Como ya viene siendo habitual recién acabadas las elecciones municipales y autonómicas, el primer acuerdo al que se llega por parte de todos los políticos que constituyen los nuevos consistorios, pareciera ser que es la subida de sus sueldos, a tenor de lo que se lee en algunos medios de comunicación.
Esto, en principio, sería perfectamente legítimo, dado que son trabajadores públicos en el desempeño de sus funciones y, como los demás trabajadores, tienen derecho a la subida periódica de sus honorarios.
Pero claro, ocurre que esas cantidades, que proceden de las arcas públicas, no se corresponden en absoluto con las de los demás, quienes experimentamos, como mucho, unas subidas del 2-3% en nómina.
Resulta indignante leer que este o aquel alcalde se ha subido el sueldo en cantidades que algunos no podemos ni soñar.
Resulta vergonzoso leer que otros alcaldes y concejales ganan más que un presidente de gobierno o que un catedrático de Universidad con todos sus complementos.
Esto supone evidentemente un flagrante agravio comparativo, sin que por ello se les remueva un ápice la conciencia, ni mucho menos ninguno se levante denunciando este despropósito, presentando la dimisión, si fuera necesario, en defensa de sus supuestas ideas.
Resulta inmoral la falta de escrúpulos de aquellos que, vaya usted a saber, consiguen meter la cabeza en una lista y pregonan y prometen trabajar por la justicia social, etc. antes del voto (aún se sigue votando) y después de colocarse para cuatro años o más (hay quien lleva casi toda su vida laboral saltando de un puesto a otro) se olvida de casi todo.
También me pregunto si existe una ley que limite el cargo público, sea el que sea, y sin solución de continuidad, a ocho años, a fin de prevenir malos hábitos que van evidentemente en detrimento de otros más saludables. También me pregunto si es que no existe para los políticos la tan cacareada moderación salarial con la que nos bombardean patronal y sindicatos.
José Silvente
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