18 de junio de 2007

Impunidad

Trece años han pasado desde que se produjese el terrible incendio de Moratalla. Durante casi una semana, todos estuvimos con el corazón encogido: prácticamente, desde cualquier punto de la comarca se podía ver el humo delator de aquella horrible tragedia; aunque, no era necesario, las noticias eran suficientemente elocuentes sobre la magnitud del desastre. Con posterioridad, tras ser pasto del fuego, algunos enclaves pasaron a convertirse en pasto de ladrones sin escrúpulos.

Es el caso de El Chopillo. En esta finca, comenzó a fraguarse el mayor robo de agua del que se tengan noticias en nuestra región. Después del incendio, con subvenciones europeas destinadas a zonas donde ya se hubiese cultivado, se llevaron a cabo plantaciones de nogales y acebuche con riego por goteo. Al albor de esta primera y gravísima infracción, comenzaron a abrirse pozos por doquier en la citada finca. Suponía el comienzo de un inmoral negocio, cuyo entramado fue suficientemente explicado, en su día, desde medios como Interviú, El País o Línea 900 de TVE. De aquellas explicaciones, producto de una importante labor de periodismo de investigación, se deducía que el agua que se estaba extrayendo de este lugar iba a parar, por conducciones variopintas, incluido el propio cauce del Segura, a destinos lejanos situados en la costa murciana y alicantina. De toda la información, que entonces nos suministraron, destacaba por su grado de virulencia, el hecho de que se estuviesen produciendo amenazas físicas contra aquellas personas que, conociendo de primera mano lo que estaba ocurriendo, denunciaron la existencia de tan abominable situación. La sospecha más trágica, que en su momento desvelaron estos medios, es la de la muerte en accidente de tráfico, con indicios de una previa manipulación de su vehículo, de una funcionaria de la Confederación Hidrográfica del Segura, que perdió la vida, junto a su marido y su hijo, cuando iban a entregar en la Fiscalía de Madrid las pruebas de una trama mafiosa, compuesta por 22 empresas, que explotaba pozos ilegales; pruebas, todas ellas, sobre irregularidades en la concesión de permisos. El caso, hubo de ser trasladado a Madrid, puesto que el grado de implicación, directa o indirecta, de personas procedentes de todos los estamentos institucionales de la Región de Murcia, era de tal magnitud que, dicho traslado, se convirtió en una imperiosa necesidad para poder seguir avanzando por la senda que desenmascarase a los culpables de aquel robo. Posteriormente, mediante argucias judiciales, el caso vuelve a nuestra región y, tras un largo período durante el cual todo parecía en punto muerto, el pasado 7 de junio, aparece publicada en prensa la siguiente noticia: “El Juzgado de Instrucción número Cinco de Murcia ha acordado el sobreseimiento de las actuaciones iniciadas, hace ahora seis años, a instancias del fiscal, contra los propietarios de la finca El Chopillo”.

Ante semejante panorama, considerando el grado de impunidad con el que se vienen ejecutando todo tipo de proyectos urbanísticos en nuestra región, arrasando espacios naturales, el futuro se presenta muy oscuro, el “aquí vale todo” cobra su máximo protagonismo: la Justicia se inhibe, los ciudadanos hemos vuelto a apostar por un modelo socio-económico que ampara la especulación, que se aparta de un desarrollo sostenible y ordenado; el margen para el optimismo se estrecha a marchas forzadas; sin embargo, el futuro nos empuja a seguir moviéndonos en ese margen, por estrecho que parezca, para no caer ni en la desidia ni en el abandono, nuestros hijos no merecen hacer tal dejación de nuestras responsabilidades morales. Muchas gracias.

Carmen García Camacho

1 comentario:

Javier dijo...

Carlos:
Has expuesto un caso flagrante de extraña inhibición, de los muchos que ocurren y se dictan en esta España que cada día me duele más.
Pero nos hemos olvidado de una cosa muy importante y que no debemos perder de vista jamás. Los jueces y juezas, son personas y, como tales, sujetos a las mismas "miserias" que el resto de los mortales.
Por eso, la ecuanimidad y la imparcialidad de los jueces y magistrados, unidas de la mano, ocurrirán en la mayoría de las ocasiones, pero en otras, como ya se ha demostrado, no ocurrirá y con mucho pesar, además incurrirán en delito.
Por eso, por ser personas.
Lo que no hay que hacer es bajar la guardia y denunciar, aunque cueste mucho, a estos personajes con toga y puñetas que no cumplen los requisitos mínimos exigidos a este poder del Estado.

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