al pabellón de IFEMA y luego a la Comisaría de Puente de Vallecas.
"La prueba es auténtica"
No obstante, estiman extravagante el periplo que recorrieron los efectos, pero creen que se debió a una mala coordinación comprensible el día de los atentados.
Así, el Tribunal "no ha encontrado indicio alguno" sobre la tesis mantenida por algunas defensas de que la mochila pudo ser colocada allí posteriormente. "La prueba es auténtica", ha zanjado.
La sala también ha rechazado el argumento "soterrado y poco claro" basado en la ausencia de autopsia a los suicidas de Leganés.
"Absoluto descontrol" en Mina Conchita
De igual forma, y respecto a los explosivos empleados para la matanza así como el del piso de Leganés, la sentencia determina que toda o gran parte provino de Mina Conchita (Asturias) y era Goma 2 ECO.
El fallo critica el "absoluto descontrol" que existía en Mina Conchita, lo que, "unido a la complicidad de algunos trabajadores", facilitó la comisión de los atentados.
Gómez Bermúdez ha destacado el "enlace unívoco" que existe el artilugio desactivado en el parque Azorín, y los desactivados en la estación del Pozo y de Atocha. La sentencia también recoge que los temporizadores son los mismos que los hallados en el local de la calle Martín Gaite y la finca de Chinchón.
Indemnizaciones
El tribunal del 11-M ha fijado indemnizaciones de entre 30.000 euros y un millón y medio de euros para las víctimas directas e indirectas de los atentados, aunque por el momento no ha hecho mención acerca de las que percibirán los familiares de los 191 fallecidos en la masacre.
Se ha establecido una clasificación en 12 grupos, de menor a mayor gravedad, y se ha fijado una cuantía para cada uno de ellos, con un mínimo de 30.000 euros y un máximo de 1,5 millones -esta cantidad es para siete personas calificadas como grandes lesionados-.
Además de los 12 grupos, el tribunal ha hecho una excepción con el caso de Laura Vega, una joven de 29 años que está en estado vegetativo permanente tras alcanzarle la explosión de Atocha, para la que fija una indemnización de un millón de euros y un depósito de 250.000 euros para su tratamiento.
publico.es
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