Que alguien que se encuentra acorralado políticamente –y quién sabe si judicialmente también- diga que no le tiene miedo a nada y no le debe nada a nadie es lo mínimo que se puede esperar de él. Otra cosa es que eso sea verdad.
Ciertamente el miedo no deja de ser un sentimiento voluble que en muchos casos, y sobre todo en política- se combate con la soberbia, la fanfarronería o la huida. Y no es raro encontrar a políticos que piensen que su cargo les proporciona menos de lo que se merecen, de manera que no sólo están convencidos de no deberle nada a nadie, sino que creen que, a fin de cuentas, somos los ciudadanos quienes estamos en deuda con ellos.
Valcárcel parece encontrarse en esa situación. Soberbia y fanfarronería no le faltan, desde luego. Y la huida, en opinión de muchos, no se demorará en exceso. En cuanto a sus deudas, es posible que no haya contraído ninguna con el tendero de la esquina, pero sí tiene algunas pendientes, y de no poca cuantía, con los murcianos.
Porque es hora de que el actual presidente de la Comunidad deje de seguir con la táctica del avestruz, escondiéndose o contestando con vaguedades, y dé explicaciones precisas y creíbles sobre ciertos asuntos espinosos. Desde luego no vale que el presidente de la Comunidad Autónoma despache la adquisición de un piso millonario en la Gran Vía por “cuatro perras” diciendo que se ha tratado de “una buena compra”. Un piso, además, situado en un inmueble en el que se ha construido un ático ilegal. Tampoco que se escabulla cuando se le pregunta por el precio del chalé recién adquirido en la playa y del yate que lo complementa.
Porque lo cierto es que desde que Valcárcel está la frente del gobierno regional su patrimonio se ha incrementado notablemente, contradiciendo aparentemente lo que afirmó la semana pasada su compañero de partido y diputado del PP por Murcia, Alberto Garre, quien aseguró sin ningún rubor que “los únicos que se benefician y mejoran cada año en España son los delincuentes".
Tampoco estaría de más que el dirigente popular se dignara pronunciarse sobre tantos proyectos polémicos que salpican a su gobierno. Por ejemplo, el de Puerto Mayor. O sobre la reciente apertura de diligencias por parte del Fiscal por presunta prevaricación en la adjudicación de la televisión pública murciana. Algo que se venía sospechando desde el principio, pero que ahora toma cuerpo con la aportación de pruebas en el sentido de que la concesión podría haber estado decidida de antemano. No olvidemos que entre las empresas beneficiadas figuran Polaris – tan ligada a De la Cierva y a otros miembros del gobierno regional -y otras relacionadas con proyectos urbanísticos, cuya experiencia en el mundo de la comunicación era nula.
Pero de todas las deudas pendientes de Valcárcel, hay una que debe ser saldada cuanto antes. Basta ya de tirar balones fuera cuando se le pregunta sobre las arremetidas de Trinatario Casanova, amigo personal del consejero Bascuñana, contra él – a quien llamó “cobarde”- y contra su gobierno, al que reclama 180 millones de euros en concepto de indemnización por daños y perjuicios si no levanta la suspensión que pesa sobre el proyecto de urbanización de la Zerrichera. Ultimátum lanzado, por cierto, a través de un comunicado publicado en dos periódicos que son de la propiedad de este promotor inmobiliario.
Algo debería decir Valcárcel, desde luego, sobre la existencia de esas amistades “peligrosas” entre los promotores urbanísticos del grupo Hispania y miembros de la derecha política murciana, así como sobre el empecinamiento del Gobierno Regional en facilitar, en su momento, mediante toda clase de irregularidades administrativas, la construcción de miles de viviendas y varios campos de golf en una zona declarada LIC y ZEPA, esto es, en un espacio natural considerado de alta protección por la Unión Europea. Es por lo tanto radicalmente falso que Valcárcel no le deba nada a nadie.
A Trinitario Casanova y a otros promotores inmobiliarios, no lo sabemos. El asunto está en manos de la Justicia y en su día ésta se pronunciará. De lo que sí estamos seguros es de que, cuando menos, nos debe a los murcianos explicaciones sobre actuaciones suyas o de su gobierno que son motivo de escándalo y de intervenciones judiciales. Mientras que no lo haga, la deuda se irá acrecentando.
Porque es hora de que el actual presidente de la Comunidad deje de seguir con la táctica del avestruz, escondiéndose o contestando con vaguedades, y dé explicaciones precisas y creíbles sobre ciertos asuntos espinosos. Desde luego no vale que el presidente de la Comunidad Autónoma despache la adquisición de un piso millonario en la Gran Vía por “cuatro perras” diciendo que se ha tratado de “una buena compra”. Un piso, además, situado en un inmueble en el que se ha construido un ático ilegal. Tampoco que se escabulla cuando se le pregunta por el precio del chalé recién adquirido en la playa y del yate que lo complementa.
Porque lo cierto es que desde que Valcárcel está la frente del gobierno regional su patrimonio se ha incrementado notablemente, contradiciendo aparentemente lo que afirmó la semana pasada su compañero de partido y diputado del PP por Murcia, Alberto Garre, quien aseguró sin ningún rubor que “los únicos que se benefician y mejoran cada año en España son los delincuentes".
Tampoco estaría de más que el dirigente popular se dignara pronunciarse sobre tantos proyectos polémicos que salpican a su gobierno. Por ejemplo, el de Puerto Mayor. O sobre la reciente apertura de diligencias por parte del Fiscal por presunta prevaricación en la adjudicación de la televisión pública murciana. Algo que se venía sospechando desde el principio, pero que ahora toma cuerpo con la aportación de pruebas en el sentido de que la concesión podría haber estado decidida de antemano. No olvidemos que entre las empresas beneficiadas figuran Polaris – tan ligada a De la Cierva y a otros miembros del gobierno regional -y otras relacionadas con proyectos urbanísticos, cuya experiencia en el mundo de la comunicación era nula.
Pero de todas las deudas pendientes de Valcárcel, hay una que debe ser saldada cuanto antes. Basta ya de tirar balones fuera cuando se le pregunta sobre las arremetidas de Trinatario Casanova, amigo personal del consejero Bascuñana, contra él – a quien llamó “cobarde”- y contra su gobierno, al que reclama 180 millones de euros en concepto de indemnización por daños y perjuicios si no levanta la suspensión que pesa sobre el proyecto de urbanización de la Zerrichera. Ultimátum lanzado, por cierto, a través de un comunicado publicado en dos periódicos que son de la propiedad de este promotor inmobiliario.
Algo debería decir Valcárcel, desde luego, sobre la existencia de esas amistades “peligrosas” entre los promotores urbanísticos del grupo Hispania y miembros de la derecha política murciana, así como sobre el empecinamiento del Gobierno Regional en facilitar, en su momento, mediante toda clase de irregularidades administrativas, la construcción de miles de viviendas y varios campos de golf en una zona declarada LIC y ZEPA, esto es, en un espacio natural considerado de alta protección por la Unión Europea. Es por lo tanto radicalmente falso que Valcárcel no le deba nada a nadie.
A Trinitario Casanova y a otros promotores inmobiliarios, no lo sabemos. El asunto está en manos de la Justicia y en su día ésta se pronunciará. De lo que sí estamos seguros es de que, cuando menos, nos debe a los murcianos explicaciones sobre actuaciones suyas o de su gobierno que son motivo de escándalo y de intervenciones judiciales. Mientras que no lo haga, la deuda se irá acrecentando.
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