Alcaldes al asalto de las arcas municipales

Viene ocurriendo desde hace casi treinta años, desde que se celebraron las primeras elecciones municipales en España tras cuarenta años de dictadura autárquica, primero, y tecnocrática, después. Nada más contar los votos depositados por la ciudadanía en las urnas, viene de seguido que alcaldes y concejales aumenten sus sueldos, generalmente a discreción, y mucha veces de una forma arbitraria, a barra libre, enmascarados en el vacío legal existente. Los sueldos de los cargos públicos, en general, son dispares y la de los munícipales, también. Pero mientras que las administraciones estatal y autonómica lo establecen en sus respectivos presupuestos generales anuales, la administración local carece de una norma propia que los regule.

Según la vigente Ley de Bases de Régimen Local, el primer pleno extraordinario que celebran las nuevas corporaciones municipales salidas de las urnas, tras el de votación, elección y toma de posesión del regidor, está dedicado a la organización, es decir, al nombramiento de concejales y portavoces y al establecimiento de sus funciones. Y, sin esperar a que los presupuestos municipales siguientes determinen las retribuciones de estos cargos electos, el elegido alcalde suele incluir al final del orden del día de ese pleno los sueldos que él mismo va a percibir, los de sus concejales y los de la oposición. Así aparecen los primeros escándalos de las constituidas nuevas corporaciones locales.

Tras las pasadas elecciones del 27 de mayo, el 92 por ciento de los alcaldes de las capitales de provincia se han subido el sueldo una media que ronda el 30 por ciento. Izquierda Unida ha sido el primer partido en reaccionar al señalar que hay salarios que causan escándalo en la ciudadanía y ha reclamado un pacto entre todos los partidos para fijar unos límites a los salarios y emolumentos de alcaldes y concejales, a través de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), respetando la denominada autonomía municipal. Ante el vacío legal existente, hay muchos alcaldes que "compran" el silencio del resto de los concejales y de la oposición subiéndoles también a ellos el sueldo.

La reforma de la Ley de Bases de Régimen Local es una de las normas básicas pendientes de la presente legislatura socialista, que se retomará pasadas las vacaciones estivales por la nueva ministra del ramo, Elena Salgado. Hasta ahora el PP no había querido llegar a un acuerdo con el ex ministro de Administraciones Públicas, Jordi Sevilla, para abordar esta reforma sustancial para la organización y funcionamiento de los ayuntamientos, a pesar de que ya había sido consultada sobre la FEMP. La futura ley deberá regular las retribuciones de los cargos públicos locales para que no se produzcan los escandalosos casos que protagonizan alcaldes y concejales nada más tomar posesión de sus cargos.

Aún así varias comunidades, como la madrileña, la catalana y la valenciana, tienen establecido un protocolo para establecer criterios homogéneos, orientativos y básicos de las retribuciones de los cargos electos locales. Pero por el momento o no han surtido efecto o son meras recomendaciones que no se respetan.

Entre las variables que se barajan para determinar los emolumentos de los políticos está el tener en cuenta el número de habitantes y de concejales electos por municipio, así como el montante de los presupuestos locales. Los protocolos establecidos establecen que el salario del alcalde sea de una peseta superior al funcionario de mayor rango de habilitación nacional, que no es otro que el secretario municipal.

Sin embargo, otros parámetros tendrían que tenerse también en cuenta, como el salario mínimo interprofesional (SMI) y el salario medio regional y local, y la renta per cápita del municipio, el PIB o, incluso, la presión fiscal a la ciudadanía. Así se tendría en cuenta el SMI español, establecido en 570 euros brutos mensuales, y que el presidente Rodríguez Zapatero quiere de nuevo aumentar hasta alcanzar los 600 euros el próximo año. Casi nueve millones de españoles viven con menos de 523 euros al mes, según un informe de Cruz Roja, y los jóvenes españoles tienen que dedicar casi el 70 por ciento de su salario a pagar la vivienda. Sólo por debajo del SMI de España, de 6.191 euros anuales, se encuentra el de Portugal, con 437 euros mensuales y 4.892 anuales. El medio europeo es de 11.766 euros, casi el doble que el español, y superior al federal de Estados Unidos, de 770 euros mensuales y 10.024 anuales. Luxemburgo es el país europeo con el mayor SMI, 1.500 euros mensuales y 15.483 anuales. Francia lo tiene establecido en 1.254 mensuales y 15.109 anuales.

Si los sueldos de los ediles murcianos tuvieran que ser proporcionales al salario medio de los murcianos, tendrían que ser los más bajos de España. Pues, teniendo en cuenta que el salario medio de los españoles es de 18.182 euros anuales, cantidad que no ha variado prácticamente desde 1997, el de los madrileños alcanza los 22.161 y el de los murcianos, que está al final del ránking, sólo 14.158 euros anuales. Negativo dato este verdaderamente vergonzoso, que durante muchos años viene ensombreciendo las economías familiares murcianas, y que debería ser analizado en su relación con el nivel de formación y de productividad de los trabajadores murcianos y el aumento de la población inmigrante, entre otros factores determinantes.

Uno podría pensar que el presidente del Gobierno de la nación, con sus 89.000 euros brutos anuales de sueldo, sería el cargo público mejor pagado de España. Sin embargo, esto no es así. A 187.000 euros asciende el salario que perciben los presidentes del Congreso y del Senado. También cobra un 88 por ciento más, el presidente de la Generalitat catalana, con 164.000 euros anuales. Tienen mayores sueldos también los presidentes del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo, que cobran 142.000 euros anuales. También el Fiscal General del Estado y los presidentes de sala del Tribunal Supremo, que perciben 121.000 euros, y el presidente de la Audiencia Nacional, 118.000 euros brutos anuales.

Pero también cobran más que el presidente del gobierno español, el alcalde de Barcelona, con 117 mil euros anuales; el de Valencia, con 109 mil; el de Madrid, con 101 mil, y el de Zaragoza, con 100 euros anuales brutos. Se da el caso que Belloch cobra más que el presidente de Aragón, con un salario de 84.875 euros anuales. Marisol Yagüe, la alcadesa marbellí ahora imputada en el caso Malaya cobraba lo mismo que entonces el presidente del Gobierno: 84.000 euros anuales.

Los dos actuales vicepresidentes el gobierno español perciben en la actualidad 83.936 euros anuales y los ministros, 78.791 euros. Perciben más que ellos, el vicepresidente del Tribunal Constitucional, 134.000 euros, los presidentes de sección de este alto órgano, 127.971 euros, y el resto de sus magistrados, 121.851 euros anuales brutos. Una cantidad parecida a éstos cobra el presidente del Tribunal de Cuentas, los vocales del Consejo General del Poder Judicial y el Fiscal General del Estado. Y un poco menos, unos 118 mil euros, el presidente de la Audiencia Nacional y los presidentes de sala del Tribunal Supremo. También el presidente del Consejo Económico y Social cobra más que el presidente del gobierno español, 91.271 euros brutos anuales. Unos seiscientos euro al mes más que el presidente del gobierno cobra asimismo el presidente del Partido Popular, Ramón Rajoy, que percibe 4.600 euros del parlamento y el resto de su propio partido.

El presidente de los Estados Unidos, George W. Bush tiene establecido un salario anual que supera los 400.000 euros anuales. A 328.000 alcanza el sueldo del primer ministro británico. A 180.000 el de la primera canciller alemana, Ángela Merkel, y a 58.000 el del presidente ruso, Vladimir Putin. Estos sueldos son irrisorios si lo comparamos con los que cobra cualquier consejero delegado de las empresas del IBEX, que superan los 600.000 euros anuales brutos, o los cuatro millones anuales que cobra la reina Beatriz de Holanda, o los 9,7 millones que percibe el presidente del BBVA. Emilio Botín, presidente del Santander, cobra treinta veces más que el presidente del gobierno español.

De entre veintiún municipios madrileños analizados por el diario El País, la horquilla en esta comunidad va de los 40.000 euros anuales del alcalde socialista de San Fernando de Henares (40.000 habitantes) hasta los 102.000 del dirigente popular de Las Rozas (69.000 habitantes). Este contrasta con el del alcalde de IU de Rivas-Vaciamadrid (65.000 habitantes) cuyo salario asciende a 60.000 euros. Se da el caso que el alcalde popular de Navalcarnero (17.000 habitantes) se ha subido el sueldo hasta igualarlo al del presidente del gobierno.

En la legislatura municipal que ahora comienza el caso más llamativo a nivel nacional ha sido el del dimitido alcalde socialista de Mijas, que tras subirse el suelo a 126.000 euros anuales se convirtió durante unos días en el edil mejor pagado de España, antes de que su partido le enviara a casa.

En Murcia, el caso más llamativo lo ha protagonizado Francisco Blaya, alcalde popular de Mazarrón, que se ha doblado el sueldo elevándolo a 7.000 euros mensuales (84.000 anuales), inferior sólo en cuatrocientos euros mensuales que el que percibe el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero (89.000 anuales). Blaya cobra más que los ministros y los dos vicepresidentes del Gobierno de España, siendo Mazarrón el segundo municipio murciano, tras San Javier, con mayor impuestos a sus ciudadanos. Este escándalo ha sido criticado duramente por IU, mientras que, por su parte, el PP ha criticado la subida en un 70 por ciento del sueldo del alcalde socialista de Campos del Ríos, alcanzando los 40.000 euros anuales, en un municipio con tan sólo dos mil habitantes.

Por su parte, el alcalde popular de Murcia, Miguel Ángel Cámara, mantiene el sueldo similar al de un consejero del gobierno regional, establecido en 72.000 euros anuales, mientras que el de sus ediles de gobierno con dedicación exclusiva también sigue asimilado al de un secretario general autonómico, 63.000 euros, y los dos concejales populares que no la tienen cobrarán 45.000 euros. Los portavoces de la oposición, sin embargo han visto reducido en 12.000 euros anuales su sueldo, al serle asimilado al de un diputado regional, establecido en 51.000 euros anuales. Los concejales no liberados de la oposición percibirán 400 euros por asistencia a comisiones informativas y 500 por asistencia a plenos, lo que significará como mínimo unos 900 euros mensuales.

El alcalde de Yecla cobra 58.000 euros anuales y el portavoz municipal, 43.600 euros.

El nuevo alcalde socialista de Beniel se ha reducido el sueldo a la mitad.

El presidente de la comunidad murciana cobra 78.791 euros anuales, al igual que su homólogos de Valencia, Madrid, de Castilla La Mancha, Castilla y León, Navarra o Andalucía. Con sueldos superiores se encuentran el de Galicia, con 83.864 euros anuales; el de Aragón, con 85.847; País Vasco, con 90.000 euros. Por debajo se encuentran los sueldos de los presidentes cántabro (66.000 euros) y riojano (60.000 euros). Los estatutos de los presidentes catalán, gallego, andaluz y extremeño contemplan pensiones vitalicias.